Después del desaire de los presidentes de partidos de la Concertación a la invitación del Presidente de la República, no tardaron en escucharse los reproches de los ex reyezuelos de la democracia así como las disculpas públicas y privadas de los actuales cortesanos. De las liturgias colectivas se dio paso a las confesiones individuales.
En un contexto donde el debate está puesto en realizar un plebiscito vinculante para resolver la crisis de la educación en todos sus niveles, con el objeto de que la ciudadanía pueda expresar sus preferencias por el tipo de educación que quiere para su país, las recientes declaraciones del presidente de la DC, Ignacio Walker, tras la reunión con el comité político de La Moneda (Chadwick, Hinzpeter y Larroulet) constituyen la expresión desnuda del interés de reeditar el pacto por arriba de la élite política, si consideramos que en dicho encuentro se expusieron tres prioridades: “primero, una agenda social contra la desigualdad y el abuso; segundo, un nuevo pacto fiscal que requiere una reforma tributaria para financiar esa agenda social”, y por último, “un nuevo pacto constitucional que signifique más y mejor democracia, dar con una nueva institucionalidad” [1].
En una línea similar el propio vocero de gobierno, Andrés Chadwick, señaló que “valora la mesa de trabajo (sobre el problema de la educación) pero descarta la opción de plebiscito”. Para sentenciar que “cualquier modificación constitucional hoy día, en la eventualidad de ponernos de acuerdo, y que se llegue a materializar, va a requerir un largo tiempo, necesario e indispensable para efectos de poder concretarse»[2].
Chile ha cambiado, pero pareciera que los mapas mentales de la actual clase política no pueden dar con los cambios en los consensos fundamentales que le dieron sentido a la transición y a su legitimidad como coordinadores de la toma de decisiones de interés público. Las reservas de legitimidad se fueron agotando en la medida en que las decisiones de élite política se distanciaban de los problemas de la gente. Muestra de ello es la tendencia permanente a la baja de los dos conglomerados en todas las encuestas. Por ello la “liturgia del pacto por arriba” se les hace aún más necesaria con el objeto de dar señales de cambio a partir de la vieja fórmula del “gatopardismo” para que nada cambie en lo fundamental.
Las movilizaciones contra el proyecto en ejecución de HidroAysén y las manifestaciones de los estudiantes no pueden ser entendidas como demandas estrictamente ambientalistas o gremialistas. Ambas constituyeron el catalizador de una serie de demandas específicas y malestares contra el tipo de orden actual en contexto en que el poder ejecutivo es la expresión misma de los sectores dominantes. De lo contrario no se podría explicar o entender el apoyo transversal, pasivo o activo, que han tenido estas movilizaciones.
Por ello la dificultad de encontrar una solución definitiva en el corto plazo que pueda satisfacer a todos los sectores involucrados en el conflicto social. En última instancia el problema no es exclusivamente técnico, económico, o jurídico. El problema es de envergadura re-fundacional, es decir sobre el fundamento mismo del tipo de sociedad y nación en la que queremos vivir. La crisis actual es la crisis de un ciclo histórico, de un tipo de Estado y su responsabilidad con su fundamento y entorno. Por ello una reforma parcial de la sociedad sin tocar sus ejes fundamentales podrá apagar una crisis en particular pero no podrá resolver los problemas estructurales que se expresarán una y otra vez, gobierno tras gobierno.
Si bien en el caso chileno las constituciones políticas “nunca [fueron] productos de una deliberación ciudadana, sino, siempre, imposición de una minoría organizada (…) Así ha ocurrido con las constituciones en 1833, 1891, 1925, 1980” (Salazar y Pinto, 1988: 82)[3]. Es posible consignar algunos intentos de experiencias constituyentes convocadas o auto-convocadas.
Entre estas experiencias se encuentra la asamblea constituyente de 1823, proceso liderado por el general independentista Ramón Freire y redactada por Juan Egaña. Constitución que finalmente no pudo ser aplicada por diversos motivos, entre los cuales se considera su fuerte carácter moralizante, pero también por la oposición de un influyente sector conservador. No obstante la figura de Ramón Freire pasó a la historia «como un militar con conciencia ciudadana y un liberal demócrata permanentemente preocupado de que la soberanía popular tuviera la mejor oportunidad para ejercer por sí misma su poder constituyente «(Salazar, 2005)[4].
