Corte Penal Internacional: Inútil organismo internacional

En un artículo anterior sobre este organismo internacional denominado Corte Penal Internacional (CPI) autodefinido como de carácter independiente y conocido también como Tribunal Penal Internacional (TPI) sostuve -y en ello no ha cambiado un ápice mi afirmación- que este órgano de justicia, más allá de ciertas acciones de denuncia respecto a delitos considerados de extrema gravedad (crímenes de genocidio, guerra, agresión y lesa humanidad), no ha sido una institución que haga valer una línea de acción justa para los pueblos sometidos a las presiones, acciones y conductas violatorias del derecho internacional.

Una CPI incapaz de llevar adelante, por ejemplo, la investigación y procesamiento de políticos, militares y hasta civiles del régimen israelí, mostrando que, a la hora de definir líneas de acción imperativas, simplemente se rinde ante las presiones de los aliados de la entidad nacionalsionista, que son precisamente las potencias occidentales; mostrando con ello el sometimiento a los dictados de esos poderes hegemónicos, en desmedro del sur global (¹).

Lo referido con relación al ente israelí relacionado a la mencionada incapacidad y freno, no sólo se vive desde hace 76 años –cuando se funda el régimen sionista denominándolo Israel– sino porque desde el 7 de octubre de 2023 (tras la operación Tormenta de Al Aqsa llevada a cabo por la resistencia palestina) esos crímenes de guerra y lesa humanidad se han incrementado hasta alcanzar cifras monstruosas, que, según datos entregados por la revista médica británica The Lancet significan, hasta ahora, la muerte del 8 % de la población de la Franja de Gaza. Es decir, 190 mil muertos, entre ellos el 70% mujeres y niños.

En marzo de este año 2024, en plena campaña de exterminio sionista contra Palestina, durante la sesión ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Francesca Albanese, relatora especial de las Naciones Unidas sobre los territorios palestinos desde 2022, sostuvo que “hay motivos razonables» para creer que se ha alcanzado el umbral que indica la comisión del delito de genocidio contra los palestinos como grupo en Gaza. «En concreto, Israel ha cometido tres actos de genocidio con la intención requerida: causar graves daños físicos o mentales a miembros del grupo; infringir deliberadamente al grupo condiciones de vida calculadas para provocar su destrucción física total o parcial; imponer medidas destinadas a impedir los nacimientos dentro del grupo” (²). Claro y preciso, el régimen israelí es genocida y la Corte Penal Internacional debe dejar de lado su cobardía política y llamar a parar los crímenes que como Netanyahu y su sociedad cada día devienen en una entidad nazisionista que debe ser detenida y eliminada.

Crímenes, exterminio, genocidio, tan despreciables y horrorosos como aquellos que llevó a cabo el régimen nacionalsocialista alemán contra los pueblos europeos durante la Segunda Guerra Mundial. Y, que, ante la derrota del Tercer Reich, significó establecer un Tribunal Penal internacional como el de Núremberg en Alemania (y el de Tokio en el caso de los crímenes cometidos por el régimen civil militar japonés), que llevó a la horca a decenas de criminales nazis, cárcel para otros tantos, fijando de esa manera la necesidad de castigar ese tipo de delitos contra la humanidad.

Cuando me refiero a Occidente y con relación a este artículo, respecto al control sobre la Corte Penal Internacional, doy cuenta específica al dominio en amplias esferas de nuestra vida cotidiana: económica, militar, cultural, mediática, por parte de países liderados por Estados Unidos y sus aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) junto a regímenes como Canadá, Australia, y entidades que suelen ser usadas de testaferro, como es el caso del régimen israelí. Son ellos los que controlan a la CPI de maneras diversas, ya sea mediante presiones económicas, amenazas y sanciones a sus miembros sino respetan las líneas de dominio establecidas por esas potencias.

