La personalidad audaz, absorbente y narcisista del presidente Sebastián Piñera se presta para varias comparaciones: tiene algo de Luis Napoleón Bonaparte, o de Luis Felipe de Orleáns, el rey de los banqueros y, más contemporáneamente, en algunos aspectos se asemeja a Nicolás Sarkozi a al “cabalieri” Berlusconi; en América Latina tiene su símil en el actuar de Álvaro Uribe Vélez, ex presidente de Colombia. A tal grado llega esta última imitación que en una reciente incursión en la Novena Región, Sebastián Piñera sacó al “pizarrón” –tal como lo hacía Uribe Vélez en sus planificadas y pauteadas reuniones comunales– al intendente Andrés Molina a quien le exigió el cumplimiento de las metas prefijadas. Nada más fácil que utilizar un amanuense –funcionario- y exponerlo ante el público, presente en la reunión, y regañarlo para quedar tan bien como San Luís, rey de Francia, que hacía la justicia bajo la sombra de un árbol. Es evidente que el centro del populismo de derecha de estos dos líderes latinoamericanos consiste en ganar popularidad, no importando los medios a utilizar.
El telefonazo del presidente de la república al empresario Juan Claro, para acordar con la empresa termoeléctrica Suez la relocalización de la planta desde Punta de Choros a otro lugar a definirse, provocó distintas reacciones de los “doctores de la ley chilena” acusando al presidente Piñera poco menos que de haber atropellado la institucionalidad republicana.
Entre los críticos hay de todos los colores, desde los servidores de Pinochet, entre ellos Hernán Büchi y Jovino Novoa, hasta connotados opositores como el senador Pizarro y Carolina Tohá, como también columnistas, entre quienes podemos citar a Carlos Peña, rector de la UDP, Harald Bayer, actualmente asesor del Gobierno, y Jorge Navarrete, DC, columnista de La Tercera, una sorprendente unanimidad de rechazo a la actuación unilateral del presidente de la república.
Chile es una monarquía presidencial, que sólo se diferencia de aquellas del “derecho divino” por su carácter no hereditario y una periodicidad de cuatro años, afortunadamente. Esto de escandalizarse porque el “rey” se salta las instituciones para resolver un problema me parece una hipocresía. En nuestra monarquía presidencial, basada en una Constitución dictatorial, las instituciones –o el llamado Estado de derecho– se adaptan al monarca. Por lo demás, sería torpe sostener que la Constitución dictatorial de 1980, reencauchada bajo el mandato del ex presidente Ricardo Lagos, permite algún control de un poder presidencial casi absoluto; en el fondo, el papel del Congreso es, prácticamente, decorativo, salvo una institución, como la acusación constitucional que, de aplicarse permanentemente por una mayoría parlamentaria diferente del Ejecutivo, pondría en cuestión el sistema mismo.
Es tal el poder presidencial que los organismos encargados del medio ambiente –el ministerio del ramo, la Conama, las Coremas, los intendentes, los gobernadores, los seremi- son todos funcionarios que dependen del poder central, por consiguiente, no podemos extrañarnos de que hubieran actuado a favor de la instalación de la planta termoeléctrica, a pocos kilómetros de un santuario de la naturaleza.
En realidad, este poco respeto por las formas burocráticas, heredadas de las monarquías borbónicas que profesa Sebastián Piñera, tiene aspectos positivos y negativos, por ejemplo, su actuación en la catástrofe de la mina San José fue rápida, eficiente y oportuna, justamente porque no se quedó en largas consultas y dudas jurídicas, que hubieran hecho imposible el actuar exitosamente, al menos hasta ahora; por el contrario, en el caso del desastre del terremoto ha sido lenta e ineficiente, provocando el rechazo de los damnificados; respecto al tema de las termoeléctricas y nuestra seguridad energética, el Presidente y el Gobierno han demostrado la carencia de un proyecto a largo plazo respecto a la diversificación de nuestra matriz energética.
Nuestra institucionalidad seguirá siendo débil mientras no terminemos con el régimen monárquico presidencial y lo reemplacemos por el semipresidencialismo y construyamos un federalismo atenuado, por medio del cual todos los poderes locales sean elegidos por la soberanía popular, como también un Congreso unicameral y formas de participación popular, propias de la democracia directa, en base a plebiscitos, referéndum y revocaciones de mandato para todos los cargos que emanen de la soberanía popular.
Por Rafael Luís Gumucio Rivas
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