El sentido pedagógico
La movilización docente producida por el amplio rechazo que generó el proyecto de nueva política profesional presentado por el gobierno, no empezó de forma espontánea ni de un día para otro. Sus raíces provienen de la forma en cómo el Estado se ha relacionado con los docentes, despojándolos de su condición de funcionarios públicos y tratándolos como correas de transmisión del currículum nacional.
Pero también tiene una coyuntura definida por la llamada “rebelión de las bases” que se dio a propósito de la “agenda corta” propuesta por el Mineduc el año pasado.[1] Esta agenda fue superada por las reivindicaciones de los docentes, que pusieron como una centralidad de sus demandas la mejora de sus condiciones y carga de trabajo. En este contexto surge la demanda por “agobio laboral”, que amalgama tanto las condiciones laborales de los profesores, como también el sentido pedagógico que busca mejorar los aprendizajes de los estudiantes. En estos argumentos se enmarca la demanda por reducir la cantidad de estudiantes por sala o lograr una proporción justa entre horas lectivas y no lectivas (50/50).
Lo que podríamos denominar el “sentido pedagógico” de las demandas anteriormente mencionadas, es una novedad al interior del gremio, ya que por mucho tiempo el Colegio de Profesores tuvo una política centrada en temas salariales o netamente gremiales. Por lo demás, ha sido este comportamiento el que no ha contribuido a mejorar la imagen de los docentes frente a la sociedad en su conjunto. Superar la visión del docente como un mero “caza recompensas” del Estado, para llegar a reconstituirlo como un profesional movilizado que busca la mejora del sistema educacional en su conjunto, es una de las primeras grandes lecciones que dejó esta coyuntura. Se trata de superar un limitado horizonte político gremial, para pasar a conseguir la revalorización social de los profesores comprendiendo que nuestras movilizaciones no pueden atacar de forma parcelada los aspectos sistema educacional vigente. La preocupación por las condiciones de aprendizaje de los estudiantes, los contenidos curriculares, entre otros temas, deben ser parte de nuestro discurso y nuestras demandas. Por lo demás, siempre el aprendizaje de los estudiantes va de la mano de nuestras propias condiciones laborales.[2]
La democracia como acto político
La frustrada ratificación del acuerdo sobre la “agenda corta” entre el Colegio de Profesores y el Mineduc que se dio el 2014, fue vehiculizada a través de una consulta nacional dirigida con padrón abierto para profesores colegiados y no colegiados. Este hito, propiciado por la misma presidencia del Colegio –quizá por la confianza que les daba el momento político de alta aprobación hacia Bachelet- fue clave. La alta participación de las bases en la consulta –votaron 50.000 docentes- propició su politización y organización. Como era de esperar, el resultado fue un amplio rechazo al acuerdo total, pero con una valorización particular de la propuesta que le otorgaba a los docentes la titularidad bajo las condiciones dadas por el Mineduc.
{destacado-1} La consulta nacional quedó significada como la herramienta de participación más democrática al interior del Colegio, por lo que se hizo muy complejo para la presidencia del espacio buscar resolver sus diferencias de forma distinta. Esto transformó la lógica dirigencia-base al interior del Magisterio. Las ansias de participar, de ser protagonista de las decisiones, sumado a la desconfianza hacia la conducción oficialista, caló hondo en los profesores. La proyección de estos rasgos configuró un escenario en donde cualquier decisión que quisiera ser legitima y reconocida por la base, debía ser consultada de esta forma, o a lo más, tomada en Asamblea Nacional, donde los presidente de los comunales se transformaron en voceros de sus asambleas, al llevar al espacio la opinión mayoritaria de sus bases y no su opinión política personal. De forma paralela, los docentes no colegiados también generaron asambleas de bases, siguiendo la lógica anteriormente descrita. El asambleísmo y la democracia interna se transformaron en rasgos intransables de la organización docente.
Este contexto nos exige hacernos cargo de la forma orgánica de nuestro Magisterio, dado la autonomía con la que actúan los dirigentes nacionales. Por mucho que algunos hayan actuado de forma ética, respetando el mandato mayoritario, la responsabilidad de los dirigentes nacionales con sus bases debe quedar institucionalizada. Si no se realiza una reforma orgánica del Magisterio, los quiebres en sus vocerías y espacios de decisión se eternizarán, y en un país donde no sobran las organizaciones de masas, la izquierda no puede permitir ir dividiéndolas o quebrándolas según la coyuntura. El fortalecimiento de la organización de los docentes no pasa por constituir una organización paralela ni de quebrar la actual: la democratización del Colegio de Profesores es la opción políticamente viable y necesaria, dada su visibilidad pública, trayectoria histórica y reconocimiento como interlocutor válido. Lo anterior no quiere decir negar el sindicalismo docente, sino que afirmar que el espacio del sindicalismo del mundo particular subvencionado va paralelo y es complementario a la existencia del Colegio de Profesores.
