AES Gener-Termoeléctrica Campiche: Prácticas imperiales y soberanía

Antes que Barak Obama, el dirigente máximo del Imperio, llegara a Chile a dar lecciones de democracia y ética política a toda Latinoamérica, Wikileaks destapó otra olla (1). Las pomposas ceremonias de recepción piñerista a Barak Obama intentarán bajarle relieve político a las maniobras de manipulación de la voluntad popular del pueblo de Chile por un bouquet de políticos nacionales bajo la batuta del ex Embajador de EE.UU. en Santiago, durante el 2009.

Wikileaks continúa haciendo de las suyas: un trabajo de zapa de la legitimidad democrática de los representantes del Imperio y de toma de conciencia ciudadana del discurso falaz de sus máximos dirigentes.

No es extraño que en ningún titular con fin de consumo mediático se haya visto el sugestivo neologismo político «Campichegate», acuñado durante la era de «Tricky» Nixon (2), para bien dimensionar el alcance de la maniobra que desde las bambalinas dirigió la Embajada de EE.UU. con el diestro procónsul imperial en Chile, Paul Simons.

Este logró mover como peones en el tablero a ministros concertacionistas y sumar al proyecto de AES Gener a conspicuos representantes del gobierno actual. Y si no fuera por Wikileaks, los medios dominantes no hubieran indagado ni publicado la información que incrimina a la elite política binominal.

Demás está decir que las «diplomáticas» presiones con las cuales la Embajada de EE.UU en colusión con las más altas autoridades del gobierno Bachelet y miembros del actual gabinete piñerista impusieron los intereses de la empresa energética estadounidense AES Gener -por sobre la voluntad de la comunidad de Puchuncaví y de la Corte Suprema– son un golpe artero a las prácticas y a la retórica democráticas.

Yendo mas lejos. Son prácticas reñidas con las reglas que distinguen a un Estado de Derecho de un «Rogue State» (Estado «granuja» o «deshonesto» según la terminología usada por el Departamento de Estado de EE.UU. para catalogar gobiernos y estados en el contexto de la denominada guerra contra el terrorismo).

Para EE.UU, un «Rogue State» es un país que no se pliega totalmente a su voluntad hegemónica, pero en este caso la figura nos enseña que son las prácticas de tipo imperial las que convierten a un Estado en granuja y deshonesto…. con su propio pueblo y lo que es peor, con ayuda de sus gobernantes y autoridades. Y no exageramos.

La operación contra la soberanía nacional (la normativa ambiental del país fue amañada; el fallo de la Suprema burlado) fue llevada a cabo por las mismas autoridades encargadas de ejercerla. En otras palabras, la Presidenta de Chile M. Bachelet por medio del Decreto Supremo 68 cambió la norma ambiental vigente (decretó uso industrial de tierras antes designadas para áreas verdes) que protegía a la comunidad de la construcción de la termoeléctrica estadounidense y de su impacto en desmedro de la calidad de vida medioambiental de los ciudadanos chilenos (3).

Hoy sabemos lo que para EE.UU. significa «defender los valores de la libre empresa»: libertad total para utilizar todos los medios deshonestos, poco importa si para tal efecto hay que cambiar las leyes de un país para alcanzar sus fines. Y cuando Arturo Valenzuela, el hombre de Obama para Latinoamérica, exige «seguridad jurídica para las inversiones (4)», esto quiere decir «keep the pressure» (5): mantener la presión sobre las autoridades de un país para lograr el cambio de las normativas legales con el objetivo de satisfacer los intereses de las empresas norteamericanas. Presión sí. Y quién sabe si dádivas también. Como cargos en instituciones internacionales. Así se estila en las grandes ligas del Imperio.

Según revelaciones de Wikileaks, una carta de Gary Locke, ministro de Comercio de EE.UU, dirigida a su Embajador en Chile, Paul Simons, que éste a su vez envió a Marcos Robledo, asesor internacional de la presidencia, quien se comprometió a entregársela a la ex presidenta Bachelet, puso en marcha el prosaico dispositivo político de tráfico de influencias y presiones con miras a satisfacer el lucrativo proyecto de la multinacional energética norteamericana AES Gener-Central Termoeléctrica Campiche.

La misiva que sería interpretada como una orden perentoria de Washington para resolver a favor de la multinacional llegaría como por un tubo a los ministros de la época: al del Interior Edmundo Pérez Yoma, de Energía Marcelo Tokman, del Medio Ambiente Ana Lía Uriarte y de Vivienda Patricia Poblete, además del jefe de la Comisión Nacional de Medio Ambiente, Álvaro Sapag. Un ramillete de concertacionistas al que se agregaría a fines de 2009, como consejeros legales de AES Gener, el estudio Bofill, Mir & Álvarez, Hinzpeter, Jana Abogados, del cual era socio nada menos que el actual ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter.

Nada de qué espantarse para el ministro de Energía Laurence Golborne. Son situaciones «normales» dentro de una estrategia energética (6).

