La punta de lanza de la guerra total proyectada por el imperialismo y las fracciones de la oligarquía local contra el gobierno del presidente Evo Morales Ayma en el actual periodo histórico se concentra en una red de medios de comunicación y de vías virtuales de la Internet que articulan un amplio espectro de partidos opositores, grupos “ciudadanos”, comités cívicos y sectores sociales influidos ideológicamente, utilizando la mentira, el rumor, las medias verdades y otros recursos para conseguir el respaldo de la población y provocar conflictos y desestabilización política.
Esta guerra total consiste en el uso de todos los recursos económicos, técnicos, ideológicos, mediáticos, militares y psicológicos con la finalidad de crear condiciones para enfrentar o derrotar a quien se considera el enemigo político (los gobiernos nacionalistas, antiimperialistas y que impulsan la integración latinoamericana emancipadora) y su implementación ha sido diseñada por las oficinas de seguridad militar y hemisférica del gobierno norteamericano.
Sus acciones se desarrollan en un amplio espectro: desde la intervención militar externa o los golpes militares violentos (Irak, Libia o Siria), los golpes blandos (Paraguay, Brasil u Honduras), la desestabilización económica, mediática y de grupos mercenarios violentos (Venezuela o Cuba), hasta persecución judicial (Lula Da Silva) y campañas electorales y mediáticas manipuladas (Argentina, Colombia o Ecuador). Esta estrategia integral es llamada también “guerra total”, “guerra irrestricta”, “guerra de cuarta generación”, “guerra sucia” o “ablandamiento social y político”.
Desde 2015, después de más de una década de procesos de unidad de América Latina con gobiernos izquierdistas y antiimperialistas y de la muerte de Hugo Chávez, comenzó la sistemática acción de desestabilización y conspiración implementada por la embajada, servicios secretos y organizaciones no gubernamentales en coordinación con las burguesías y oligarquías locales, dueños de medios de comunicación, políticos neoliberales y conservadores, activistas y expertos en redes sociales e intelectuales orgánicos de las oligarquías.
En el caso boliviano, el inicio de las acciones desestabilizadoras fue en la campaña del referendo del 21 de febrero de 2016 en el que se consultaba acerca de la habilitación a una nueva candidatura presidencial de Evo Morales. Una semana antes del acto de votación el periodista mercenario Carlos Valverde, luego de reunirse con el Encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos, Peter Brennan, lanzó la versión de que Morales tenía un hijo con Gabriela Zapata y que ella hacia tráfico de influencias a nombre del Presidente. Esto repercutió en los medios y en las redes de una manera brutal e influyó en algunos sectores de la población y en la votación. Luego de las investigaciones se estableció que la versión del hijo era mentira y que Zapata realizaba gestiones sin ningún conocimiento de Evo Morales. Ahora ella está en la cárcel.
Desde ese momento hasta el presente cada tema de gestión de gobierno, cada conflicto social, cada asunto de la agenda pública o cada información presidencial es manipulada y distorsionada o se generan mentiras o rumores en los medios (en una cadena que va de las redes, algunas agencias de noticias, medios escritos, canales de televisión y radioemisoras y otra vez las redes), produciendo una cascada de versiones que influyen en el sentido común. Esto ocurrió con las impugnaciones al nuevo Código Penal a fines de 2017 y este año se prevén nuevos conflictos y campañas de guerra total con miras a las elecciones nacionales de diciembre de 2019.
A su vez, el gobierno, por una parte, el MAS y los movimientos sociales y populares, por otro, no han desarrollado una estrategia efectiva para contrarrestar estas campañas y tampoco generado una red de medios y mecanismos para llegar a la población. La lucha política e ideológica y la democracia deliberativa deberán impulsarse para fortalecer las organizaciones populares y su movilización para profundizar el proceso de transformaciones que se han producido en Bolivia en los últimos doce años.
Por Eduardo Paz Rada
Sociólogo boliviano y docente de la UMSA. Escribe en publicaciones de Bolivia y América Latina.
Publicado originalmente el 2 de febrero de 2018 en Alainet.org