Alianza de gobierno: bases para un horizonte político común

Por Francisco Arellano Rojas

El resultado del plebiscito constitucional golpeó duramente a la alianza de gobierno. En muchos sentidos, el objetivo de aprobar y luego implementar la primera Constitución escrita democráticamente en Chile respondía con abundancia al ¿para qué? de la alianza entre el Frente Amplio, Socialismo Democrático y el Partido Comunista. El triunfo del rechazo desnudó el todavía débil marco ideológico común y proyecto político compartido por quienes hoy asumimos la conducción del Estado.

¿Y el programa? Si bien el programa de gobierno como conjunto de medidas y compromisos concretos compartidos por los partidos de gobierno es una base, parece claro a este punto que es insuficiente para resolver los desafíos de responder a los cambios y desafíos del escenario político, como el alza del costo de la vida, la crisis de seguridad y el propio resultado del plebiscito.

Si bien definir un marco ideológico y proyecto político común es básico para toda alianza política que busque ser más que un pacto electoral, el actual ascenso de la ultraderecha nos interpela a todas las fuerzas del progresismo y la izquierda a construir estas definiciones fundamentales para orientar nuestra acción conjunta y evitar que la desconfianza y el miedo allane el camino para soluciones autoritarias. No hay espacio para el camino propio. En lo que sigue, ofrezco lo que podría ser una base para empezar a construir dicho acuerdo.

El punto de partida para construir una acción política articulada es compartir, al menos, un diagnóstico general sobre el momento político que vivimos. Para ello, relatos y vulgatas que abundan tanto en Socialismo Democrático como Apruebo Dignidad dificultan dicho entendimiento y deben ser enfrentadas. Tan obtuso como no reconocer el impacto del crecimiento económico alcanzado durante los últimos treinta años en la mejora de las condiciones materiales de las personas, es obviar que el mercado de los derechos sociales creó nuevas desigualdades y dolores que hoy agobian y movilizan a la ciudadanía. Tan cerrado como no valorar los avances democráticos que con dificultad y esfuerzo se lograron desde el retorno de la democracia y las posibilidades que a partir de ellos se han abierto, es hacer vista gorda que intereses económicos contrarios a los cambios tendieron sus propias redes dentro de los partidos del progresismo, bloqueando desde dentro nuevos procesos de cambio. Tan mezquino como no ver la diversidad interna que existió en la Concertación y los genuinos esfuerzos que individuos y grupos hicieron por lograr mayores avances, es perder de vista el aporte del Frente Amplio y del Partido Comunista en reconstruir el vínculo con los movimientos sociales y (re)poner el Estado social y los derechos sociales como horizonte para la izquierda. 

En una perspectiva y reconocimientos de estas características es posible, me parece, fijar un horizonte común. ¿Y cuál podría ser ese? El objetivo primordial debería ser construir un verdadero Estado social de derechos. Hoy eso significa, en negativo, desarmar los bloqueos, amarres, instituciones e intereses que construyó el Estado neoliberal para lucrar con los derechos sociales. Dicho horizonte permite mirar bajo un prisma común las actuales reformas de gobierno. La gradualidad debe ser siempre un puntal de todo proceso de transformación exitoso. Pero no por ello debemos perder de vista la necesidad de avanzar en una dirección: aquella que permita la construcción de una provisión pública de los servicios sociales cuyo fin sea tanto cuidar como empoderar a la ciudadanía. Un acuerdo claro sobre esto, permite fijar una estrategia común tanto para priorizar reformas, cómo definir su gradualidad, sentando las bases para un horizonte político común. Un acuerdo de estas características implicaría renunciar a dos “extremos”: tanto la idea de que tras el plebiscito se debe abandonar el horizonte de las reformas, como la exigencia de implementar las reformas del programa sin considerar los cambios en el escenario y las urgencias que demanda la ciudadanía. Necesitamos una priorización política que sea coherente para todas las fuerzas que componen la alianza.