Al hablar de la CPI aludo supuestamente a un organismo independiente, distinto a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), ya que esta depende administrativa, financiera y legalmente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y cuya misión es resolver controversias jurídicas entre los estados que conforman el universo de miembros de la ONU. Por tanto, la CIJ trata de resolver litigios jurídicos entre Estados, no crímenes considerados de lesa humanidad, como sí lo establece el trabajo de la CPI. ¿Qué crímenes? aquellos ataques realizados contra los derechos fundamentales de los seres humanos: exterminio, asesinatos selectivos y masivos, esclavitud, deportación, traslado forzoso, privación grave de la libertad y la creación de medidas de corte administrativa absolutamente ajenas al derecho inherente a los seres humanos. Ejemplo de esto último lo constituyen las llamadas detenciones administrativas israelíes contra los prisioneros y secuestrados palestinos, que significan largos periodos de privación de libertad, torturas, vejámenes incluso sexuales, sin que esos secuestrados, entre ellos mujeres y niños, hayan recibido cargo penal alguno y menos se les haya juzgado.

Este 7 de octubre de 2024 esos crímenes de guerra y lesa humanidad cumplen un año desde las acciones sionistas derivadas de la Operación de Tormenta de Al Aqsa, llevada a cabo por la resistencia palestina. Un año de crímenes que ha devenido en un proceso evidente del carácter criminal del régimen nacionalsionista israelí, que se burla permanentemente de las leyes internacionales, de la carta de la ONU e incluso de las determinaciones de la Corte Penal Internacional referida a solicitar la detención del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y de su ministro de guerra Yoav Gallant, como criminales de guerra.

Burla y desprecio sionista apoyado en ello por Washington, que se visualiza en el soporte que los gobiernos de Estados Unidos -sean estos demócratas o republicanos-, le otorgan al régimen civil militar israelí en materia política, diplomática, económica y militar. Como evidencia a ese desprecio a las leyes internacionales, Netanyahu viajó hace pocas semanas a Estados Unidos, donde fue recibido el 24 de julio con vítores y palmoteos en un discurso dado en el Congreso estadounidense. Esto, a pesar de todas las pruebas de los crímenes horrorosos, brutales, genocidas cometidos por el ejército sionista en Palestina. Netanyahu en Washington es la expresión de la estrecha alianza entre Estados Unidos y la entidad infanticida, para así concretar el plan de solución final israelí contra Palestina, al estilo de aquel planteado en la Conferencia de Wannsee nazi el año 1942.

La política de exterminio llevada a cabo por Israel es, evidentemente, una conducta violatoria de cuanta ley existe de defensa de los derechos humanos, de freno a la agresión y ocupación de un territorio. Una entidad que viola decenas de resoluciones de la ONU exigiendo, por ejemplo, el fin de la ocupación de los territorios palestinos. No seguir construyendo asentamientos en tierras palestinas, impedir el retorno de los refugiados, entre otras trasgresiones del derecho internacional. Un Israel que, en su conducta crónica de victimismo, suele argumentar que es el cordero del sacrificio en las violaciones a los derechos humanos por parte de la resistencia palestina, cuando la realidad indica que, durante 76 años, ha tenido una conducta brutal, criminal, sádica, perversa, genocida, no sólo contra la población palestina en forma mayoritaria, sino que de sociedades de países vecinos como Siria, El Líbano, Irak.

Ante ello, los organismos internacionales, entre ellos la CPI, son estériles, para detener a regímenes como el sionista o, en la última década, al régimen kievita en sus crímenes contra la población del Donbás, cuyo número de asesinados se eleva sobre los 25 mil, a manos de las brigadas neonazis enviadas por los gobiernos ucranianos, desde febrero del año 2014, cuando derrocaron al ex presidente Víctor Yanukovich, en un golpe de estado neonazi impulsado por Estados Unidos y la OTAN. Todo esto, como parte de una estrategia de cerco a la federación rusa, de ampliación de bases militares de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) hasta la frontera occidental de Rusia, y, con ello, generar una política de máxima presión.

Política de cerco que, en forma indudable, explica y valida la operación militar de desnazificación y desmilitarización llevada a cabo por Rusia contra el régimen ucraniano y sus valedores europeos y estadounidenses. Una realidad que se oculta en los medios de manipulación y desinformación occidentales, dedicados a establecer una política de rusofobia, que se une a las líneas islamófobas convertidas en ejes de la política exterior de las potencias occidentales. Así, se demoniza la operación de la federación rusa, cuyo objetivo principal ha sido la defensa de la población rusa que habita el ala oriental de Ucrania y que posee una indesmentible, clara y concreta relación con la federación rusa.