Una segunda experiencia, menos institucional que la primera, puede encontrarse en la asamblea constituyente “auto-convocada” por los fundadores del radicalismo chileno en el año 1858, específicamente en el teatro municipal de Copiapó, con la intención de reformar la constitución portaliana de 1833. Evento que terminó con cárcel para una serie de empresarios y liderazgos federalistas como Manuel Antonio Matta, Ángel Custodio Gallo, Francisco Marín, Juan Arteaga Alemparte y Guillermo Matta (Collier y Sater, 1999)[5].
La tercera experiencia a considerar se encuentra en el proyecto de “Constitución para la República Federal Socialista de Chile” realizada de la Federación Obrera de Chile (Foch), la cual fue redactada por Luis Emilio Recabarren cuyo objetivo era ofrecer una propuesta “a modo de estudio y propaganda (…) un proyecto de lo que a nuestro juicio podría ser la NUEVA CONSTITUCION DE CHILE, que ojalá en todas partes haya quienes lo estudien y lo perfeccionen, para cuando la Federación Obrera de Chile tenga la suficiente capacidad, pueda hacerlo ley de la República”[6].
Hoy por hoy, el andamiaje constitucional vuelve a estar en cuestión. El mismo andamiaje liberal que ha logrado colocar al Estado una y otra vez al servicio de un sector en particular de la sociedad en desmedro de otros. Así la Constitución del ´80 se transforma progresivamente en el nuevo eje ordenador de la política chilena. Entre los defensores del «anciano régimen» y todos aquellos y aquellas que queremos un nuevo orden más justo, libre e igualitario.
Pero a diferencia de una serie de legítimas expresiones sociales que no han pasado de la demanda declarativa sobre la necesidad de una asamblea constituyente, hoy resulta necesario hacer de la experiencia constituyente un verbo, un proyecto político, en la línea de comenzar a definir la nueva constitución política de Chile tanto en lo programático, en lo orgánico y lo electoral. Los cálculos electorales o las concesiones de cupos más o menos de representación en el «anciano régimen» no pueden estar por sobre la demanda histórica de fundar un nuevo pacto con y para la ciudadanía. De lo contrario la liturgia de los «pactos por arriba» de la élite política seguirá siendo la constante durante el siglo XXI.
Desde el norte de Chile reivindicamos esta tradición constituyente que han tenido como denominador común el esfuerzo por construir de manera participativa un nuevo orden político desde abajo y desde los lados. Todas expresiones de que una nueva constitución es y será una conquista y no un regalo de los favorecidos con el “anciano régimen”.
“Un pueblo siempre tiene el derecho de revisar, reformar y cambiar su constitución. Una generación no puede someter a sus leyes a generaciones futuras”[7]. Constitución revolucionaria de 1873.
NOTAS:
[1] “Reformas políticas: gobierno destaca “agenda sin exclusión” tras cita con la DC”, en: La Nación. 8.8.11.
[2 ]“Educación: Chadwick valora mesa pero descarta opción de plebiscito”, en: La Nación. 12.8.11
[3] Gabriel Salazar y Julio Pinto (2002) Historia Contemporánea de Chile, Volúmenes I al V, Lom Ediciones, Santiago.
[4] Salazar, Gabriel (2005), Construcción de Estado en Chile (1800-1837). Editorial Sudamericana, Santiago.
[5] Collier, Simon y Sater, William (2005), Historia de Chile (1808-1994). Editorial Cambridge, Cambridgeshire.
[6] “Proyecto de Constitución para la República Federal Socialista de Chile”. Federación Obrera de Chile (Foch), Antofagasta, 1921. en: www.marxists.org/espanol/recabarren/1921.htm
[7] Corzón, Carlos (2006) “Abc de la Asamblea Constituyente”. Editorial Pecoz, Montevideo.
Por Cristian Jamett