Claves filosófico-políticas para oponerse al indulto propuesto por la Iglesia Católica

Es evidente que las posturas esgrimidas por Sebastián Piñera en entrevista de prensa así como las formuladas por la jerarquía católica en la propuesta de Indulto del Bicentenario a militares presos por violaciones a los derechos humanos lindan con el relativismo ético y moral. Ambas revelan un desconocimiento sorprendente de los avances del derecho universal en materia de justicia. Al invocar la “igualdad ante la ley” de civiles y militares están borrando la distinción entre el carácter y naturaleza de los delitos cometidos por militares, en el marco de una dictadura, y por civiles, en el marco normal de un Estado de derecho. Son dos realidades completamente diferentes, y la amalgama es peligrosa.

De manera consciente o negligente, el Presidente y el Cardenal junto con sus consejeros, están banalizando los crímenes y violaciones a los DD.HH durante la dictadura y relativizando la condena al régimen militar. Y en los contextos y ámbitos políticos en los que se desempeña el Estado, el nacional y el internacional, se trata de un grave error político de juicio.

Demás está decir que si se otorga el indulto presidencial propuesto por el clero se estaría contraviniendo tratados internacionales. Y agrupaciones de defensa de los Derechos Humanos podrían interceder para reclamar ante Cortes y tribunales internacionales de justicia. En este caso, el piñerismo podría ser sinónimo de “negacionismo” debido al peso simbólico que tiene el hecho de que los culpables de crímenes de lesa humanidad, después de ser juzgados, cumplan la condena en prisión.

Sin olvidar que, en Argentina, el ex dictador Jorge Rafael Videla, de 92 años de edad, y otros militares de alto rango, sordos y con síntomas de demencia senil, están siendo juzgados en estos precisos instantes por un tribunal de la ciudad de Córdoba.

Y que por primera vez jueces que formaron parte de la cadena de complicidades de la dictadura argentina de 1976 a 1983, que cerraron los ojos ante los traslados de detenidos políticos para más tarde ser ejecutados en falsos enfrentamientos, pueden ser acusados. La responsabilidad de magistrados en lo que se refiere a la desprotección en la cual dejaron a ciudadanos argentinos está siendo develada e investigada.

¿No exclamó un conocido juez chileno de la Suprema, ante requerimientos públicos la innoble frase: “me tienen curco con los desaparecidos”?

Cabe señalar que la falta de perspectiva ética y democrática del Ejecutivo y de la jerarquía religiosa contrasta con las declaraciones de un gran valor ético-moral y de clara opción por la defensa de los principios democráticos expresadas por las hijas del General Carlos Prats en la Moneda.

Sofía y Angélica Prats, las hijas del general víctima del terrorismo de Estado, no pudieron ser más claras al expresarle al país y a las autoridades del Estado: “No debe indultarse a quienes han violado los derechos humanos (…) Para Chile, sería complejo. Nosotros simplemente estamos planteando los principios que creemos que deben regir en nuestro país.”

Estos principios, avances y distinciones, hechos a partir de una nueva idea de justicia de carácter universal que se instala y desarrolla en el siglo XX, no han sido el fruto de una evolución en abstracto. El progreso en materia jurídica es el fruto de las luchas que por estos valores han librado agrupaciones de derechos humanos en contra de los sectores sociales y los dispositivos de poder que han representado y defienden el oscurantismo, el fanatismo conservador, el autoritarismo y la ignorancia.

Lo acaba de expresar claramente en Argentina el juez español Baltazar Garzón en su homenaje a las Madres de Plaza de Mayo al declarar: “ la dinámica de la sociedad civil es importante en la lucha por la defensa de los Derechos Humanos”. Y el juez español que quiso juzgar a Pinochet ha vivido en carne propia la ofensiva de los remanentes de la ultraderecha franquista enquistados en la judicatura española cuando quiso rendir justicia a los miles de asesinados por el franquismo. No podemos olvidar que las primeras movilizaciones ciudadanas contra la dictadura de Pinochet y por la reconquista de formas democráticas de gobierno fueron las organizadas por las mujeres de las organizaciones de familiares de detenidos-desaparecidos. Lo mismo en Argentina con la Madres de la Plaza de Mayo, hoy candidatas al Premio Nobel de la Paz.

Es evidente que el movimiento por los derechos humanos ha sido potenciado por fuerzas sociales interesadas en preservar y codificar en las instituciones políticas jurídicas los más altos valores surgidos de la civilización occidental. Y Latinoamérica ha sido precursora en el combate contra las dictaduras militares surgidas con apoyo de los EE.UU.