Débil presencia institucional
El miércoles 24 de junio la Cámara de Diputados aprobó la idea de legislar sobre el proyecto de Carrera Docente. Esto echó por tierra la iniciativa de pedir el retiro del proyecto de ley, pasando al proceso de elaboración de las indicaciones, espacio que limita mucho el carácter y la profundidad de las modificaciones. Dado lo previsible de este contexto, nos asaltan las siguientes preguntas ¿Era realista y políticamente viable exigir el retiro del proyecto? El retiro nace como una apuesta táctica que podía permitir acumular fuerza social y legitimidad hacia la base, la opinión pública y la institucionalidad. Dado la correlación de fuerzas al interior del parlamento, el retiro, mediante el rechazo a la idea de legislar, siempre fue algo muy complejo de conseguir.
Comprendemos el sentido del paradigma pedagógico que se levantaba desde los profesores movilizados y estamos de acuerdo en ello: este proyecto de ley era por mucho el más neoliberal que ha presentado el gobierno hasta ahora y lo que éticamente correspondía era exigir su retiro. A nuestra razón, el problema de esto fue que por cerca de mes y medio estuvimos luchando por un retiro que sabíamos que era improbable y dejamos de hablar de las ideas educativas que nos habían permitido superar el sentido común del profesor como un “mal profesional”, por ejemplo: la construcción de una evaluación docente no punitiva que considere variables de trabajo colectivo y situado; la universalidad de la carrera, integrando a establecimientos particulares subvencionados; fortalecimiento de las comunidades educativas, entre otras medidas que fueron difundidas de distintos espacios.[3]
Con la demanda del retiro, se delegó la iniciativa política a un parlamento binominal, donde salvo contadas excepciones, todos los partidos estuvieron de acuerdo con la aprobación del trámite legislativo del proyecto. Consideramos que el mejor escenario para ganar nuestras posiciones era seguir profundizando el discurso educativo. El Colegio de Profesores debería haber salido a criticar el error pedagógico de este proyecto, atacando su extremismo neoliberal, no haciendo del retiro la centralidad de su política. De esta forma, el retiro como opción, hubiese “caído de cajón”, dado la amplia diferencia entre la propuesta social versus la iniciativa del Mineduc. Sabemos que es fácil Sabemos que es fácil ser críticos luego del complejo proceso experimentado, pero consideramos fundamental reflexionar y ser autocríticos en el seno de nuestro movimiento. La caída del retiro fue una derrota política y si no la asumimos y reflexionamos como tal, estaremos lejos de avanzar para las luchas futuras.
Por mucho que tengamos un gran acumulado social en ideas y organización, la debilidad institucional -en este caso parlamentaria- de las fuerzas transformadores del país, siempre nos pasará a la cuenta, llegando al parlamento a hacer una escena trágica de una profecía autocumplida, yéndonos a nuestros hogares con otra derrota más sobre nuestros hombros. Por otro lado, no podemos creer que el rechazo a la idea de legislar que se dio en la Comisión de Educación fue un avance o que “estuvimos cerca” de un triunfo. No podemos hacernos de victorias que no son más que el oportunismo de la derecha en su conflicto con el gobierno. Una izquierda transformadora no se apoya en fuerzas que representan su negación. No podemos comportarnos como apostadores, cuando lo que necesitamos es capacidad política y social propia.
En conclusión, reforzar nuestras ideas y proyectos educativos desde el movimiento social, construir organizaciones de masas en base al asambleísmo y la democracia activa, y desarrollar una fuerza política institucional propia, son los desafíos actuales. Sabemos que son enormes, pero contamos con un intangible que es central: los docentes comprendimos la lucha por la dignidad profesional, la importancia de la organización y le necesidad de la autoformación intelectual. Estas son nuestras armas y serán los pilares de la construcción y proyección de este nuevo movimiento docente.
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[1] La agenda corta contemplaba buscar avances en 5 puntos: 1. Descongelamiento del ingreso mínimo docente, 2. Bono de Retiro, 3. Titularidad de profesores a contrata, 4. Fin del agobio laboral y 5. Pago de la deuda histórica. De estos puntos, solo el 3 satisfizo las demandas del profesorado.
[2] Para ahondar más en esta dimensión: http://www.theclinic.cl/2015/06/24/carrera-docente-distancia-permanente-entre-los-profesores-y-eyzaguirre/ yhttp://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2015/05/07/las-preguntas-que-plantea-la-ley-de-carrera-docente-del-gobierno/
[3] Un espacio de trabajo colectivo de difusión de estas ideas fue la Campaña “Por una Nueva Educación: A dignificar la Carrera Docente”