COP25: ¿Salvar al sistema imperante o salvar a la humanidad?

El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, llamó a los líderes de la naciones a presentar planes “concretos y realistas”para mejorar sus Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) de aquí al 2020 y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en 45% en los próximos diez años, para llegar a cero el 2050. En el Acuerdo de París (2015), el mundo se puso la meta de detener el aumento de la temperatura promedio del planeta en 2 ºC. Cada país se comprometió a tomas medidas verificables para alcanzar ese fin. En el 2018, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) informó que la diferencia entre detener el alza de la temperatura en 2 ºC en vez de 1,5 es de vida o muerte. La  reciente Cumbre del Clima de la ONU ha contado con la participación de cerca de un centenar de jefes de Estado. Es otra ocasión en que Piñera se empeña por ser uno de los líderes mundiales sin reunir las condiciones para ello.

Lo que surge es perplejidad por el contenido del discurso del Presidente de la República de Chile (24-9-2019)  ante la 74º Asamblea General de la ONU, cuyo telón de fondo es la realización en Chile de las cumbres Apec en noviembre y la COP25 en diciembre. En consecuencia, el discurso de Piñera ante el plenario de la ONU se ha centrado en el cambio climático, así como también en el libre comercio, el multilateralismo y la defensa de la democracia. En relación al cambio climático, las referencias principales fueron en torno a los desafíos para enfrentar el calentamiento global; la defensa de los bosques tropicales y lluviosos; la protección de los océanos; y políticas y esfuerzos ante la sequía y la escasez hídrica.

Llama la atención la elección de Chile como sede de la Conferencia de la Partes sobre Cambio Climático (COP25) en circunstancias de que el gobierno de Piñera no firmó el Acuerdo de Escazú (Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y El Caribe), no obstante haber sido Chile uno de los convocantes a dicho evento. El Acuerdo de Escazú incluye normas de protección a defensores del medio ambiente, quienes están siendo las principales víctimas de amenazas y asesinatos tanto en Chile como en toda América Latina.

Los países de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) entró en vigor en 1995. En el 2018, los países parte aceptaron que Chile fuera sede la COP25 que se realiza todos los años. El objetivo de estas reuniones es buscar acuerdos para detener los efectos (no se mencionan las causas) del cambio climático, de tal manera que afecte con menor intensidad a los seres humanos y a la naturaleza.

Por su parte, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPPC) en todos sus informes científicos ha señalado que el planeta se enfrenta a un proceso irreversible y casi imposible de dimensionar. La crisis es planetaria y se requieren respuestas como humanidad. Pero ello no excluye a los gobiernos en la protección de sus poblaciones, cuestión que el gobierno de Chile no ha asumido y, sin duda, una vez más encenderá luces de artificios entre los días 2 y 13 de diciembre próximo.

Habituado a las manipulaciones mediáticas y contradicciones discursivas, el gobierno de Chile no ha asumido los efectos de las malas políticas públicas ambientales, tales como la contaminación por leña en las ciudades del sur; las “zonas de sacrificio” (Puchuncaví, Quintero, Mejillones,  Tocopilla, Coronel, Huasco); la sequía en diversas regiones; la destrucción de glaciares por la actividad minera; la usurpación de agua en Petorca; la erosión y degradación de tierras; la deforestación e incendios forestales; la fractura de la península antártica;  las varazones de animales oceánicos; la contaminación de mares, ríos y lagos; la extinción de la flora y de la fauna; las actividades económicas a gran escala que dañan la calidad de vida.  (Cfr: Liberona, F., “Le Monde Diplomatique”, edición chilena, septiembre de 2019).

En relación a la situación descrita, un grupo de diputados  presentó un proyecto solicitando al Presidente de la República que se declare en el país emergencia climática y ecológica y que se regule a través de una ley el proceso para llegar a la carbono neutralidad (14.8-2019). El poder ejecutivo sólo se ha remitido a presentar un anteproyecto de Ley Marco de Cambio Climático.

De máxima gravedad inmediata es la crisis de agua. En los últimos años, el uso de agua para producir energía ha crecido cinco veces. A modo de muestra: el DFL Nº 1.122, del 29 de octubre de 1981, otorga el derecho a particulares de adueñarse de las aguas en forma gratuita y a perpetuidad, dándoles el derecho de usarlas como cualquier otro bien privado. El Código de Aguas separa los derechos de agua del dominio de la tierra, despojando de las aguas en su mismo territorio, incluso a las comunidades rurales y a pequeños agricultores.  El 90% del agua está privatizada y la mayor cantidad es utilizada por las empresas mineras que explotan 5,5 millones de toneladas de cobre fino. Para una tonelada de cobre fino se requieren 100 m3 de agua, que corresponde a la cantidad que utiliza una persona durante un año. Cochilco ha dado a conocer que la demanda de agua por parte de la minería, entre los años 2017 y 2018, crecerá desde 16 m3 por segundo a 24 m3.

Hoy existen 380 mil viviendas rurales sin acceso al  agua potable. La región de Valparaíso ha sido declarada zona de emergencia agrícola por escasez hídrica (8-8-2019). Sin embargo, las grandes empresas exportadoras  se oponen a cualquier cambio a la normativa del Código de Agua y continúan con la plantación de cerros con paltos, mientras los campesinos pierden sus  siembras, mueren sus animales y a los sobrevivientes deben trasladarlos hacia el sur, se destruyen sus identidades territoriales y culturales. 

La COP25 deberá ser una ocasión para tomar conciencia de que destruir la naturaleza es destruir al ser humano. Vivimos una crisis global de la humanidad, que no puede ser resuelta dentro del capitalismo, porque no se puede servir al dios del sistema financiero internacional  y al mismo tiempo a la vida humana y a la naturaleza. Es ésta una verdad valientemente expresada por el Papa Francisco en la encíclica “Laudato Sí”: “el actual sistema económico alimenta la crisis climática y, a la vez, trabaja activamente para impedir que tomemos las medidas necesarias para evitarla”.

La COP25 nos lleva a formular una pregunta decisiva: ¿hay que salvar el sistema o salvar a la humanidad?

Por Hervi Lara B.

Santiago de Chile, 24 de septiembre de 2019.