Canadá está del lado equivocado en la lucha de Bolivia para restaurar la democracia

Los desacreditados reclamos por “irregularidades” durante las elecciones del 20 de octubre fueron utilizados como pretexto para la crisis, luego que la Organización de Estados Americanos (OEA), con sede en Washington, DC., llevara a cabo una auditoría que presentaba los resultados preliminares no oficiales del conteo de votos, con el fracaso de Morales en la primera ronda. En respuesta a ello, el Gobierno de Canadá manifestó que apoyaría a la administración golpista de Jeanine Añez, una fundamentalista cristiana de extrema derecha que en 2019 tuiteó: “Sueño con una Bolivia libre de ritos satánicos indígenas. La ciudad no es para los indios. ¡Que se vayan al altiplano o al chaco!”.

El 22 de octubre, Canadá fue uno de los países que pidieron al Consejo Permanente de la OEA que celebrara una reunión especial acerca de la situación en Bolivia. Ésta tuvo lugar dos días después. La reunión proporcionó a Carlos Trujillo, representante de Estados Unidos y Embajador ante la OEA, la oportunidad de repetir la narrativa de las elecciones “fraudulentas”. En la misma reunión la OEA −financiada en un 60 por ciento por el Gobierno de Estados Unidos, rechazó la participación de Jake Johnston, analista del Centro de Investigación Económica y Política (Center for Economic and Policy Research, CEPR), para presentar la respuesta preliminar de la organización que acusó a la auditoría de la OEA de incurrir en flagrantes distorsiones con respecto a las elecciones de octubre.

El 29 de octubre, el primer ministro Trudeau publicó una fotografía suya junto al actual presidente chileno de derecha, Sebastián Piñera, de la era de Pinochet. En una lectura de la reunión se indicó que “el primer ministro y el presidente intercambiaron puntos de vista acerca de asuntos regionales clave, incluyendo la importancia de abordar las preocupaciones de la gente en torno a las oportunidades económicas y a las desigualdades. El primer ministro Trudeau también compartió su preocupación por las irregularidades electorales en Bolivia. Los dos acogieron favorablemente la colaboración entre Canadá y Chile en cuanto a una serie de prioridades compartidas, incluyendo los esfuerzos para hacer frente a la crisis en Venezuela”.

Ese mismo día, el Ministerio de Asuntos Mundiales de Canadá emitió una declaración acerca de las “irregularidades” durante las elecciones bolivianas, basándose “en las conclusiones preliminares de la Misión de Observadores Electorales de la OEA, que determinó que el proceso electoral no cumplía con las normas internacionales”.

Después que la violencia organizada por la oposición de la derecha boliviana forzara al presidente y al Movimiento al Socialismo (MAS) a dejar el poder, Morales renunció el 10 de noviembre y salió del país rumbo a México. Posteriormente, el GAC emitió una declaración donde elogiaba la labor de la Misión de Observación Electoral de la OEA, concluyendo que la “voluntad del pueblo boliviano y el proceso democrático no fueron respetados”.

Al día siguiente, el presidente Trump se unió al coro, agregando que la renuncia de Morales representó “un momento significativo para la democracia en el hemisferio occidental”.

Canadá siguió su ejemplo. El 14 de noviembre, John Babcock, portavoz del Ministerio de Asuntos Mundiales de Canadá, confirmó que Canadá trabajaría con la nueva administración interina, siempre y cuando se celebrasen nuevas elecciones tan pronto como fuese posible.

Tras el golpe de Estado, la situación en Bolivia cambió de la noche a la mañana. La minoría blanca, en su mayoría cristiana, irrumpió en el poder, eliminando la bandera indígena Wiphala como doble símbolo del país, y permitiendo la represión de los partidarios del MAS en las calles.

En efecto, el golpe de Estado en Bolivia representa un esfuerzo concertado de la oposición de derecha respaldada por Estados Unidos para revertir los avances defendidos por el gobierno antiimperialista de Morales, y reinstalar así el poder de la élite blanca minoritaria. Todo ello fue logrado a través de una violencia brutal. En menos de dos semanas después del golpe, 32 personas murieron en las protestas y 700 fueron heridas.