Volviendo en específico a la CPI, recordemos que esta Corte nace el 17 de julio de 1998, al amparo de la denominada Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas, que definió la necesidad de contar con una institución de estas características (³). Es así como la CPI comienza a funcionar en 2002, sustituyendo a los tribunales ad hoc conformados en la década de 1990, que abordaron el tratamiento jurídico de los crímenes considerados atroces cometidos en la antigua Yugoslavia y en Ruanda. En el mencionado encuentro, 120 estados pertenecientes a la ONU aprobaron el llamado Estatuto de Roma (⁴). Se recuerda, con especial énfasis, por qué Israel votó en contra de esa aprobación del Estatuto de Roma. El argumento dado fue que no comprendía por qué “el acto de trasladar habitantes a un territorio ocupado se incluía en la lista de crímenes de guerra” – claramente para evitar cumplir las resoluciones internacionales, que impidieran la continuación de la política de ocupación, colonización y exterminio de la población palestina y sus territorios.

En el caso de Estados Unidos, su voto en contra da fe de su carácter imperialista, señalando que el Estatuto debía reconocer el papel del Consejo de Seguridad en la determinación de un acto de agresión y, si no era así, no contaría entonces con su visto bueno. ¿Por qué? Claramente porque en el Consejo de Seguridad de la ONU, Washington, como uno de los cinco miembros permanentes, tiene derecho a veto indiscutible, prerrogativa que le ha servido para negarse a ser acusado de múltiples delitos cometidos por sus administraciones, fuerzas militares y servicios de inteligencia, al igual que negarse a ser parte de la aprobación para llevar adelante investigaciones que involucran a sus países satélites.

La CPI cuenta con 18 jueces seleccionados por la Asamblea de los Estados, con jueces que ocupan los cargos en mandatos de nueve años no renovables. Dispone de un presupuesto anual de aproximadamente 200 millones de euros. Como también tener presente la esencia filosófica que animó la creación de esta corte, que, al cumplir un cuarto de siglo, emitió una declaración pública donde señaló: “hoy el mundo necesita más justicia que nunca. Las atrocidades del siglo XX que llevaron a la creación de la Corte no han dejado de existir y asistimos a una erosión del multilateralismo y del Estado de Derecho cada vez mayor” (⁵). El problema no es que evita una erosión del multilateralismo, existe la política de impulsarla, pero sufre los embates del poder unipolar.

El problema radica, también, en que la CPI en forma mayoritariamente abrumadora juzga aquello determinado por Washington y los suyos. Insisto, prueba de ello que entidades como Israel no son juzgadas, menos aún países como Gran Bretaña o el propio Estados Unidos, responsables de agresiones, invasiones, desestabilización, detenciones ilegales, torturas, desapariciones, genocidios, entre otros actos delictivos contra países como Irak, Afganistán, Libia, Irán, Siria, El Líbano, Yemen y la propia Palestina, por ejemplo.

En un artículo anterior, escrito con respecto a la CPI, recordaba que bajo presiones de Washington y los suyos –sobre todo los países europeos miembros de la OTAN- el marzo del año 2023 se emitió una orden de detención contra el presidente ruso, “por la deportación ilegal de niños ucranianos y su traslado de las zonas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusa”. Se dictó la misma orden contra María Alekseyevna Lvova-Belova, comisionada presidencial rusa para los derechos del niño. Una acusación sin fundamento más allá de las denuncias del régimen kievita, amplificadas por los medios de comunicación occidentales.

Una medida destinada a provocar a Rusia utilizando para ello a un organismo, se supone independiente, para darle un giro de carácter jurídico a las acusaciones contra el líder ruso, en un contexto internacional de presentar a Ucrania como una especie de mártir, impoluta en materia de lo que ha significado la política de máxima presión llevada a cabo por Washington y la OTAN, utilizando a Kiev como punta de lanza en su rusofobia. Una política parte de la llamada guerra híbrida contra un miembro destacado en el plano de la construcción de una política internacional multilateral, como es Rusia. La CPI, con el aval de su actuar contra la federación rusa, lo que consigna es una CPI unilateral, poco confiable y sometida a los intereses de los países occidentales, que se constituye entonces en forma evidente en una conducta que también tiene un sentido de ataque al sur global.

