Brasil: La clase política está sepultando la política

A esta altura de los acontecimientos no existen muchas dudas de que el proceso de inhabilitación de la presidenta Dilma Rousseff será aprobado por el Senado. Lo que también resulta evidente es que los argumentos esgrimidos para justificar la casación de la mandataria no poseen base jurídica consistente y apelan indudablemente a un sentimiento de revancha política de quienes no consiguieron obtener el apoyo de la ciudadanía por medio de las urnas.

De hecho, la tesis de que el Gobierno incurrió en crimen de responsabilidad utilizando el mecanismo de las llamadas “pedaladas fiscales” es una cuestión que no ha sido dirimida por los especialistas en Derecho Constitucional y lo más probable es que tal controversia jurídica continúe por mucho tiempo y se prolongue a lo largo de los años, cuando se proceda a realizar un juicio histórico de lo que sucede actualmente en Brasil. Si se descarta la dimensión jurídica de la acusación instaurada contra el Ejecutivo, salta a la vista su carácter estrictamente político.

La solución para un Gobierno malo no es su destitución. Problemas e ineficiencia gubernamental no pueden ser motivo para derrocar a un presidente, ya que las reglas del juego democrático son muy claras e implican que quien perdió en una contienda electoral tendrá que esperar una nueva oportunidad para convencer a los electores de que su proyecto es el mejor. Lo anterior es la base de la alternancia. No se puede desconocer esta cláusula pétrea de la democracia arguyendo que se incurrió en crímenes de responsabilidad por un mal uso de normas y procedimientos administrativos, los cuales además son objetos de las más variadas interpretaciones.

Si tanto el Gobierno como la mandataria cometieron errores en la conducción del país, ello no puede en hipótesis alguna justificar una deposición, con toda la carga de dramatismo que esto representa para un sector mayoritario de la población, que observa con creciente preocupación la inestabilidad institucional y social que se apodera del país. En ese contexto, lo que se percibe en estos días sombríos es la voluntad obstinada de la clase política -preferencialmente de la oposición- en bloquear y obstruir toda y cualquier vía de diálogo que permita construir las posibles alternativas de solución a la crisis sistémica que se viene instalando, negándose vehementemente a debatir salidas de consenso en un clima de respeto por el pluralismo y la aceptación de la diferencia.

Hace algunos años atrás Hannah Arendt señalaba que la política se basa en el respeto por la pluralidad, porque ella trata fundamentalmente de la convivencia entre personas diferentes que habitan un espacio común. La familia, en ese sentido, es la negación de la plaza pública en la que se discuten los destinos de la comunidad o el país. La familia representa -según la pensadora alemana- un refugio, un abrigo para el individuo que se encuentra en una soledad existencial frente a un mundo inhóspito y extraño. Es una especie de fortaleza que nos aísla del mundo exterior. Por lo mismo, el parentesco se configura como una perversión de la cosa pública que anula la consideración por la alteridad, por la diferencia y por lo plural.

Este fenómeno se puso claramente de manifiesto cuando un porcentaje significativo de los diputados que votaron a favor del impeachment dedicaron su decisión a la esposa, los hijos, los padres, los nietos o los sobrinos. Desaparecieron los motivos que invocaban a la nación, los ciudadanos, el pueblo soberano, la polis… La política se ha transformado en un frio cálculo personal de costo-beneficio, en una estructura de preferencias individuales en donde cada agente evalúa cuales son los mejores escenarios y decisiones para adquirir más poder, dinero y prestigio. Por eso es que la política ha terminado siendo dominada por las empresas, que imponen su lógica competitiva y su gen darwinista cuando se dedican a financiar las campañas de aquellos candidatos que tienen mayores posibilidades de sobrevivir y que además se comprometen a efectuar un retorno incrementado de la inversión. La política perdió su vocación de servicio público y se convirtió en un oficio de especuladores y oportunistas. La operación Lava-Jato ha mostrado en este último año como existe un vasto entramado entre las principales empresas de la construcción civil, la clase política y los altos ejecutivos del aparato gubernamental. Un fenómeno transversal, del cual muy pocos partidos políticos se han mantenido al margen.

En la actual configuración del Congreso, lo único que parece consolidado es la influencia del poder económico sobre la mayoría de los parlamentarios. La reforma política que todavía es una agenda incompleta y urgente, considera una alteración drástica para el financiamiento de campañas, de manera que la subordinación de la clase política a los intereses de las empresas pueda ser revertida o moderada a través de mecanismos de financiamiento democrático que combina un financiamiento público con los aportes de los militantes o personas físicas que deseen contribuir con un monto limitado para determinado candidato o conglomerado partidario. De esta manera, cualquier intento por reivindicar la política como una actividad que recoja los anhelos y aspiraciones de la población pasa necesariamente por el fin de la manipulación de las empresas en la vida de los partidos y de la clase política.

A lo anterior se debería sumar un fortalecimiento de las prácticas de democracia directa en la cual los ciudadanos puedan discutir y deliberar sobre aquellos aspectos que afectan su vida colectiva en temas tan relevantes como las concesiones de los servicios públicos, las privatizaciones, la construcción de obras que tienen un enorme impacto ambiental o la definición de modalidades en las que se puede realizar una impugnación presidencial luego que el sufragio universal ha expresado su decisión soberana. Mientras estos aspectos tan básicos como fundamentales no sean resueltos y superados por el conjunto de los actores políticos, la democracia brasileña continuará siendo una promesa traicionada.