Corrupción y extractivismos: una mutua dependencia

Eduardo Gudynas

En los recientes casos de corrupción que golpean a todos los países sudamericanos es común que se ponga el acento en los volúmenes de dinero involucrados o las implicancias políticas. Detrás de esas noticias existe una particularidad más que llamativa: buena parte de esos casos están relacionados directa o indirectamente con los extractivismos minero, petrolero o agrícola. Dicho de otro modo, se observa que allí donde hay aprovechamientos muy intensivos de recursos naturales, con todos sus impactos sociales y ambientales, es mucho más probable que opere la corrupción.

Aparece ante nosotros una íntima asociación entre extractivismos y corrupción. Estamos rodeados de esa evidencia. Las más conocidas son las investigaciones en Brasil, que ya involucra a 118 personas detenidas, entre ellas políticos y empresarios destacados, estimándose que desde la petrolera estatal Petrobras y las empresas de construcción se desviaron unos 1 895 millones de dólares. Pero en estas mismas semanas avanza poco a poco la investigación de la corrupción desde la estatal PetroEcuador, que tuvo episodios impactantes como hallar decenas de miles de dólares escondidos en los techos de unos de los implicados en las coimas. En Argentina se investigan negocios fraudulentos con la importación de gas natural, mientras que en Venezuela la corrupción es uno de los factores en los asesinatos para controlar yacimientos mineros en el sur de ese país.

En todos los países, en todos los sectores

Una investigación que hemos realizado desde CLAES (Centro Latino Americano de Ecología Social), que está en su etapa final, ya permite señalar algunas conclusiones. La primera es que en todos los países sudamericanos se han identificado casos de corrupción que envuelven a los extractivismos. No se han salvado ni siquiera las dos naciones que exhibían los mejores registros de transparencia ante la corrupción, que son Chile y Uruguay. La situación de SQM y otros casos similares son bien conocidos en Chile, mientras que en Uruguay está en marcha una investigación sobre el desempeño de la petrolera estatal ANCAP, y en el pasado reciente se confirmaron casos que involucraban la minería de calizas, por ejemplo.

La segunda, es que se han encontrado casos de corrupción para todas las variedades de extractivismo: minero, petrolero, forestal, agrícola y pesquero. En los dos primeros tipos son frecuentes situaciones que involucran corrupción en el acceso a áreas de exploración o explotación, tráfico de influencias para obtener ventajas tributarias, sobrecostos de operación o triangulación con otras empresas para captar dinero, ocultamiento de los impactos sociales y ambientales, cobertura a los que criminalizan o agreden a las comunidades locales, etc.

En la agricultura intensiva sucede algo similar con el acceso a las tierras y los permisos de deforestación, la cobertura dada a mafias que están involucradas en el tráfico ilegal de madera, o las redes que ocultan o impiden investigar o sancionar la contaminación por agroquímicos.

Un tercer aspecto es que la corrupción está presente bajo muy distintos regímenes de propiedad en el acceso y extracción de los recursos naturales. Nos encontramos, otra vez, con grandes empresas extranjeras envueltas en el pago de sobornos u otros hechos similares, pero lo mismo aparece en empresas mixtas estales – privadas (como Petrobras de Brasil) o estatales (como PDVSA de Venezuela). La esperanza que las empresas nacionales, controladas por el Estado, fueran inmunes a la corrupción extractivista se han derrumbado.

Recordemos aquí que el concepto de extractivismo no es exactamente un sinónimo, por ejemplo de minería o agricultura. En efecto, esa idea se refiere a los casos particulares de apropiación de recursos naturales pero en grandes volúmenes o por procedimientos intensivos de altos impactos ambientales, para exportarlos como materias primas. Se refiere a casos específicos como la megaminería a cielo abierto, las perforaciones de gran profundidad de las petroleras, el fracking, o los monocultivos de transgénicos.

No hay ninguna forma de apropiación de recursos naturales que sea más inmune al dinero de la corrupción.

Contextos políticos y sociales

Un cuarto aspecto es que la actual corrupción extractivista mantiene esos conocidos componentes de algunas personas ambiciosas que desean llenar sus bolsillos. Pero a ello se suma su papel como vía de financiación de partidos políticos, como muestran por ejemplo distintos casos en Bolivia, Brasil o Chile. De esta manera, el sistema político queda comprometido por esa corrupción al convertirse en una de sus proveedores de dineros especialmente para las campañas de publicidad, actos y otros apoyos partidarios similares.

