Por Roberto Pizarro Hofer
Este lunes 17, los miembros del Consejo Constitucional presentaron sus enmiendas al texto redactado por la Comisión de Expertos. La propuesta del denominado Partido Republicano (PR) representa un retroceso brutal en los avances civilizatorios que, con tanto sacrificio, ha conseguido nuestro pueblo. Sus enmiendas no sólo se apartan de los límites (bordes) que fijó el Parlamento, sino que también rechazan casi en su totalidad el texto redactado por la Comisión Experta.
En efecto, en el plano político institucional el PR propone reducir el número de parlamentarios desde 155 a 132 escaños, con la eliminación adicional de la paridad de salida, junto a la supresión de la iniciativa popular para derogar leyes, la elevación del quorum a 2/3 para reformas constitucionales y la mantención del control preventivo del Tribunal Constitucional. Es la defensa del patriarcado y, al mismo tiempo, poner una muralla contra los ciudadanos que desean defender derechos y proponer iniciativas.
En lo social, los “republicanos” sostienen que la seguridad social debe garantizar la libertad de elegir el administrador; en salud, reponen la cláusula de libertad de elección para que la cotización obligatoria sea administrada por entidades privadas; y, rechazan el aborto en cualquier condición. En educación, explicitan que los padres sean los titulares del derecho a escoger la educación de sus hijos. A ello agregan que deben prohibirse las huelgas en los servicios educativos. Es el rechazo a un Estado Social de derechos y la continuidad de la ineficiente y corrupta subsidiaridad.
En el plano sindical proponen limitar el derecho a huelga y por cierto excluyen de ese derecho al sector público, tal como está presente en la Constitución vigente. Intentan con ello fortalecer aún más el poder empresarial y mantener a los trabajadores sin capacidad de negociación.
En el ámbito internacional, proponen que la Constitución se encuentre por sobre los tratados internacionales y, en consecuencia, no es posible delegar soberanía, lo que es propio a todo tratado. Esto vulnera gravemente el derecho internacional, especialmente en derechos humanos.
Además, los republicanos proponen dos capítulos especiales, para ser incluidos en la Constitución. Uno, para las Fuerzas Armadas y otro sobre seguridad. Aquí, se intenta independizar a las instituciones armadas del poder civil, cuestión inaceptable en un régimen democrático.
No hay que sorprenderse con estas propuestas radicales y de escasa vocación democrática del PR. Han aprendido de Vox, Trump y Bolsonaro. Y, uno de sus electos consejeros, Luis Silva, líder de su grupo y numerario del Opus Dei, ya nos había advertido el camino intransigente que seguiría su partido político, en entrevista con el Diario Financiero:
«…cuando nos hablan ahora de la necesidad de llegar a acuerdos, ¿por qué cresta siendo mayoría tenemos que llegar a acuerdos con la minoría? Que ellos se lo ganen, aquí es problema de ellos, no de nosotros…Yo no quiero pasar máquina, pero aquí la apertura al acuerdo es de quien está en minoría».
Bien partisano el señor, como se acostumbra a decir ahora. Y de transversalidad nada.
Por cierto, las propuestas de “republicanos” son completamente inaceptables. Sin embargo, Chile Vamos ya ha respaldado gran parte de ellas, aunque sus miembros fueron parte de la redacción del texto de la Comisión de Expertos. Parece que en este terreno el pacto entre las dos derechas comienza a convertirse en realidad, bajo la hegemonía del PR.
Políticos chilenos, de distintas orientaciones, suelen sostener que “Los problemas de la democracia se resuelven con más democracia”. Sin embargo, el Parlamento dio la espalda a ese apotegma cuando decidió marginar al pueblo para impulsar un proceso constituyente, controlado desde la elite política.
Los parlamentarios olvidaron que es el Poder Constituyente (o sea el pueblo) y no el Poder Constituido el que debe escribir la Carta Magna. Con ello intentaban asegurar el control del actual proceso Constituyente, que en el anterior habían perdido. Igual se les fue de las manos y el resultado se ha probado un desastre, con responsabilidad principal para la centroizquierda parlamentaria que se la jugó, sin mediación alguna, con este discutible proceso.
La propuesta Constitucional, que impulsa el PR y que apoya Chile Vamos, es un retroceso civilizatorio, político y social, de envergadura, que la izquierda y sectores del centro democrático no pueden aceptar.
En los meses que vienen la ciudadanía tendrá que ser debidamente informada que está en gestación una Constitución Pinochetista 2.0, que significará pérdida de derechos fundamentales del pueblo. Además, esa propuesta de los “republicanos” constituye una verdadera provocación, en momentos de conmemoración de los 50 años del golpe de Estado.
Por Roberto Pizarro Hofer
Columna publicada originalmente el 18 de julio de 2023 en Politika.
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