Chile aplica ley del embudo con la información

Suma y sigue, perdonará la extensión del párrafo siguiente, que para ejemplo ya está MUY RESUMIDO. Qué más quisiera yo, que la lista de violaciones a la libertad de informar fuera más corta:

Elena Varela, documentalista (7 de mayo de 2008). Confiscado su equipo y sus cintas. Procesada por ley antiterrorista; Marcelo ‘Chino’ Garay, periodista free lance (17 de mayo de 2009). Confiscado su equipo fotográfico y teléfono celular. Procesado por violación a la intimidad y a la propiedad privada; Sebastián Larraín, codirector de El Ciudadano (18 de junio de 2009). Destruida su cámara de video. Encarcelado por más de diez horas sin cargos en su contra; Dos estudiantes de comunicación audiovisual, de la Universidad UNIACC (20 de junio de 2009). Detenidos por más de 12 horas, por no obedecer la orden de carabineros de no informar desde el lugar de los hechos; Ariel Rojas, reportero de El Polémico, de Tocopilla. (21 de junio de 2009). Acusado de ‘atentado en contra de la autoridad’.

Denuncias sobran para una clara política que obstaculiza la labor de los periodistas que no resultan funcionales al orden establecido. Todos los mencionados cubrían hechos de resistencia, por parte de grupos organizados, que reclaman ante la falta de respuesta o, por lo menos, atención seria del Estado para sus demandas.

Todo indica que hay una clara intención de invisibilizar los otros mundos que subsisten en el Chile de hoy. Esos mundos que contrastan con la imagen-ejemplo de democracia que en estos días proyectara la presidenta Bachelet desde la Casa Blanca, atendiendo la solicitud de consejo por parte del mediático Barack Obama para el manejo de la crisis (¡por favor!).

“Está prohibido mirar”, dijo Garay al ser consultado de las razones por las cuales Carabineros lo detuvo en territorio mapuche y pasó su caso al Ministerio Público. Parece que la policía busca generar ambientes de miedo para que los periodistas no hagan el trabajo que les es propio: Investigar antes de informar y buscar los distintos puntos de vista. Eso se refleja en la forma en que son tratados cuando no se limitan a la versión o presión oficial.

En las calles, ante la protesta social, intentan alinear y ubicar el ángulo desde el que se tomen las imágenes o incluso los testimonios durante las manifestaciones de protesta. Y quien no lo haga: “Aténgase a las consecuencias”, parecen decir con la forma en que son reprimidos (caso de los estudiantes UNIACC en el Mapocho, cubriendo el desalojo de los manifestantes de ANDHA).

Del mismo modo, las personas que deciden confiar en algunos de los comunicadores que se asoman a buscar las perspectivas de la realidad más allá del hecho noticioso, también son reprimidas, como lo demuestra el acoso que han denunciado cercanos a Elena Varela y Marcelo Garay. Un allanamiento de una casa campesina por parte de 200 uniformados no sé si pueda ser interpretada de otra forma.

Lo peligroso, lo verdaderamente inconcebible, es que la Institución del Orden y Patria, no tiene respuesta ante el abuso de sus oficiales, más allá de la flagrancia cuando son descubiertos por cámaras ocultas. El general Gordon traspasa la responsabilidad al Ministerio Público, ante un requerimiento del Colegio de Periodistas y ellos no dan respuesta ante la solicitud de los periodistas de recuperar sus herramientas de trabajo.

¿Quién responde? Al menos las instituciones del Estado no: ¿Puede ser entendido de otra forma? A mí me parece intervención y una forma de censura. Construcción de una política de exterminio del periodismo serio o reducción a su mínima expresión, renunciando a la burda amenaza, pero sigue siendo burda igual.

Me parece intimidación y política del miedo. La misma de la que tanto reniegan los funcionarios estatales cuando emplazan a la derecha para recordar épocas que no deseamos repetir.

La ley del embudo le llamaba mi abuelito: Ante una legislación débil en defensa de la libertad de expresión y prensa, parece que es la única que se aplica y obviamente la parte angosta la llevan los profesionales de la prensa y la ciudadanía que reclama.

Por César Baeza