Una quinta particularidad a destacar es que esta asociación entre extractivismos y corrupción afecta a todo tipo de actores, tal como surge de sistematizar los participantes en todos los casos conocidos. Nadie está a salvo. Es evidente la participación de políticos y empresarios, y con ellos de funcionarios estatales, personas en el poder judicial, policías y militares, e incluso consultores. Además hay situaciones con la participación de periodistas, por ejemplo cayendo en criminalizar la protesta local ante la megaminería (como ocurrió alrededor del proyecto megaminero Tía María en Perú).

Pero la corrupción también ha alcanzado a organizaciones de la sociedad civil, como pueden ser líderes locales, o grupos campesinos o indígenas. Uno de los casos más alarmante, pero también más triste, involucra a líderes indígenas en Bolivia que manejaban un fondo que se nutría de los impuestos sobre los hidrocarburos. Un reporte que se acaba de presentar afirma que el daño para el Estado es de aproximadamente 78 millones de dólares (el presidente Evo Morales lo ha estimado en el pasado en unos 2 millones de dólares). Allí participaron líderes de base que representaban organizaciones indígenas y campesinas.

Esta es una de las conclusiones más graves de nuestra investigación. La corrupción de los extractivismos también está erosionando algunas organizaciones de la sociedad civil. Son tan enormes las cantidades de dinero alrededor de proyectos extractivistas y tan pobres muchas de las comunidades que viven allí donde están esos recursos naturales, que se crean abismales asimetrías de poder. Las expectativas de remontar la pobreza local, por cierto muy comprensibles en muchos casos, pero también las miserias humanas, hacen que poco a poco penetre la racionalidad del mercado, y con ella la corrupción.

Los extractivismos dejan también en claro la diversidad de expresiones en la corrupción. Usualmente la concibe como sobornos o dádivas de algún tipo para conseguir una ventaja. Pero en realidad el concepto de corrupción es más amplio ya que se refiere a los casos donde se recibe una contrapartida, que puede ser en dinero como en otras formas (por ejemplo, conseguir un cargo en el gobierno o en una empresa), y que explica actos ilegítimos que se apartan de las normas, que por lo tanto son ilegales o alegales. La ilegalidad implica violaciones del marco legal, como pueden ser leyes o decretos; la alegalidad se refiere a hacer trampas aprovechando los huecos que hay en nuestra legislación para obtener ventajas que claramente son contrarias al espíritu de las normas.

Esto desemboca en muy distintas formas de corrupción, y una vez más, en todas ellas se pueden observar casos asociados a los extractivismos. Se pueden señalar al cohecho, por ejemplo cuando un funcionario público modifica un juicio para conceder una explotación minera o petrolera, el tráfico de influencias para esconder las denuncias de impactos sociales o ambientales, la prevaricación que ocurre cuando una autoridad judicial dicta una resolución arbitraria, ilegal o incorrecta, a sabiendas de ello y con la finalidad, pongamos por caso, entorpecer la investigación de la represión a comunidades locales. Tampoco puede dejar de tenerse presente que son conocidas las circunstancias donde es mucha gente la que sabe de la corrupción que envuelve a un emprendimiento extractivista, y nada hace ni dice, y con ello contribuye a una densa red de encubrimiento y obstrucción de la justicia.

Una íntima asociación

Se llega así a una inevitable conclusión: la corrupción en los extractivismos no es el resultado de hechos aislados frutos de unos pocos inescrupulosos. Por el contrario, hay una repetida, consistente e íntima asociación entre extractivismos y corrupción.

Los extractivismos necesitan de la corrupción por diversos motivos, como puede ser el acceso a las concesiones, disfrutar ventajas tributarias, y muy especialmente, ocultar sus impactos ambientales y sociales y la criminalización violenta de las comunidades locales.

Paralelamente, distintos conjuntos de actores dentro del Estado y los partidos políticos necesitan de la corrupción por diversas razones personales, pero también como fuente de financiamiento de un cierto modo de hacer política. Como los extractivismos manejan enormes sumas de dinero, son una de las más apetitosas vías para alimentar las redes de corrupción.

Por todas estas razones, a los conocidos argumentos de construir alternativas a la dependencia extractivista para erradicar sus impactos sociales y ambientales, se suma ahora la lucha contra la corrupción. La recuperación de una política que sirva a los ciudadanos y el ambiente es imposible con esta penetración de la corrupción, y por eso mismo, es también incompatible con los extractivismos.

*Eduardo Gudynas es analista en temas de ambiente y desarrollo en CLAES (Centro Latino Americano de Ecología Social); se lo puede seguir en twitter: @EGudynas.