Chile y Venezuela: ¿Libertad de Expresión para quién?

La discusión fue intensa e interesante. Una reunión de pauta en un periódico de circulación nacional derivó  en casi hora y media de conversación sobre los procesos socio comunicacionales tanto en Chile como en Venezuela. Ello, obviamente, concita un punto que resume todo: la libertad de expresión. Esto, enmarcado en dos hechos que son iguales, aún cuando hay quienes se niegan a aceptarlo.

Hace un par de semanas fuimos testigos de una fuerte ofensiva que el Gobierno, nuestro gobierno, bajo el poder que sustenta la subsecretaría de Telecomunicaciones, efectuó (y sigue efectuando) en contra de las radios comunitarias. En Valparaíso y Lota, entre otras ciudades, se han producido allanamientos y cierres de emisoras populares, amparadas en denuncias de radios comerciales cercanas a la Archi (Asociación de Radiodifusores de Chile). Aquello, y como lo han manifestado diversas agrupaciones de derechos humanos, constituye un atentado a la libertad de expresión, por más que la justificación gubernamental sea que dichas emisoras comunitarias no cumplen con los requisitos legales para funcionar. Es decir, son ilegales, pero populares, lo que le da una legitimidad social incluso más pesada que la misma Constitución. Además, y es lo que muchas de estas radios reclaman, es que el espectro radioeléctrico se ve muy reducido paralizando y limitando las concesiones, los que los obliga, tras no acceder a esos permisos, a funcionar en la ilegalidad.

Lo anterior derivó incluso en que Radio Universidad de Chile renunciara a la Archi por la constante persecución legal y policial manifestada en contra de un conjunto de radios comunitarias del país a quienes se les impide o restringe el libre ejercicio de la libertad de expresión, según consigna la carta enviada por Juan Pablo Cárdenas, director de la emisora, al presidente del gremio Luis Pardo.

Vale consignar que los cierres de esas radios constituyen un proceso legal, como ya se expresó, aunque en la moralidad de una democracia abierta no debiese permitir estas situaciones. En este sentido, todos quienes desempeñamos la labor de comunicadores, de alguna forma, condenamos no la acción del gobierno en cerrar esas radios, si no que la débil voluntad del mismo para flexibilizar y modificar la institucionalidad legal sobre el ítem.

Entonces, nació la discusión. Hace semanas también, se conoció en Venezuela una medida similar a la del gobierno chileno en torno al cierre de radios privadas. Según Reporteros Sin Fronteras (RSF), fueron 34 medios de comunicación los clausurados. La repuesta de distintas organizaciones mundiales, de las que varios medios independientes chilenos se hicieron eco, fue, aunque suene extraño, la de defender esa política de Hugo Chávez. Es decir, aludiendo a que la ley le permitía el cierre de esas radios, no había por qué juzgar a Venezuela por esa medida, pues tuvo su sustento constitucional, fue completamente legal, tal como lo expresa las leyes de telecomunicaciones de ese país. Y denunciar ese hecho, era simplemente ser cómplice de la ofensiva comunicacional que varios medios lejanos al progresismo  (esto sí que es real) hacen para desestabilizar al gobierno.

El problema, y si lo comparamos con Chile, es que a la larga se trata del mismo problema. La libertad de expresión no debe tener excepciones, y por más de que se trate del gobierno venezolano, impulsador de los medios comunitarios, aquí, tal como fue desarrollado con RCTV, se trata de un atentado a un derecho fundamental. Si criticamos, con justa razón, las políticas de cierres de emisoras, de medios de expresión sólo porque están fuera de la legalidad, seamos equilibrados y no caigamos en la ceguera propia que algunos llamados medios independientes suelen tener. Los derechos son igualitarios en todos los países, independiente si, como en el caso de Venezuela, se trata de un gobierno de izquierda (y que importantes y positivos cambios sociales ha llevado al pueblo local) o como el de Chile, más de centro derecha y que poco se ha preocupado de profundizar procesos sociales.

En este contexto, parece inaceptable un doble estándar que lo único que hace es desprestigiarnos como medios de comunicación. La realidad se puede ver desde distintos lados, y al final hay un solo hecho, la verdad.

Como diría Allende, ‘la historia es nuestra’, y de nosotros depende hacerla más justa. Más si se trata de periodistas o comunicadores, dueños, muchas veces, de la opinión de la gente.

Julio Sánchez Agurto
Director Periódico La Diagonal