La Constitución de 1980, ya no rige Chile. Desde el 18 de octubre del año pasado más o menos es una constitución fallecida, fenecida, inoperante. El plebiscito convocado para el 26 de abril de este año es un mero trámite legitimador de esa situación, del fin de la Constitución de 1980 como marco opresor de la vida legal e institucional del Estado chileno. Esa constitución que ya no opera, no sostiene a ningún gobierno porque ya no es el marco constitucional de nada. El gobierno de Piñera hoy mismo no tiene ninguna legalidad que lo sostenga, solo la voluntad política del Congreso chileno (y de las fuerzas represivas) de seguir reconociéndole su continuidad por el plazo legal.
Entonces, Chile está ante un gobierno que, ladina e ilegítimamente, promueve y ejerce el terrorismo de Estado mediante las fuerzas policiales y armadas, con la complicidad de la clase política que controló el país en un juego cómplice que duró 30 años (con muy escazas y honrosas excepciones). O, Chile está frente a un gobierno que no gobierna, y el liderazgo gubernamental lo ejerce Carabineros en un simulacro de legalidad e institucionalidad. En ambos casos el terrorismo de Estado es la norma, y la represión descarada y descarnada a toda protesta y territorio que consideren enemigo es la metodología para ejecutar esa norma.
El gobierno o desgobierno de Piñera es, entonces, un peligro para la salud pública de los territorios y pueblos que habitan Chile. Entrampado en la dinámica de un proceso constituyente que asumió forzadamente en la búsqueda de “paz social” que permitiera dar continuidad a los negocios y la depredación del país, Piñera y sus secuaces apuntan a quebrar el proceso constituyente (para ello el tema es generar la sensación de “inseguridad” ya sea social o sanitaria que justifique la anulación del proceso antes del 26 de abril) y, en subsidio, que la opción “rechazo” tenga un porcentaje tal que les dé la confianza de tener cierta capacidad negociadora. Y en subsidio de eso, está el impulso a la opción “Convención Mixta” que les asegure una sobrerrepresentación institucional, tal como los “senadores designados” en el Senado de los primeros 15 años de la eterna transición a la democracia.
Para el logro de estos objetivos tienen de aliadxs a los empresarios, los gerentes y rostros de los medios invasivos de comunicación, los oficiales militares de todas las ramas, las policías, las organizaciones antiderechos de las mujeres (mal llamadas “provida”), las cúpulas de las iglesias cristianas, quienes pueden movilizar pequeños grupos fanáticos para hacer actos de terrorismo con los que justificar una intervención gubernamental que implante nuevos estados de excepción o inventar alarmas públicas como el covid-19.
Por ello hay una serie de tareas pendientes para los sectores rebeldes en Chile que, para simplificar burdamente llamaré “institucionalistas” y no “institucionalistas”. Simplificación porque la vida es más compleja que eso y en tiempos revolucionarios como los que se viven en Chile más vale ser flexible e impulsivxs e ir siempre “por too sino pa qué”.
He aquí una serie de tareas pendientes para ambxs sectores:
- Para los institucionalistas en Chile:
Lo que va a dar garantías de seguridad (de seguridad para la gente, que es lo que importa) es la renuncia de Piñera y todo su gabinete, la puesta en cuarentena de las policías, al menos en cuanto a todo lo que sea manifestaciones, marchas, protestas y que se cree un gobierno de transición con un programa mínimo de:
-resolver todas las demandas sociales
–asegurar la investigación y castigo de todos los violadores de derechos humanos durante el gobierno Piñera.
–investigar y sancionar administrativa y judicialmente todas las depredaciones llevadas a cabo en al menos los últimos 20 años.
Para lxs no institucionalistas:
Piñera debe caer, las asambleas autogestionadas deben crecer, y hacer una huelga general de verdad.
2.- Para lxs institucionalistas: la primera tarea de la convención constitucional será nombrarse Asamblea Constituyente y quitarle el mandato a Piñera.
Para lxs no institucionalistas: No hay que esperar tanto tiempo.
3.- Para lxs institucionalistas: deben ir haciéndose cargo de la institucionalidad, usando todos subterfugios legales para hacerse cargo de todo lo que se pueda, profundizando desde ya la transición que se vive. Eso implica erradicar en todos los ámbitos a los funcionarios del piñerismo y ser reemplazos por funcionarios antipiñeristas o neutrales, enfocados en el cumplimiento de medidas para resolver la crisis chilena. Tanto en el ámbito nacional como el regional, provincial y municipal. Hay que, al mismo tiempo, volver irrelevante aquello que no se pueda cambiar.
Por otra parte, habría que someter a juicio a todos los cómplices civiles de la represión, incluyendo a los empresarios que han facilitado estudios “de inteligencia” al aparato represivo del gobierno. Esos civiles incluyen a los jueces y fiscales que hayan mostrado complicidad con la violación de derechos humanos.
Para lxs no institucionalistas: hay que fortalecer el proceso asambleario, dándole carácter ejecutivo y constituyente para que vaya reemplazando territorialmente a la institucionalidad de la Constitución de 1980.
Para frenar la represión y la alianza piñerismo/fuerzas policiales y militares hay que potenciar la deserción y la objeción de conciencia al militarismo
Por Pelao Carvallo
8 de marzo de 2020
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