En Occidente, han sido movimientos civiles, estudiantiles, sindicales, de magistrados; contra el racismo, el colonialismo, de las mujeres por la igualdad de derechos, contra las guerras imperialistas y contra la tortura y la prisión, surgidos del pueblo, y muchas veces en oposición a las elites y a las lógicas de poder de los Estados quienes han preservado esos principios, ya que fue la misma civilización occidental, en la confrontación de los intereses dominantes, la que provocó las guerras imperialistas, construyó los campos de concentración y exterminio de Auschwitz y Dachau-Birkenau y las masacres de pueblos enteros como en Argelia.

¿Cómo olvidar que el infierno de la Colonia Dignidad funcionó en Chile bajo la protección del Estado dictatorial?

Los valores laicos de justicia  y defensa de la vida libre y digna han sido preservados y perfeccionados a lo largo de la historia desde el siglo XV pero su pasado remonta a la moralización de la vida social que encarnó en sus primeros tiempos el cristianismo en Roma y las éticas griegas. Antes de que el cristianismo se convirtiera en poder material y religión de Estado.

Más tarde (siglo XVIII), en la época de las revoluciones modernas, la neta separación entre poder político y religión o poder del clero y soberanía popular permitió el desarrollo de los valores humanistas laicos y el desarrollo del derecho fundado en los principios de la razón y no en la fe o las creencias.

De lo anterior se desprende que el Estado de derecho y el régimen democrático de soberanía popular son incompatibles con Leyes de Impunidad que protegen a los represores y a los violadores de derechos humanos (sin importar su lugar en la cadena de mando), que someten la verdad al juego de oscuros intereses y que mantienen situaciones de injusticia. Es el contenido de las declaraciones emitidas a título personal  por el presidente de la Corte Suprema, Milton Juica.

Por lo tanto, se equivoca la Iglesia Católica ya que sólo las condiciones materiales en las cuales los reos por delitos de lesa humanidad purgan la pena pueden ser clementes. Sin embargo, tendrían que serlo para todos los detenidos y no sólo para los que cumplen sus condenas en prisiones militares de lujo.

De ninguna manera puede haber clemencia bajo la forma de un indulto que debe ser considerado como un vestigio monárquico en el derecho moderno, como bien lo acaba de expresar Marco Enríquez-Ominami. Con mayor razón si todavía permanecen sin ser juzgados muchos responsables intelectuales y promotores de crímenes y violaciones a los derechos humanos e individuales que desde la cabeza misma del Estado implementaron como práctica sistemática el denominado terrorismo de Estado con el objetivo de eliminar físicamente a sus oponentes.

Tampoco debemos olvidar la cadena de complicidades en la cual participaron jueces, periodistas, profesionales de la salud, conspicuos políticos civiles aún en servicio y los inefables y nunca juzgados medios monopólicos. La interpretación de que fue una banda de criminales la responsable de “excesos”, que bajo el paraguas de las FF.AA actuó de manera autónoma, se contradice con las declaraciones del Dictador Pinochet, que arrogante afirmaba que “ninguna hoja se movía” sin que él lo supiera.

Menos aún puede concederse el indulto en el contexto de preeminencia de una Ley de Amnistía e impunidad a autores de delitos de lesa humanidad que según los tratados internacionales son imprescriptibles. En otras palabras, que deben ser imperativamente juzgados y purgados en prisión, ya que no se borran ni desaparecen con el tiempo, debido a su alta significación simbólica como barrera de protección contra los actos de barbarie que acechan a la sociedad por parte de quienes controlan los aparatos armados.  De los cuales poco se sabe en términos de su calidad democrática puesto que no rinden cuentas a la ciudadanía de los valores y programas enseñados en sus cuarteles y escuelas de oficiales.

Y lo más probable es que Sebastián Piñera, después de haber bailado durante días en la cuerda floja de las ambigüedades, tendrá que dar marcha atrás. Sus últimas declaraciones lanzadas al viento en una entrevista al portavoz de la prensa monopólica reflejan su verdadera “esencia”.

Sebastián Piñera  no es libre. El político empresario ahora presidente se encuentra sometido a la maraña de sutiles presiones ideológicas de la trenza de poder empresarial, militar, político y religioso que hoy tiene las riendas del Estado.  Es lo que le impide ver claro y hacer distinciones precisas y fundamentales. ¿Cómo no distinguir y separar aguas entre delitos de origen civil y aquellos de lesa humanidad?

Confundir, escamotear lo esencial, hacer tabla rasa del avance del derecho en materia de defensa de los derechos humanos y civiles sirve para sostener la equívoca noción de una mal definida e interesada “igualdad ante la ley” de quienes participaron en un proyecto planificado desde la cúspide del Estado para aniquilar oponentes y destruir la vida democrática, con aquellos individuos que han cometido delitos “civiles”. Estos últimos son juzgados cotidianamente por un cuerpo legal perfeccionado. Y los condenados cumplirán penas en un sistema carcelario que tendría que ser respetuoso de los derechos de los reclusos en una sociedad que quiere reintegrarlos. En el marco de un Estado regido por el Derecho.

