Amnistía se pronuncia ante el aplazamiento de la votación por la despenalización de aborto

Chile no protege a las mujeres y niñas

El día de ayer la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados decidió aplazar la votación en general del proyecto de ley que busca despenalizar el aborto en tres causales. Se señaló que se necesitaba más tiempo para la discusión, para escuchar más opiniones y para poder “negociar” de manera transparente el texto del proyecto. Por supuesto que es importante que proyectos complejos como éste se debatan de manera amplia y se escuche la mayor cantidad de opiniones. Pero hay un elemento fundamental con el que no es posible “negociar”: la criminalización del aborto es contraria a los derechos humanos.

Que las mujeres no puedan decidir de manera autónoma si continúan o no con el embarazo, ni siquiera cuando su vida o salud está en peligro; cuando el feto no podrá sobrevivir fuera del útero o cuando han sido violadas, implica negarles la protección que ellas necesitan en momentos tan difíciles como éstos. Lo anterior, afecta directamente su derecho a la vida, a su salud, a su libertad personal, a su privacidad, a un debido proceso, entre otros. Obligarlas a continuar su embarazo en estas condiciones y, más aún, amenazarlas con ir a la cárcel si abortaran, es equivalente a tortura: un trato cruel, inhumano o degradante que le impone el Estado.

Estas afirmaciones tienen un sustento legal: esa es la interpretación que los organismos competentes le han dado a los tratados internacionales de derechos humanos. Para dar el ejemplo más reciente, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, en sus recomendaciones finales al Estado de Chile tras su revisión periódica, emitidas en junio de este año, manifestó su preocupación porque sigue vigente la estricta prohibición del aborto, sin embargo vio favorable la discusión del proyecto de ley, y recomendó que se agilice la adopción de éste, garantizando su compatibilidad con derechos fundamentales como el de la salud y la vida de la mujer, y considerando la ampliación de las circunstancias permitidas.

Estas interpretaciones se basan en el reconocimiento de la realidad que viven las mujeres y las niñas en estas circunstancias. Con la legislación chilena las mujeres y niñas que se enfrentan a esta situación quedan completamente desprotegidas, dado que los y las profesionales de la salud no pueden proporcionar genuinamente toda la información y todas las alternativas por temor a ser criminalizados/as también. Y así, se dan múltiples ejemplos.

Una mujer con un embarazo ectópico es obligada a esperar a que exista un riesgo inminente para su vida y ser operada de urgencia, por temor a que intervenirla tempranamente sea considerado un aborto punible. Una mujer con cáncer que queda embarazada es amenazada por su propio médico tratante con ser denunciada si aborta, viéndose enfrentada a sólo dos alternativas dentro de la legalidad: continuar su tratamiento contra el cáncer, arriesgando su embarazo, o bien suspender dicho tratamiento para continuar su embarazo, arriesgando su vida. Una mujer con un embarazo inviable que toma la difícil decisión de no continuar el embarazo en esas condiciones se ve obligada a gastar sus ahorros y reunir fondos a través de las redes sociales para poder costear un viaje al extranjero, a un país donde el aborto en ese caso sea legal, lejos de su familia y sus redes de apoyo. Una mujer violada enfrenta su situación completamente sola y atemorizada, sin posibilidad de decidir libremente cómo quiere afrontar su situación.

Todos los ejemplos descritos en el párrafo anterior están basados en casos reales. Son mujeres que han enfrentado esa situación y que dieron su testimonio a Amnistía Internacional, que han querido compartir su experiencia para mostrar los efectos que tuvo la legislación chilena en sus vidas y apoyar la necesidad de modificarla. Son mujeres como ellas las que deben seguir esperando a que el Congreso Nacional “negocie” y decida darles protección.

La legislación debe reconocer a las mujeres como sujetas de derechos y capaces de tomar decisiones por sí mismas, que el embarazo las afecta principalmente a ellas y que, por tanto, la decisión de continuar o no dicho embarazo en estos casos debe ser de ellas. Negarles esta posibilidad implica dejarlas desprotegidas y solas. El Estado en este escenario no puede imponer una sola solución a todas las mujeres, sino que debe  cumplir dos roles: entregarle a la mujer toda la información que necesite para que tome una decisión libre e informada, y luego proporcionarle todos los servicios que esa mujer requiera para poder ejecutar su decisión, sea que decida continuar su embarazo o interrumpirlo.

Regular el aborto, al menos en estas tres causales, es un imperativo de derechos humanos y es un compromiso con la vida y salud de las mujeres y niñas.

*la autora es Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional Chile.