El proyecto de ley presentado por Bachelet, que contempla la despenalización del aborto en los supuestos de violación, riesgo vital para la madre o inviolabilidad del feto llegará al Parlamento el segundo semestre para ser debatido.
Sin obviar que es un claro avance social cabe preguntarse si es suficiente. Sobre todo porque la no legalización del aborto libre implica considerar que aquellas mujeres para las que se está legislando no están capacitadas para decidir por sí mismas si quieren o no traer un hijo al mundo. Y eso es muy grave.
Veamos primero algunos datos sobre el aborto en Chile
Desde el año 1931 y hasta 1989 el aborto terapéutico estuvo consagrado en la legislación chilena. A finales de la década de los 80 la Junta Militar aprobó su derogación sin consulta popular y así quedó reflejado en la Constitución.
Art. 344: La mujer que causare su aborto o consintiere que otra persona se lo causara será castigada con presidio menor en su grado máximo.
Si lo hiciere por oculta su deshonra, incurrirá en una pena de presidio menor en su grado medio.
Hoy Chile es uno de los 34 países del mundo y de los 4 de América Latina donde el aborto está prohibido en todos sus supuestos.
Lejos de que esta situación prohibitoria arroje cifras bajas, se calcula que se practican unos 160.000 abortos ilegales al año en el país.
El método más usado para llevar a cabo la interrupción del embarazo clandestinamente es la ingesta de misoprostol, medicamento utilizado para la prevención y tratamiento de úlceras digestivas, ya que también provoca para la inducción del parto.
¿Cómo puede ser que un país democrático, que se considera a la cabeza de América Latina en materia social y de derechos, permita que se practiquen 160.000 abortos ilegales y siga estigmatizando a las mujeres que no quieren o no pueden ser madres en un momento determinado?
Les están robando la capacidad de decisión a las mujeres chilenas. ¿Acaso no son lo suficientemente inteligentes para saber si están preparadas, o si las condiciones en las que se encuentran son las adecuadas para ser madres?
En primer lugar falta educación sexual en el país. Falta información, falta romper el tabú y hablar más claramente de los métodos anticonceptivos y facilitarlos de forma gratuita si es necesario en centros habilitados para ello.
Y puede ser que, aún existiendo toda esa información y poniendo al alcance de los ciudadanos los métodos anticonceptivos necesarios, estos fallen. Porque no son implacables. O que llegado el momento la pasión haga que no se usen de la forma correcta.
Y nadie debería estar obligado a condicionar su vida por un error.
Ni las madres ni esos hijos no deseados que llegarían al mundo en muchos casos para que sus padres no les puedan brindar la estabilidad y el bienestar que merece cualquier ser humano.
¿O los que obligan a esa mujeres a parir les van a pasar una pensión mensual para que puedan atender de la forma correcta a sus hijos? ¿Los van a criar ellos acaso?
En vez de preocuparse tanto por un feto que todavía no siente ni padece, deberían preocuparse por los miles de niños que están en las calles, que pasan frío y hambre porque sus padres no estaban preparados para darles una vida digna y el estado no les permitió abortar.
También deberían preocuparse más por el trato dado a sus ciudadanas, indigno, a las que penan por elegir libremente lo que hacer con su vida.
Es el momento de dejar de tratar a las mujeres de este país como incompetentes y permitirles hacer uso de su autonomía como ciudadanas de un país libre y democrático.
La maternidad es un derecho, no una obligación.
Por A. Vallés
El Ciudadano
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