Ahora bien, el Estado de derecho es frágil.  En los avatares de la historia de las pugnas y conflictos políticos todo Estado puede asumir formas autoritarias. Convertirse en un instrumento de los intereses dominantes, que copado por sus aparatos armados se declara en “estado de excepción”, viola los derechos civiles y avasalla la vida de los ciudadanos.  En efecto, el carácter mismo del delito es diferente. Y ya que la derecha tiene tanto interés en banalizar los crímenes contra la humanidad, no tiene ni un pelo de tonta en aprovecharse de la irreflexiva propuesta de la Jerarquía Católica, declarando como lo hacen las bancadas de sus partidos, RN y la UDI —“donde el Indulto Bicentenario fue bien recibido»— que hay que hacer prevalecer “la igualdad ante la ley”. Interpretación que en este caso no se aplica, puesto que hablamos de registros políticos y espacios legales diferentes.

En efecto, si el Presidente indulta a militares está demostrando que supedita los intereses republicanos a los partidarios y a la ideología de un sector complaciente con la obra de la dictadura.

¿Y cómo explicar la actitud de la Iglesia que lejos de adoptar una posición acorde con los signos de los tiempos presentes y dedicar sus esfuerzos a una propuesta de salario ético decente de 250.000 pesos, cambia el fusil de hombro y se deja arrastrar por sus sectores más conservadores en una cruzada que divide al país?

La jerarquía “no se amedrenta” con las declaraciones de un Gobierno, declaró el cardenal Errázuriz ante las laicas y oportunas declaraciones del ministro Hinzpeter llamando a separar campos de competencia entre la Iglesia y el Estado.

La realidad es que la Iglesia es un poder bien material. Y al escoger una causa ya está haciendo política; en los debates de la Conferencia Episcopal deben haber habido varias opciones en la mesa para marcar la presencia de los hombres de Iglesia en el Bicentenario. Y los prelados escogieron, entre otras, el indulto a militares.  ¿Correlaciones de fuerza? Con el triunfo de los ultraconservadores. La hipótesis merece ser analizada.

El ciudadano no es tan ingenuo. ¿No será uno de los objetivos no confesados de la cruzada del clero católico, bastante rasguñado en su imagen y aprecio civil, el desviar la atención de los casos de pedofilia? Me pregunto yo, Pedro, María y José.

La tentación de sucumbir a los halagos del mundanal ruido mediático e incluso de ser criticada por un llamado a la clemencia, puede llevar a imaginar que se pueden opacar los entretelones del juicio al sacerdote acusado de actos pedófilos.

¿No aconsejará la prudencia que la Iglesia en plena crisis de credibilidad (de implosión interna) retire su propuesta de indulto a militares, abogue por humanizar la condición carcelaria de civiles (puesto que las prisiones de militares son hoteles de lujo comparadas con el horror de las cárceles para civiles), exija la liberación de los presos políticos mapuches en huelga de hambre y se siente a la mesa, comparta y medite con las otras iglesias acerca de cómo contribuir a mitigar el sufrimiento de millones de chilenos que viven las consecuencias del pecado social de la concentración de la riqueza en manos de una minoría?

Blaise Pascal (623-1662),  el físico, matemático y filósofo cristiano escribía en su obra maestra Pensamientos (no. 33-3374):  “Lo que más me asombra es ver que la gente no se asombra de su propia debilidad. Se actúa seriamente y cada uno sigue su condición, no porque sea realmente bueno seguirla, sino porque es la moda hacerlo, como si todos supieran con certeza dónde está la razón y la justicia” (**).  Y la razón, en momentos de debilidad, según Aristóteles, fuente de inspiración y maestro lejano de Tomás de Aquino, aconseja lo mismo que el sentido común: el principio de prudencia tan útil en materia de Justicia y en Política. En la situación analizada: retirar el proyecto de indulto a militares y practicar un poco de humildad.

Por Leopoldo Lavín

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(*) Dedico esta columna a mi profesor Pedro Azócar, sacerdote SS.CC, que en el Colegio de la congregación en Talcahuano me inició a la “mitodología” (o cómo desconfiar de los mitos) para hacer uso precoz de la razón. Era el término que empleó más de una vez en sus amenos cursos de Historia para ayudarnos a “avivar el seso” y despertar a la vida.

(**) Trad. Libre de Pensées de Blaise Pascal:  « Ce qui m’étonne le plus est de voir que tout le monde n’est pas étonné de sa faiblesse. On agit sérieusement et chacun suit sa condition, non pas parce qu’il est bon en effet de la suivre, puisque la mode en est, mais comme si chacun savait  certainement où est la raison et la justice ».

Leopoldo Lavín Mujica, B.A. en Philosophie et journalisme, M.A. en Communication publique de l’Université Laval, Québec, Canadá.