América Latina: una olla a presión a punto de estallar

El final de año muestra -según la Cepal– que sigue creciendo el malestar ciudadano en la región como ya se observó en las protestas sociales de 2021 en Perú, Brasil y Colombia y ahora en Ecuador. Muchas de ellas, relacionadas directamente con los efectos económicas y sociales de la pandemia global pero también con crisis en los sistemas de partidos políticos y una crítica creciente al modelo económico en su conjunto, en medio del escándalo de los “Pandora papers”.

A lo que se suma -afirma la Cepal- la imperiosa necesidad de transitar hacia un modelo de desarrollo sostenible, donde casi se han normalizado las embestidas cada vez más frecuentes de los desastres de origen climático, la emergencia de nuevos flujos migratorios, los impactos de las nuevas tecnologías en todos los ámbitos comenzando por las relaciones sociales de las personas, así como viejos fantasmas relacionados con la pobreza, la desigualdad y la discriminación fuertemente construida en una cultura del privilegio.

Esto ha llevado a varios cientistas políticos a definir a América del Sur como la “periferia convulsionada”. En síntesis, estamos en una “olla a presión” que se seguirá calentando durante el año 2022 por factores socioeconómicos, debilidades político-institucionales y fracturas sociales. En ese complejo escenario social sólo cabe esperar que sigan surgiendo nuevos desafíos a la capacidad de control de los gobiernos. El fantasma y el miedo a la inestabilidad y la ingobernabilidad ha sido usado como propaganda política por candidatos de posturas extremas. Se trata de problemáticas transversales que, en los casos en que recrudecen la violencia política y la represión policial, pueden poner en jaque la estabilidad regional en su conjunto.

Puedo señalar que la ocurrencia de varios estallidos sociales (Chile, Ecuador, Haití, y Colombia) cada vez se acerca a convertirse en una acción colectiva normal en nuestros países. Ante este contexto, Cepal propone un nuevo abordaje conceptual no hacia cualquier modelo de cohesión social a secas, sino hacia una cohesión social democrática y orientada a la igualdad. De esa visión se deduce una agenda de políticas cuya relevancia radica en su incidencia directa e indirecta sobre la cohesión social que se busca impulsar.

Recordemos para afirmar lo señalado lo que estamos viviendo en la región. En Brasil, una comisión del Senado aprobó el 26 de octubre un informe que recomienda inculpar a Jair Bolsonaro de graves delitos como “crímenes contra la humanidad” por la gestión de la pandemia y pidió suspender el acceso del Presidente a sus cuentas en redes sociales por citar información falsa sobre el Covid. Anteriormente, entre del 22 al 28 de agosto, seis mil indígenas se plantaron en la explanada de los ministerios, en Brasilia, en protesta contra el gobierno bajo la consigna “Lucha por la vida”.

En Ecuador, Daniel Pontón, decano de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN) sostuvo que este país carece de “una respuesta contundente frente a un problema mayor, que es la penetración del crimen organizado transnacional”. En las últimas semanas Ecuador vive un incremento del narcotráfico, cientos de muertos en las cárceles y un gobierno acosado por el malestar de una población empobrecida por la pandemia. Los movimientos sociales e indígenas exigen el congelamiento de los precios tras alzas mensuales desde 2020. Para muchos expertos Ecuador vuelve a mirar al abismo de la inestabilidad. De hecho, el 26 de octubre grupos indígenas bloquearon carreteras en varios puntos del país. Además, el presidente Guillermo Lasso, con recién cinco meses en el poder, enfrenta además una investigación en el Congreso, donde no tiene mayoría, por los “Pandora Papers” que revelaron cómo presuntamente ocultó activos en paraísos fiscales.

En Bolivia, el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, sostuvo que sectores de la derecha radical han puesto en marcha un plan para desestabilizar al gobierno de Luis Arce. Lo anterior en medio de un conflicto por las tomas y retomas de la sede de la Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz (Adepcoca). Esto en medio de enfrentamientos entre cocaleros que cuestionan a la nueva directiva, entre el uso de explosivos y la respuesta policial con gases lacrimógenos. Los manifestantes protestan contra la proclamación de Arnold Alanez como dirigente de Adepcoca con el aval del Gobierno de Luis Arce.

En Perú, el 6 de octubre, la tribu Awajún, uno de los pueblos indígenas que acató el paro contra las petroleras, tomó la estación 5 del Oleoducto Norperuano, en el departamento norteño Loreto, el mayor del país. Las tribus que se están movilizando tienen entre sus demandas a la compañía que se cumpla con el “Plan de Cierre de Brechas en servicios básicos para la población en un plazo no menor de cinco años”. Los líderes demandan la presencia del presidente Pedro Castillo para que asuma un compromiso con las organizaciones indígenas. Por otro lado, la Fiscalía de Perú presentó una denuncia constitucional contra el expresidente Manuel Merino y los exministros Antero Flores-Aráoz y Gastón Rodríguez por la muerte de dos manifestantes durante las protestas suscitadas en noviembre de 2020.

En Argentina, la difícil situación económica, hizo que la calificadora de riesgos MSCI considerara al país un “caso único”, junto a Líbano, Palestina o Botsuana, como el único país americano más pobre que hace un siglo.

Por ende, se debe dejar en claro que nuestro país sigue siendo parte de la “olla a presión” latinoamericana. Por ende, un nuevo estallido social no puede ser visto como “un cisne negro”, teoría desarrollada por el filósofo e investigador libanés Nassim Nicholas Taleb en 2008 que es una metáfora que describe un suceso inesperado y de gran impacto.

En diferentes seminarios y cursos en el ámbito académico se ha discutido y reflexionado en que el malestar ciudadano en Chile persiste porque la Convención Constitucional dio solución política al estallido, pero la demanda económico-social no ha sido resuelta. Es decir, la salida política (acuerdo del 15 de noviembre, elaboración de una propuesta para llevar a cabo el plebiscito para una nueva Constitución) sólo resuelve una parte del conflicto, pero no logra responder a la demanda original que es una demanda económico-social. Un nuevo estallido dependería de cómo se manejen los tiempos, en la capacidad de conducción y de liderar políticamente y en la fortaleza institucional, lo que justo está cuestionado en estas elecciones presidenciales. No se ven buenas válvulas ni en Chile ni en América Latina que permitan regular el vapor contenido.

Por Sergio Salinas Cañas