Este objetivo de abrir espacio legal e institucional para un Estado social de derechos, debe venir de la mano de un proceso progresivo de promover y proveer que la ciudadanía experimente los derechos sociales universales en su vida cotidiana. Un aprendizaje necesario del proceso constituyente es que si bien la Constitución 2022 recogía el horizonte de un Estado social y democrático de derechos, este proyecto está a años luz de la experiencia cotidiana de una población que por 50 años ha vivido el saqueo y debilitamiento de lo público. Un verdadero Estado social no se parece casi en nada a la realidad de lo público en Chile hoy en día. Al contrario, en todo lo que tiene que ver con los derechos sociales -como educación, salud, pensiones, vivienda-, la propiedad se ha convertido en la única seguridad al tener que “rascarse cada uno con sus propias uñas”. Expresado en la paradojal demanda de que el derecho a la vivienda fuera “digna y propia”, nos plantea el desafío de elaborar una senda de transformaciones que, sin abandonar su horizonte estructural, dialogue con la cultura de supervivencia individual a la que, querámoslo o no, todos los que vivimos en Chile hemos debido acostumbrarnos y que ha construido sus propios relatos de éxito y realización. Este es un sentido común que, para poder disputar, debemos partir por reconocer.

Por ello me parece que un segundo objetivo compartido debiese ser construir experiencias de lo público que, si bien parciales, sean satisfactorias y significativas para la población. Y aquí no es necesario inventar la rueda. Existen experiencias de los gobiernos anteriores que van en esta dirección, como el programa “Chile crece contigo” de la Presidenta Bachelet, que ofrece acompañamiento y apoyo a la gestación y la primera infancia desde lo público. También hay experiencias en la memoria de la izquierda como el plan de entregar medio litro de leche al día a toda niña y niño del Presidente Allende. ¿Cuáles podrían ser sus símiles hoy? ¿Podría, por ejemplo, el Estado ofrecer un diagnóstico psicológico y psiquiátrico gratuito a toda persona que lo necesite, sin importar su origen y condición? Una agenda de estas características permitiría que las y los chilenos empecemos a vivir y reproducir nuestras vidas en un contexto de progresiva expansión de lo público, donde algunas dimensiones de la vida se resuelvan en el sistema público y otras en el mercado. Así, la discusión sobre los proyectos políticos ideológicos tendrían también un claro correlato en las experiencias vitales de las personas, pudiendo apreciar las fortalezas y debilidades de cada modelo.

Por último, un tercer pilar indispensable creo que debe ser una agenda contra los abusos y por una participación incidente de la ciudadanía. El hastío de la política actual ya colinda con la posibilidad misma de que exista política democrática y, sin ella, todos estos horizontes y objetivos no serán más que relatos de ciencia ficción. El gobierno y los partidos políticos que lo apoyamos debemos dar señales fuertes a la población de qué se están produciendo cambios en la cultura política que culminó en el estallido social. La rebaja de los sueldos, políticas claras de nombramientos de cargos, la transparencia activa, la rendición de cuenta, junto con instancias en que la ciudadanía pueda activamente tomar parte de las decisiones del Estado son indispensables para construir confianza en la democracia. Es cierto que se han hecho cosas, pero en la práctica han sido insuficientes para contrarrestar el daño acumulado y la agresiva agenda de quienes buscan profundizar la brecha.

Construir un marco común de estas características es un imperativo político para todas las fuerzas comprometidas con las transformaciones democráticas. El resultado del plebiscito fue un golpe duro, pero la gran mayoría de la población sigue en búsqueda de cambios, como lo muestra el hecho de que la campaña oficial del rechazo tuviera que esconder a los rostros de la derecha dura, ser encabezada figuras independientes cercanas al progresismo y prometer también una nueva Constitución. El desafío de dotar de proyecto político a la actual alianza de gobierno es hoy posible, también, porque los propios actores no somos los mismos que hace una década. Quienes venimos de la generación 2011 hemos aprendido las complejidades y contradicciones que acarrea la administración estatal, mientras quienes encabezan los partidos del Socialismo Democrático no son ya su generación fundadora, y se observan liderazgos conscientes de que no basta con los recetarios y fórmulas de la transición. Un marco político de estas características, puede incluso ser la base para una ampliación política y no solo electoral de la alianza, ante el objetivo común de detener a la extrema derecha. Es el momento de imaginar un Frente Popular para los desafíos del siglo XXI. Hoy contamos con el gobierno y una acción decidida y firme a partir de los lineamientos aquí propuestos puede sentar las bases para un nuevo ciclo político, que consolide en el mediano plazo un Estado y una sociedad democrática y de derechos. Esto recién comienza.

Por Francisco Arellano Rojas

Militante Partido Comunes