La intervención de la Embajada de EE.UU y la obsecuencia de las elites políticas hegemónicas definen un estado de la situación imperante en el país, tan excesivamente real y concreto que parece ficción. Sin embargo, son los rasgos del régimen político realmente existente los que se dibujan en un escenario de aparente normalidad. Pero precisamente estos nítidos contornos y la realidad política subyacente configuran un sistema de fuerzas en una estructura social y económica que la izquierda consecuentemente democrática, antineoliberal, anticapitalista y ecologista tendría que poder cambiar.

Lo que dicho sea de modo estratégico, debería obligar a la Izquierda consecuente a dar un salto cualitativo en términos de ofensiva política para levantarse como alternativa de Gobierno en un país donde el sistema de alternancia binominal, es decir, la oposición oficial y el Gobierno juntos, son elementos del mismo dispositivo de poder sometido a la lógica imperial de padrinazgo de políticas económicas neoliberales y depredadoras en el plano ambiental.

Este hecho conocido gracias a las revelaciones de Wikileaks es ilustrativo no sólo de la miseria política chilena, sino de una realidad internacional: de aquello que llamamos formas imperialistas de hacer política. Es decir, prácticas reales de intervención en las naciones supuestamente soberanas por los funcionarios de las Embajadas de EE.UU. A las cuales se someten con beneplácito, sin ninguna razón de Estado aparente, las elites pro imperialistas locales. A esta red de instituciones globales y locales con su personal político adicto, y a los poderes e influencias difusas, Antonio Negri y Michael Hardt, en su obra del mismo nombre, la llaman Imperio.

Después de lo ocurrido en Túnez y Egipto sabemos que cuando el umbral de tolerancia alcanza un límite insuperable en la conciencia ciudadana, la frustración comienza a transmutarse en rebeldía ciudadana. Son estas situaciones las que se desatan hoy en Oriente Medio donde a las autocracias se las lleva el viento. Nada, pero nada indica que rebeliones ciudadanas no se vayan a llevar a gobiernos y a regímenes políticos parlamentarios oligárquicos (donde mandan unos pocos) ubicados en la pendiente de la corrupción de las prácticas políticas estatales como de las que estamos siendo testigos hoy en Chile.

Campiche tendría que ser más que una luz roja. Campiche es todo lo que la izquierda combate, denuncia y quiere cambiar. Porque es exactamente el modo de gobierno y gestión de los sectores dominantes de la política chilena. No tienen otro. La izquierda debe poner a AES Gener-Termoeléctrica Campiche en el debate nacional y explicar su visión: entre otros puntos que para ser ecologista y luchar por un medioambiente sano es necesario ser consecuentemente anticapitalista.

Por Leopoldo Lavín Mujica

NOTAS

(1) Nadie le exigirá a Barak Obama pedirle perdón al pueblo de Chile por los daños materiales y morales ocasionados por el apoyo del Gobierno de R. Nixon al Golpe Militar de Pinochet. Nadie puede creerle al Presidente de EE.UU. después de casi un siglo de hegemonía. Obama es un político prisionero de las estructuras de poder militar, político y económico de la potencia imperialista, acostumbrada a utilizar el doble rasero.

(2) Tricky, Jodido, Tramposo, era el apodo de Richard Nixon, el Presidente que junto con Kissinger (acusado de crímenes de guerra por los bombardeos en Cambodia en 1972) decidieron apoyar y financiar a golpistas chilenos para derrocar la democracia en Chile. Gate, sinónimo de escándalo político mayor y de operación política secreta que se destapan. Viene del escándalo del edificio Watergate donde Nixon ordenó instalar micrófonos para espiar a sus adversarios demócratas en Congreso.

(3) El fallo de la Corte Suprema decía en sustancia: «La eliminación ilegal de un uso de suelo para áreas verdes en una localidad afectada por la alta emisión de contaminantes provoca un menoscabo evidente al entorno en que viven los recurrentes, vulnerando su derecho constitucional a vivir en un medio ambiente libre de contaminación –decía la sentencia de junio de 2009.»

(4) Fueron las exigencias de A. Valenzuela a Argentina cuando trabajadores argentinos de la industria Kraft ocuparon las instalaciones de la multinacional estadunidense. En abierta crítica al gobierno de Cristina Fernández por no reprimir las movilizaciones obreras.

(5) Fue la expresión utilizada por el Presidente Richard Nixon (Tricky) en 1970 para ordenarle a Kissinger usar todos los medios para complotar y derrocar al Presidente Salvador Allende.

(6) Houssein y Rodrigo Alarcón, periodistas de radio.uchile.cl, escriben:

«Lo que el secretario de Estado (Laurence Golborne) no mencionó es que la empresa sumó recientemente un nuevo ‘santo en la corte’: el actual subsecretario de Energía, Sergio del Campo, fue desde 2002 y hasta asumir el cargo en febrero de 2011, gerente general de Eléctrica Guacolda, empresa que opera la termoeléctrica del mismo nombre, y que también es una filial de AES Gener».