No hay certeza si saldrás con vida desde un recinto penitenciario, esa es la sensación que se vive a diario en las cárceles de chile. Esto se agudizó aún más la madrugada del 8 de diciembre con la muerte de 81 reos en la cárcel de San Miguel en la Región Metropolitana.
El fatal incendio pone de manifiesto una vez más lo que tanto se ha denunciado desde hace largos años: el hacinamiento y el crecimiento de la población penal que supera el 50% desde que se implementó el nuevo sistema de justicia, que celebra sus 10 años con esta nueva tragedia.
Este hecho es el más grave que se recuerde del sistema penitenciario y han sido varios principalmente en la última década. Lo más grave quizá sea una bomba de tiempo que terminó por dar su primera explosión y todos sabían que esto sucedería. Es lo que más nos duele estando en estas condiciones de prisionero de este sistema judicial.
La situación en la que viven los compañeros reos de la cárcel de San Miguel (donde el sobre poblamiento alcanza el 300 por ciento), un recinto construido para 700 personas y viven 2.000, es la muestra clara que la reforma de la justicia chilena fue solo para acelerar los procesos judiciales y facultar a fiscales y jueces a someter con mayor facilidad al encarcelamiento.
Esta reforma procesal penal que fue anunciada como la solución a la delincuencia (una copia del sistema judicial estadounidense) viola mucho los derechos fundamentales de las personas en pos del resguardo a la propiedad privada, lo que termina con el sobre poblamiento de los penales.
Por omisión involuntaria o sabiendo lo que hacían, los pensadores de este sistema no consideraron que llenando las cárceles se produciría lo que se lamenta hoy. En el C.C.P de San Miguel había 1 cama para 3 reos, según declaraciones de los sobrevivientes, esto por lógica trae conflicto interno, o sea la ley del más fuerte y la guerra declarada, lo que termina con violentos enfrentamientos y las víctimas de este malvado sistema.
Según cifras que han aparecido al calor de la coyuntura, del total presupuesto anual de Gendarmería, solo el 2% está dirigido a programas que ayuden al reo a la reinserción social. No hay mucha interpretación a esto, es solo una muestra de que no hay reales intenciones más que las bonitas declaraciones del Presidente y sus molestos adjetivos al hablar.
Los privados de libertad no tienen nuevas oportunidades luego de pagado su delito, es más, todos estamos de acuerdo y compartimos el pensamiento que las cárceles son verdaderas escuelas de la delincuencia.
‘Somos personas, no nos merecemos un castigo tan indigno’, me repitieron los compañeros con los cuales hablé esa mañana mientras las noticia de la tragedia de San Miguel corría por cada celda y pasillos del penal de la ciudad de Traiguén. Es que esta cárcel tampoco escapa al hacinamiento. Un viejo edificio que originalmente albergaba 70 reos, hoy sobrepasa el doble. Lo que antiguamente era patio, hoy son pequeños corrales donde los reos viven amontonados. Este crecimiento de la población penal coincide con la aplicación de la reforma procesal penal en la Novena Región y el encarcelamiento de numerosos peñi bajo la Ley Antiterrorista heredada de la dictadura militar.
Sin embargo, esta realidad no la viven los pocos militares violadores de los Derechos Humanos de la dictadura, encarcelados en recintos donde gozan de todas las comodidades, en cárceles exclusiva para ellos. Esto significa que el Estado puede mejorar las condiciones carcelarias o bien que los jueces sean más cuidadosos al momento de dictar encarcelamiento.
Esperemos que lo sucedido en San Miguel ayude para que la precaria situación en la que viven miles de chilenos cambie, que si bien o mal, han cometido delitos, siguen siendo personas con derechos como cualquier ciudadano, solo han perdido la libertad y el deber cívico.
Pero que no sigan muriendo jóvenes como el reo que cumplía condena por vender CDs pirateados para llevar algo de dinero a su casa, y que no estemos en riesgo de morir tantos otros que estamos en prisión por luchar por nuestra gente, por nuestro pueblo.
Por Pascual Pichún
El peñi Pascual Pichún Collonao es de la Comunidad de Temulemu en Traiguén y está preso culpado de la quema de un camión en esa zona el año 2002.
Pasó cinco años en Argentina evadiendo la persecución política de la justicia chilena, hasta que fue detenido en Temuco el pasado 26 de febrero, pasando a cumplir condena.
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