COP 16: ¿Quién pagará la cuenta?

La negativa de los países más ricos no sólo a cumplir con el compromiso de 20 mil millones de dólares para 2025, sino también a buscar los consensos para avanzar en la agenda de movilización de recursos, fue la gran decepción de este encuentro.

COP 16: ¿Quién pagará la cuenta?

Autor: El Ciudadano

Por Estefanía González

En muchas materias, la recién celebrada COP 16 de Biodiversidad logró acuerdos y avances positivos, siendo posible instalar muchas de las preocupaciones del Sur Global en la convención, e impulsar diversas materias que benefician directamente a la biodiversidad mundial.

Uno de los acuerdos mejor recibidos en esta conferencia fue la creación de un nuevo organismo dedicado a los derechos, roles, territorios y conocimientos de los pueblos indígenas, así como los avances en la protección de los océanos y en la integración de la biodiversidad y la acción climática. Sin duda, uno de los grandes legados de esta reunión será el reconocimiento a las comunidades (locales e indígenas) y su trabajo de conservación, así como la incorporación de los pueblos afrodescendientes dentro de la convención. Al mismo tiempo, se creó el “Fondo de Cali” para que las empresas paguen por las ganancias millonarias que obtienen de los recursos genéticos de la naturaleza; se busca que estos recursos sean destinados precisamente a la protección de la biodiversidad.

En el plano local, el equipo negociador de Chile hizo un buen trabajo -sobre todo considerando que somos un país pequeño y con una delegación mucho menos imponente que aquellas pertenecientes a las principales potencias-, y logró estar presente en los debates más relevantes de esta COP, sobre todo en las discusiones relativas a la defensa de la agenda de océanos.

Si pudiésemos evaluar el éxito o fracaso de esta cumbre sólo por los mencionados acuerdos, esta conferencia sería recordada como una cumbre muy exitosa y que supo aprovechar la oportunidad de estar de local en América Latina. Lamentablemente, no todo en Cali fue positivo.

La negativa de los países más ricos no sólo a cumplir con el compromiso de 20 mil millones de dólares para 2025, sino también a buscar los consensos para avanzar en la agenda de movilización de recursos, fue la gran decepción de este encuentro. ¿De qué sirve estar en la misma línea sobre lo que debemos hacer para conservar nuestro planeta y su biodiversidad si no contamos con los recursos para aquello? Luego de 12 horas de plenario, los acuerdos en materia de financiamiento ni siquiera fueron abordados.

Esta cumbre nos mostró una vez más cómo las naciones más ricas del orbe se desentienden de su tremendo impacto en nuestro planeta y de la responsabilidad -en este caso, económica- que por ello debieran asumir como artífices de los enormes problemas ecológicos de los que hoy somos testigos. Es importante que el mundo desarrollado entienda, que cada dólar que moviliza hacia la protección de la biodiversidad, no es un favor hacia el mundo en desarrollo, es una inversión hacia el bienestar de sus propios ciudadanos que también sufren con el avance acelerado de la pérdida de biodiversidad.

A nivel nacional, nuestros desafíos en la materia también son importantes: sin bien el equipo negociador hizo un gran trabajo en la defensa de nuestras agendas y se actualizaron las metas propuestas (target), el país no logró llegar a este encuentro con un punto básico: el Plan de Acción de Biodiversidad Nacional (NBSAP, por sus siglas en inglés).

Es de esperar que próximamente se instaure un proceso de Participación Ciudadana donde, además de abordar la creación de este plan de acción para poder implementar el Marco Global de Biodiversidad en el país, se discuta nuestra NDC (Contribución Determinada Nacional), la que debe ser presentada a más tardar el próximo año en la COP 30 de Clima a realizarse en la ciudad de Belem, en Brasil.

Además de estas importantes gestiones pendientes, debemos generar progresos en la creación de instrumentos reales de protección de la biodiversidad en Chile. Duele ver que, mientras las autoridades medioambientales y los negociadores del país buscaban impulsar acuerdos que fomentarán la conservación de la biodiversidad en el mundo, en nuestro propio país los lugares que deben proteger a su diversidad biológica fallan en ese intento; ejemplo de aquello es el reciente caso de dos ballenas jorobadas muertas en las cercanías de centros de engorda salmoneros, ubicados, en ambos casos, al interior de áreas protegidas en la Patagonia chilena.

Es fundamental recordar que la meta 30×30 (la protección del 30% del planeta para 2030) también se refiere a la restauración de ecosistemas dañados, donde las áreas protegidas impactadas por industrias altamente contaminantes (como lo son la salmonera, forestal y minera, por ejemplo) debieran estar en el centro de las prioridades de las autoridades de nuestro país.

Las preocupaciones y problemas de nuestro país no son aislados y, desafortunadamente, representan el lamento de la mayoría de las naciones del Sur Global, donde este tipo de industrias (frecuentemente, de capitales extranjeros) arrasan con los territorios y destruyen nuestra naturaleza. Es hora de que sean las naciones más ricas y sus industrias -y no las comunidades locales- quienes paguen la cuenta de los daños provocados a la biodiversidad.

Por Estefanía González

Subdirectora de Campañas de Greenpeace


Las expresiones emitidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de su autor(a) y no representan necesariamente las opiniones de El Ciudadano.

Sigue leyendo:


Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano