La tenaz lucha de la Asamblea Ciudadana de Magallanes por el retiro del alza del 16,8 % del gas impuesto por La Moneda precipitó una crisis en el bloque político en el poder. Al Presidente-empresario no le quedó otra opción —en la coyuntura de desobediencia civil ciudadana— que hacer cambios en un gabinete con muestras evidentes de desorden y fatiga. Para aplicar mano dura e imponer la Ley de Seguridad del Estado hay que intentar tener las huestes partidarias ordenadas tras suyo. Ahora bien, las medidas de fuerza son un complemento del programa económico de “modernizaciones” neoliberales del Gobierno.
La situación por la que atraviesa el Gobierno no se explica sólo por las debilidades en el liderazgo de Piñera sino, sobretodo, por las repercusiones políticas internas (en el gabinete y en los partidos UDI y RN) de la aplicación de un paquete de medidas neoliberales. Son estas medidas impopulares las que generan resistencia en la población y bajas significativas en las encuestas.
La caída de popularidad fue un golpe duro tanto para el ego como para la credibilidad de Piñera. Casi enseguida se instaló un clima de disipación en la que algunos ministros descubrieron flancos. Pero los dichos desatinados y la agenda particular del ex ministro Raineri, junto con las declaraciones impertinentes y los despilfarros del ex de Defensa, Ravinet, así como la “incompetencia” de Camila Merino en la cartera del Trabajo, son sólo índices reveladores de algo más profundo.
Lo más importante es lo que está ocurriendo en un amplio sector de la sociedad después que el período de gracia del nuevo gobierno se acabó.
Se trata de un cambio en la percepción del Gobierno de parte de las mayorías asalariadas. Es un cuadro de desconfianza que va más allá del desencanto de votos populares que lo eligieron. Puesto que cada semana hay más indicios para las mayorías ciudadanas que este es un gobierno que busca profundizar el modelo neoliberal cuando despide a trabajadores estatales; se niega a otorgar reajustes justos (a la Anef); privatiza los servicios públicos (sanitarias y posiblemente la Enap); no aumenta el gasto fiscal en planes de protección social ni tampoco en educación ni salud públicas; aumenta las tarifas del transporte y el gas a la comunidad de Magallanes; no crea empleos bien remunerados y permanentes y, como si fuera poco, busca «flexibilizar el mercado de la mano de obra» y domesticar la lucha reivindicativa y por los derechos colectivos con la ayuda de la cúpula sindical (es lo que intentará hacer la UDI Evelyn Matthei).
Visto desde este ángulo, la entrada al gabinete de dos retoños del golpismo pinochetista, Matthei y Allamand, no puede ser considerada como una jugada táctica de Piñera-Hinzpeter destinada a acallar voces díscolo-liberales. Lo significativo es que estos parlamentarios vienen a avalar con su incorporación al Gabinete la política represiva del Gobierno y a plegarse incondicionalmente al proyecto neoliberal piñerista. Y lo harán gustosos. Así quedará claro que la clase dominante y sus partidos tienen un sólo plan prioritario. Este es de corte político-económico y es el que las mantiene unidas: defender por todos los medios (legales y coercitivos) la estructura piramidal y la dinámica que extrae la riqueza de la base social para luego concentrarla en la cúspide.
La situación de crecimiento económico y el enriquecimiento de los grupos económicos en América Latina (índices altos si se los compara con los de Europa) se explica por las altas tasas de ganancia obtenidas mediante el mecanismo de la explotación del trabajo asalariado en condiciones ventajosas para el capital.
El paquete neoliberal en cuestión ha sido amarrado por el mismo Piñera. Posiblemente sus viajes por Europa lo convencieron de que había que implementarlo rápido aprovechando el primer año. El presidente-empresario es sensible a las presiones de las oligarquías y burguesías mundiales con cuyos representantes políticos se ha codeado en los últimos viajes. Éstas deben haberle comunicado una cierta premura por aplicar soluciones y aconsejado tener confianza en el acompañamiento del dispositivo mediático para imponer las políticas neoliberales que chocan siempre con la resistencia de movimientos sociales de raigambre popular y trabajadora.
Por lo mismo, quienes constituyen el núcleo duro de los que resisten y se movilizan contra al alza del 16,8 % del gas son los sectores populares, las clases medias asalariadas y los trabajadores organizados. Ni un atisbo de “transversalidad” como algunos sostienen, sino, más bien, una actitud de clase (trabajadores*) ante las políticas de la clase dominante en el poder. Los empresarios magallánicos abandonaron el barco y retiraron su apoyo a las demandas de la Asamblea Ciudadana al primer apretón del Gobierno.
Y si sólo el pueblo defiende al pueblo, y la solidaridad de los sindicatos es fundamental para hacer frente a medidas antipopulares, los demócratas auténticos y la izquierda, tanto la antineoliberal como la anticapitalista, deben hacer frente común solidario para apoyar la demanda de los ciudadanos magallánicos e impedir que su lucha sea aislada y reprimida por el Gobierno neoliberal de Piñera.
Por Leopoldo Lavín Mujica
(*) El sindicato de Enap ha apoyado de manera resuelta la exigencia de la Asamblea Ciudadana de Magallanes y declarado no entregarle gas a la multinacional canadiense Methanex.