La CPI es una organización al servicio de Occidente, de los intereses hegemónicos de Washington y los suyos, un instrumento para intentar seguir con un mundo que exige a gritos cambios (⁶). Una organización que se ha dedicado a emitir órdenes de aprehensión de líderes africanos, pero ninguna contra los lideres políticos y militares occidentales, responsables de millones de muertos en los últimos 35 años -considerando el fin del campo socialista y la generación de un Nuevo Orden Mundial unipolar.

Una CPI que calló cuando Estados Unidos impuso sanciones contra una fiscal de la CPI por su investigación de crímenes de guerra cometidos en Afganistán por parte de militares estadounidenses. Washington también amenazó con arrestar y sancionar a los magistrados y otros funcionarios del tribunal por el mismo caso, como fluye el caso interpuesto contra la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda y el jefe de la División de Jurisdicción, Complementariedad y Cooperación de la Oficina del Fiscal, Phakiso Mochochok (⁷).

La CPI es una institución politizada desequilibradamente e incompetente, a favor de las potencias occidentales. “La CPI es una marioneta en manos del Occidente colectivo que siempre está lista para ejercer pseudojusticia por encargo» (⁸). Evidente que el mundo marcha, inexorablemente a la multilateralidad y el imperio agonizante nada puede hacer, más que dar manotazos de ahogado.

Por Pablo Jofré Leal

Artículo para Hispantv

Permitida su reproducción citando la fuente

NOTAS

1. Término que trasciende lo geográfico y, como afirma Anne Garland Mahler, “es independiente de cualquier inequívoca geografía, hablar del sur global es hablar de aquella área del mundo para designar a estados históricamente relegados a los márgenes del orden mundial (y que poco a poco han generado que el desbalance del poder comience a equilibrarse) dominado en esencia por el poder unipolar y sus aliados. El añadir el concepto de global al de Sur permite subrayar que el concepto no debe entenderse como una mera clasificación geográfica del mundo, sino como una referencia a las relaciones de poder globales desiguales, al imperialismo y al neocolonialismo. Hablar del sur global implica redefinir la geografía política del mundo y al mismo tiempo superar conceptos como el de tercer mundo o mundo subdesarrollado. Hablar del sur global implica, igualmente superar la filosofía eurocéntrica y por tanto pensar y actuar en consecuencia a las propias historias y realidades de los países del sur global. Una descolonización cultural y política fundamental». ↩︎
2. https://news.un.org/es/story/2024/03/1528636 ↩︎
3. https://www.hrw.org/es/topic/international-justice/corte-penal-internacional ↩︎
4. https://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf ↩︎
5. https://dobetter.esade.edu/es/25-a%C3%B1os-corte-penal-internacional-proposito ↩︎
6. https://segundopaso.es/tag/corte-penal-internacional/ ↩︎
7. La imposición sin precedentes de congelamientos de activos por parte del gobierno de Trump a altos funcionarios de la Corte Penal Internacional (CPI) pone en evidencia un notorio desprecio por las víctimas de los peores crímenes del mundo, dijo hoy Human Rights Watch. El 2 de septiembre de 2020, la administración anunció que Estados Unidos había impuesto sanciones contra la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, y el jefe de la División de Jurisdicción, Complementariedad y Cooperación de la Oficina del Fiscal, Phakiso Mochochoko.
   https://www.hrw.org/es/news/2020/09/08/estados-unidos-sanciona-la-fiscal-de-la-corte-penal-internacional#:~:text=El%202%20de%20septiembre%20de,Oficina%20del%20Fiscal%2C%20Phakiso%20Mochochoko ↩︎
8. https://actualidad.rt.com/actualidad/461206-rusia-corte-penal-internacional-camino-autodestruccion ↩︎

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