Constitución del humanismo mexicano

A la memoria del compañero Yzhak Guevara León

Se celebró un aniversario más de la promulgación de las Constituciones de 1857 (segunda transformación) y 1917 (tercera transformación). La historia nos muestra que los grandes conflictos sociales que han ocurrido en nuestro país siempre han derivado en cambios profundos al marco constitucional y legal que norma al poder, que garantiza los derechos de los mexicanos y establece las relaciones de lo público y lo privado.

La Constitución no es un documento inamovible, y menos cuando se trata de una Constitución Política, por el contrario, dependiendo de la correlación de fuerzas, de los intereses de los partidos o grupos hegemónicos, y a veces hasta personales, se han hecho modificaciones que han llegado incluso a contradecir preceptos que se consideraban intocables. Por ejemplo, el movimiento social que dio origen a la Constitución vigente tuvo como motivo exigir el respeto al sufragio y la no reelección de los gobernantes. Esta disposición estuvo activa diez años, ya que, en 1927, se aprobó una reforma que establecía la reelección del Presidente de la Republica para un segundo periodo con la condición de que no fuera inmediato. Todo para satisfacer el interés de Álvaro Obregón. Todos sabemos cómo terminó este asunto.

La muerte de Obregón dio pie al surgimiento del “Maximato” periodo de nuestra historia bajo el control de Plutarco Elías Calles y con él, el nacimiento del Partido Nacional Revolucionario en 1929. En 1933, el congreso dio marcha atrás y determinó prohibir expresamente la reelección del Presidente de la República y de paso se agregó a los gobernadores y presidentes municipales.

La llegada del “Cardenismo” también trajo cambios que correspondían al proyecto político y a la ideología progresista del General Cárdenas y su generación. Nacionaliza al petróleo e instituye en la Constitución que el petróleo y los hidrocarburos son propiedad de la Nación y solo la Nación tiene derecho de explotarla. Incorpora en el artículo tercero el carácter socialista a la educación que imparte el Estado. Nunca logró consolidarse, porque el gobierno que lo sucedió, dio marcha atrás en 1940, y suprimió el carácter “socialista” de la educación.

También la Constitución fue recogiendo exigencias y reclamos de diversos sectores sociales.  30 años después de su promulgación, la Constitución estableció el derecho de las mujeres a votar y ser votadas, pero solo a nivel municipal. No es sino hasta 1953, que se reconoce este derecho de manera general.

En un corte histórico se considera como gobiernos que responden a la agenda de la Revolución Mexicana, aquellos que van de 1924 a 1982. De Álvaro Obregón a José López Portillo.  Digamos que el rasgo distintivo de las múltiples reformas constitucionales fue colocar el interés público por encima del interés privado. De hecho, la última reforma de este periodo es la nacionalización de la banca en noviembre de 1982. En la que se estableció que el servicio público de banca y crédito será prestado exclusivamente por el Estado y no será objeto de concesiones particulares.

Después todo cambio. El PRI fue tomado por los neoliberales y el PAN por los “bárbaros del norte”. Y desde 1982 lo único que importó fueron los intereses privados. La oligarquía mexicana tomó el control de esos dos partidos, los convirtió en el PRIAN y dieron paso a la larga noche de contrarreformas neoliberales.

En 1990, Salinas de Gortari ordena al Congreso suprimir la disposición constitucional que establecía que el servicio público de la banca y crédito sería prestado exclusivamente por el Estado e inicia el reparto del “botín” entregando a sus amigos y socios el patrimonio nacional. Primero la banca, después las empresas de telecomunicación, ponen al mercado las tierras ejidales y comunales, privatizan los servicios de salud y de educación. El gobierno se constituye en un “Comité de saqueo al servicio de los grandes intereses privados”.

El Pacto por México es el colofón de esta larga noche. Las contrarreformas estructurales del 2013 abrieron la puerta al capital privado en la industria energética. El petróleo y la electricidad se ofrecieron al mejor postor. En el exceso de la borrachera neoliberal incluso permiten la privatización de las playas y entregan el 70 por ciento del territorio nacional a empresas extranjeras dedicadas a la explotación minera. 

Todo eso fue posible, porque contaron con mayoría calificada en el Congreso de la Unión.

A partir de 2018, por voluntad popular se vive en México un cambio de régimen. Pero todo cambio para ser trascendente y no solo una cuestión de coyuntura, debe expresarse en la Constitución. El régimen que la izquierda propone se encuentra en varios textos y documentos, como el “Proyecto Alternativo de Nación”, “La Salida”, el “Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024”, las “20 Iniciativas de Reforma enviadas por el Ejecutivo Federal el 5 de febrero de 2024”, los “100 Puntos de Nuestro Proyecto de Nación” y las “Iniciativas de Reforma Constitucional” de Claudia Sheinbaum. 

En estos documentos se dibuja un nuevo país, que descansa en dos grandes pilares, la soberanía nacional y la dignidad del pueblo. La mayoría calificada con la que cuenta la Cuarta Transformación ha acelerado el proceso de cambios constitucionales. Sin duda el más significativo es la Reforma al Poder Judicial. La elección de sus integrantes por el voto de las mexicanas y los mexicanos constituye un parteaguas en la conformación de la República.  Ahora los tres poderes serán producto de la voluntad popular y si a eso agregamos la desaparición de los “órganos autónomos” creados como botín de reparto, se habrá restablecido a plenitud los establecido en el artículo 39 de la Constitución, “Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este”.

Así como tuvimos la Constitución del Nacionalismo Revolucionario, sustituida luego por la Constitución Neoliberal, la Constitución de esta etapa de nuestro país, muy bien podría llamarse la Constitución del Humanismo Mexicano. Al tiempo.

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