Allanamientos en Villa Francia: Una huella política alarmante

Por Hugo Catalán, Codepu

Se le atribuye a Mark Twain la frase «la historia nunca se repite, pero muchas veces rima». Una frase que tiene múltiples encajes en los acontecimientos sociales, y que para lo que pretendemos comentar, se ajusta.

El sábado 6 de julio se realizaron una serie de allanamientos en distintas comunas de la región Metropolitana dejando 15 detenidos, y una serie de objetos que evidenciaban el propósito subversivo de los retenidos. Entre los allanamientos, llamó especialmente la atención los acontecidos en Villa Francia, en dos espacios significativos para el mundo comunitario: Comedor Popular Luisa Toledo y Radio Villa Francia. En este último, se encontraban pernoctando 9 estudiantes de la V Región que asistirían a la segunda conmemoración de la muerte de la destacada luchadora Luisa Toledo. La indagación periodística ha señalado que el recinto donde funciona la radio había estado desocupado por varios días, carabineros conocía que existía un supuesto escondrijo, pero al parecer se quiso esperar a que el establecimiento se encontrara ocupado para realizar la redada, con el resultado que ha sido ampliamente difundido.

El despliegue comunicacional, las circunstancias  y la fecha elegida para el operativo nos recuerda aquel sábado 14 de agosto de 2010  en que se desplegó un numeroso contingente policial, y mediático, denominado Operación Salamandra. De aquel proceso voy a extractar los antecedentes que tuvimos a la vista(*): “en marzo de 2010… distintas explosiones se agregaban a la carpeta investigativa sin resultados claros. Unos meses después de asumida la nueva administración de derecha, en junio, el ministro del interior, Rodrigo Hinzpeter, envía un poderoso recado al Ministerio Público: “No podemos acostumbrarnos a vivir en un país en que se pongan bombas”.  Al día siguiente Sabas Chahuán –en ese entonces Fiscal Nacional- traspasa la investigación de la Fiscalía Oriente y nombra a Alejandro Peña Ceballos, Fiscalía Sur, como el encargado de establecer responsabilidades. La espectacularidad de todo este proceso fue en medio de un gran despliegue comunicacional, fue evidente la operación político procesal que antecedía a probables resultados, pues un efectista fiscal como Peña no dejaría que su nueva designación no tuviera imputados”. Ese fue el núcleo político de aquella operación que dejó a 14 detenidos por varios meses, de los cuales 9 fueron posteriormente declarados inocentes y que implicó, a la larga, un fracaso para una gestión criminalizadora que hasta hoy se señala como ejemplo del esfuerzo de los entes persecutores del estado por responder a expectativas de control de seguridad pública.

Es aquí que aquello de la rima adquiere un dramático sentido. 14 años después, en una coyuntura histórica totalmente distante de aquella, en que no es un gobierno de derecha -los actores políticos se declaran en las antípodas- que aparece una operación que nuevamente instala los resultados como urgencia, y se centra en la posibilidad de identificar a las disidencias políticas como potenciales enemigos del orden, que de acuerdo con los antecedentes conocidos, se sostienen en una serie de contradicciones discursivas, procedimientos policiales que requieren investigarse y  especulaciones asentadas en una campaña comunicacional que alienta el señalamiento del enemigo.

Doblemente complejo, pues se supone -lo señalaremos en condicional- este es un gobierno que proviene de una tradición sensible en la perspectiva de los derechos humanos, y son sus personeros los que apoyan y avalan esta operación. Del mismo modo como hace 14 años el ministro del interior del gobierno de Piñera presionaba al Ministerio Público por resultados, en estos días la ministra de interior Carolina Toha ha señalado “es un golpe policial que queremos felicitar, que es muy valioso y que va a ayudar a que este tipo de acciones se vean más inhibidas en el futuro«.

Hoy la urgencia es denunciar esta operación como lo que es, un intento del Estado por criminalizar la disidencia, en un contexto de alarma social por el tema de la seguridad pública, parece complejo romper el cerco comunicacional y político en torno de esta operación, que al parecer tiene visos de montaje, no está claro la consecución de hechos que dieron los resultados, se han denunciado inconsistencias fácticas que en un primer momento dieron sentido al tribunal de garantía que decretó ilegales las detenciones, pero que en esta última jornada la Corte de Apelaciones retrotrajo y decretó la prisión preventiva de todos los aprehendidos.

Pero va dejando una huella política alarmante, si en un contexto en que existen actores políticos que pudieran estar sensibles a los reclamos de las incoherencias de esta operación, no son capaces de romper el cerco, con el aumento de normas que se han agregado al arsenal punitivo del estado, qué debemos esperar para otro gobierno que abiertamente persiga la disidencia.

Al parecer esta rima suena a una prueba, una advertencia incluso, hoy el estado y sus agentes están mejor preparados operativamente, pero además con una mayor red de normas que les permite acometer contra todos aquellos que se identifiquen con discursos y acciones disruptivas.