Asamblea Constituyente pos Bachelet

Una de las grandes aspiraciones de la ciudadanía chilena es contar con una nueva Constitución Política, que sea resultado de un proceso deliberativo en que participen el conjunto de actores sociales y políticos presentes en la vida del país. Ese deseo democrático, empero, no ha logrado ser interpretado ni canalizado por los actores políticos que gobiernan Chile desde inicios de la posdictadura, pareciendo que no existen razones plausibles para abandonar los privilegios otorgados por el orden institucional fraguado durante la dictadura militar y los años que siguieron a la caída del general Pinochet.

A estas alturas, la mayor parte de los sectores sociales que experimentan los impactos de la aplicación de la Constitución de Pinochet, identifican que el origen de sus malestares radica precisamente en su permanencia y crecientemente se inclinan a creer que su reemplazo por un nuevo acuerdo constitucional es un requisito para la estabilidad institucional y la gobernabilidad.

Tras los escándalos de corrupción que sacuden a parte importante de la élite política y empresarial, ha quedado en evidencia para la mayoría social que se vive bajo un orden de privilegios para unos pocos, y donde los actores políticos han dejado de representar intereses sociales, quedando la convicción de que los esfuerzos por poner fin a los amarres de la dictadura y las falsas promesas de los gobiernos concertacionistas y posterior de la Nueva Mayoría, son inconducentes para alcanzar una democracia de derechos y niveles superiores de justicia social y libertad.

El inicio de las manifestaciones estudiantiles y ciudadanas en demanda de un nuevo orden institucional para Chile, que excede las reivindicaciones parciales levantadas en el inicio de la lucha democrática por el movimiento estudiantil en 2006, y que son herederas de la continuidad histórica antipinochetista, apuntan en una dirección cuyo centro está en la recuperación de la República y una nueva democracia con protagonismo cívico.

La sociedad civil y el conjunto del pueblo de Chile deberá enfrentar la descomposición del orden político con firmeza y generosidad, teniendo presente que alcanzar un gobierno representativo de la voluntad mayoritaria del pueblo y no de intereses político-partidistas o de clanes empresariales, será un camino que demandará trabajo, disciplina y valor. Asimismo, deberá estar alerta a los cantos de sirena que surgirán y llamarán a disfrutar de falsos diálogos y acuerdos para los cuales no existe voluntad pues los intereses están claramente en otros lados.

En consecuencia, deben darse una serie de pasos que hagan viable una estrategia ciudadana para recuperar el poder político gubernamental para la mayoría :

1. Constitución de una coalición democrática integrada por movimientos sociales regionales y locales, actores políticos no gubernamentales, organizaciones sociales, agrupaciones ciudadanas, que expresen una genuina voluntad de avanzar hacia un proceso de recuperación democrática y republicana, que se oponga al continuismo de los actuales gobernantes, y se proponga la conquista de un gobierno democrático.

2. Aquella coalición debe ser nacional, programática y constituyente. Ella debe conformarse en una plataforma o movimiento nacional que se avoque a tres tareas centrales: a) constitución de un partido o movimiento ciudadano democrático, que acoja a la diversidad social no representada en los partidos políticos del siglo pasado, así como establezca relaciones con los nuevos agrupamientos políticos que han surgido de la crisis que vive Chile, b) levantar un programa de gobierno con participación de la sociedad civil chilena que establezca acuerdos vinculantes para todos quienes se proyecten como líderes del mismo a nivel local, regional o nacional, y c) iniciar una campaña por la asamblea constituyente, cuya materialización deba expresarse una vez alcanzado el gobierno de transición hacia una democracia participativa, luego de los gobiernos de Concertación y Nueva Mayoría.

En este contexto, las palabras de la presidenta Bachelet, en su cuenta del 21 de mayo, respecto de que no habría nueva constitución vía asamblea constituyente sino a través de un proceso democrático, participativo e institucional, se transforman en una lápida a una sentida demanda social que se arrastra desde que el dictador impuso fraudulentamente su constitución, en 1980. Y se adelanta idea de que el Congreso Nacional podría cumplir roles constituyentes.

¿Porqué aceptar como válidas propuestas que se propongan desde el poder legislativo o ejecutivo, cuando la mayor parte de la ciudadanía ha perdido credibilidad y su legitimidad se encuentra severamente cuestionada? ¿Porqué aceptar transitar hacia un nuevo acuerdo sobre un proceso constituyente si las bases del sistema político están horadadas?

No existen condiciones ni garantías hoy para la ocurrencia de tan importantes procesos para el país. La asamblea constituyente o el formato que adopte la sociedad chilena para dotarse de un nuevo contrato social debe ser llevado adelante bajo nuevas condiciones de legalidad y legitimidad democráticas. De lo contrario, se corre el riesgo de prolongar la larga posdictadura y no cerrar el prolongado proceso de gobiernos al servicio de minorías nacionales y transnacionales.