Cooptación de la Planificación Territorial

La planificación territorial es un instrumento que permite, de forma constante, tomar decisiones políticas, las cuales a su vez se sustentan en valores y convicciones sociales propias de un territorio. Esta afirmación permite entender a los procesos de planificación como una situación deseada que requiere ser concebida, acordada y pactada, y que busca el cumplimiento de un objetivo mayor a través de los propios medios de una sociedad.

Es así como en Chile en los últimos meses, y a partir de las mal llamadas “catástrofes naturales” (aluvión en el norte, volcán Calbuco, sequía permanente en casi todo el país, niveles de contaminación atmosférica histórica, entre otros), se ha escuchado de forma recurrente la necesidad de contar con una planificación territorial adecuada, que permita construir territorios de forma más sustentable y ordenada. Sin embargo, y a pesar de lo reiterativo en el uso de la frase, al parecer no existiría un mayor entendimiento de lo que implica planificación territorial.

En este sentido, es importante mencionar que Chile es un país que cuenta con innumerables instrumentos bajo los cuales se suscribe la planificación territorial, tanto de zonas urbanas como rurales, los cuales a su vez requieren de nuevos estudios, diagnósticos y por ende, mayor movilización de recursos. Estos instrumentos, ya sean Estrategias de Desarrollo Regional, Planes de Desarrollo Comunal, Plan Regulador Comunal, Zonificaciones, Plan de Uso del Borde Costero, por mencionar algunos, se encuentran dispersos en diferentes ministerios que cuentan con sus propios mandatos particulares, fenómeno que genera una compartimentalización de la institucionalidad, fomentando un accionar sectorial y, finalmente, desdibujando el desarrollo de una política de planificación territorial propiamente tal. A modo de ejemplo, la SUBDERE (Subsecretaría de Desarrollo Regional), organismo encargado de la descentralización y del desarrollo de instrumentos territoriales, pertenece al Ministerio del Interior, organismo que a su vez se encarga de la seguridad pública y coordinación política. Por su parte, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, también cuenta con mecanismos de planificación territorial, generando traslapes, ineficiencias y descoordinación entre ambos organismos. Es decir, iguales funciones con diferentes ejecutores y presupuesto duplicados.

No se puede dejar de mencionar que este desarrollo institucional del país se presenta bajo un modelo político y económico de carácter neoliberal, presente en Chile, el que en materia de ordenamiento territorial, prioriza muchas veces el interés de particulares (ej: extracción de recursos naturales) por sobre el bien común. Esta característica se hace determinante al momento de definir, diseñar y ejecutar políticas, programas y proyectos que buscan una mejor planificación del territorio, debido a los valores y la ética bajo la cual dicha planificación se sustenta.

Es en este contexto, el desarrollo de los territorios del país se ha ido definiendo sin mayor intervención que la entregada por el propio sistema económico (usos de suelos, propiedad de las aguas, deforestación del bosque nativo, etc.), generando un verdadero mercado de territorios naturales. Son estos conflictos territoriales los que han permitido sacar a la luz los grandes intereses creados que se encuentran en disputa al momento de generar herramientas de planificación territorial acordes a los territorios en conflicto versus el crecimiento que las propias industrias demandan.

Ante tales escenarios, el Estado debe entender que esta planificación es más que un proceso técnico y físico, es una problemática de carácter político, que requiere de voluntades y convicciones de una sociedad entera, una visión futura de país y de los valores que la regirán. Es necesario un entendimiento social y cultural, que ponga de manifiesto valores éticos propios de sus habitantes y actores sociales, que permita una mirada holística de las múltiples relaciones humano-naturaleza presentes en los distintos niveles territoriales.

La planificación territorial debe considerarse desde las bases de los territorios, con especial énfasis (sí, hacer discriminación positiva, no más trato igual o que el mercado decida) en los sectores vulnerables, tanto de manera económica como social y política. El Estado se construye desde lo local, estableciendo relaciones horizontales y verticales, integradas y complejas. La simplificación de variables no define una mejor respuesta a un determinado problema, por el contrario, la subestima. La respuesta a un problema complejo debe ser compleja, con una amplia cantidad de variables que los mismos territorios exigen. Junto a esto, la relación existente entre zonas rurales y urbanas es parte de un continuo territorial (la inclusión de áreas silvestres a esta relación complejiza aún más la problemática), la dicotomía rural-urbano prácticamente ya no existe, sino más bien se presenta como un flujo permanente que requiere ser abordado como tal, sin simplificaciones estadísticas ni matemáticas.

Hoy en día la planificación de los territorios (más bien el desarrollo de instrumentos regulatorios) proviene desde un gobierno central, que en múltiples casos se ha visto cooptado por intereses económicos particulares. Estos intereses juegan un rol determinante al momento de establecer mecanismos de regulación y ordenación de territorios, promoviendo el anclaje del capitalismo (como lo plantea de forma clara David Harvey), por ejemplo, a través del establecimiento y desarrollo de grandes empresas en zonas rurales, que justifican su accionar por medio de oferta de empleos precarios, salarios indignos y tratos ambientales vergonzosos (agroindustrias, salmoneras, mineras, forestales, entre las más mencionadas).

La voluntad política, más aún la convicción política, debe provenir de un Estado y sociedad empoderados, robustos y de acción más que reacción, que sitúe el desarrollo de la relación humano-naturaleza por sobre el crecimiento económico. Una nueva Constitución que Chile necesita, debe conceder potestad y recursos económicos para que sea el Estado y la sociedad en su conjunto, quienes planifiquen de manera vinculante sobre sus propios territorios y recursos. En este sentido, es fundamental que los valores sociales y políticos actúen sobre la base del empoderamiento local y comunitario, el accionar conjunto sobre “nuestros territorios”, donde la relación humano-naturaleza sea sustentable, pero desde una sustentabilidad ética y moral, no aquella sostenibilidad que promueve el cuidado del medio ambiente como herramienta que justifica un tipo de crecimiento económico “verde” presente actualmente, el cual es socialmente injusto y que esconde los intereses más profundos de un sistema político-económico perverso

Por Marco Enríquez-Ominami, Presidente de Progresa.

Raul Contreras, Coordinador Programa Desarrollo Rural de Progresa