El 15 de noviembre, las fuerzas policiales y militares abrieron fuego contra los manifestantes anti-golpistas en Cochabamba (uno de los nueve departamentos de Bolivia), asesinando al menos a nueve personas e hiriendo a muchas más. El Hospital México, cerca de Sacaba, recibió tantos manifestantes heridos que se vio obligado a tratar a las víctimas fuera del edificio, al superar su capacidad. El 19 de noviembre, testigos oculares reportaron una masacre militar en la planta de gas de Senkata, en la ciudad indígena de El Alto, y el gaseo de un cortejo fúnebre pacífico el 21 de noviembre para conmemorar a los muertos.

En el municipio de Vinto tuvo lugar uno de los ataques más perturbadores. Una multitud opositora, armada con palos, piedras y explosivos, atacó la oficina del alcalde. Los atacantes incendiaron la Alcaldía y asaltaron a la alcaldesa Patricia Arce, del partido MAS. Arce fue arrastrada por la calle y obligada a caminar descalza varios kilómetros. Los atacantes le cortaron el pelo y le rociaron pintura roja en su cuerpo. También abusaron de ella y la insultaron, y la obligaron a declarar que dejaría el cargo.

Mientras tanto, el pretexto de las “elecciones fraudulentas” estaba siendo cuestionado y refutado. El ya mencionado informe CEPR —coescrito por Guillaume Long— desafiaba directamente la afirmación de que las elecciones fueron fraudulentas.

Adicionalmente, los investigadores del Laboratorio de Ciencias y Datos Electorales del MIT (MIT’s Election Data and Science Lab), John Curiel y Jack Williams, publicaron un informe totalmente documentado en el Washington Post, indicando claramente que no hubo fraude. El New York Times hizo eco de estos hallazgos.

Sin embargo, la OEA, Estados Unidos y Canadá no reconocieron ninguna de las revelaciones.

Ahora, el Gobierno de facto liderado por Áñez ha pospuesto las elecciones cuatro veces desde el mes de marzo de este año.

¿Por qué el Gobierno del golpe de Estado se niega a celebrar elecciones? Según las encuestas, el principal candidato del MAS, Luis Arce, obtendría el 31,6 por ciento de los votos, seguido por el 17,1 por ciento para el expresidente Carlos Mesa. Por otro lado, Áñez cuenta tan sólo el 16.5 por ciento de votantes bolivianos.

A pesar de los llamamientos de Canadá y Estados Unidos que exigen elecciones “lo antes posible”, ninguno de los dos países ha publicado ninguna declaración condenando al gobierno golpista por su inacción. Los sindicatos y movimientos sociales más grandes de Bolivia están liderando actualmente una huelga general para exigir que se respete el calendario electoral original.

En palabras del periodista boliviano Ollie Vargas, quien ha venido informando desde el país desde poco después del golpe de Estado, el régimen está actualmente “movilizando a grupos paramilitares para atacar a los manifestantes” en tres regiones.

“El levantamiento anti-golpista de Bolivia ha estado enfurecido desde hace una semana. El régimen está movilizando a grupos paramilitares para atacar a los manifestantes en 3 regiones. Sin embargo, la policía y el ejército han estado casi ausentes (aparte de una pequeña ciudad). Muchos rumores dicen que la policía se niega a ser desplegada.”

Más recientemente, el 9 de agosto, Kawsachun News —el servicio en inglés de Radio Kawsachun Coca, una estación del Sistema Nacional de Radios de los Pueblos Originarios (RPO) con sede en Cochabamba, promovida por el ex Presidente Morales— informó que el Gobierno de Añez está amenazando con lanzar una ola de ataques paramilitares contra las protestas pro-democráticas.

En respuesta al retraso de las elecciones generales y a la incapacidad del gobierno interino para contener la pandemia COVID-19, han sido organizados más de 70 bloqueos por grupos sociales y sindicatos leales a Morales.

Hasta ahora, el gobierno de Trudeau ha permanecido en silencio acerca de las elecciones retrasadas, a pesar de tomar un papel activo en el apoyo al gobierno golpista y al informe de la OEA del año pasado.

¿Qué derecho tiene Canadá para intervenir en los asuntos internos de Bolivia? ¿Qué podemos hacer desde aquí para oponernos a las políticas del gobierno de Trudeau en América Latina?