Opinión de Mariela Serey, Ruby Gutiérrez y Daniel Cid*
En Chile, más de un millón de personas presentan un alto grado de dependencia, lo que representa el 9% de la población. En el 94% de los casos, un familiar es quien se encarga del apoyo y cuidado.
Si consideramos todo el ciclo vital, encontramos hijos, hermanos, padres y abuelos con discapacidad completa y dependencia severa, con alta probabilidad de presentar enfermedades crónicas y riesgo de complicaciones graves de salud que, en caso de colapsos hospitalarios, tendrán alto riesgo de morir por sus déficits funcionales globales (cardio-respiratorios, inmunológicos, renales, entre otros). Los equipos médicos tienen que priorizar su ingreso a unidades de cuidados intensivos a aquellos que funcionalmente tienen mejor pronóstico.
Cuando hablamos de dependencia, la Ley N° 20.422 la define como “el estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de una o más deficiencias de causa física, mental o sensorial, ligadas a la falta o pérdida de autonomía, requieren de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar las actividades esenciales de la vida”.
Desde 1978, la Organización Mundial de la Salud (OMS), con el fin de alcanzar mejores estándares de calidad de vida, bienestar y atención en salud, acentuó acciones de los Estados para proveer de recursos económicos a grupos vulnerables, especialmente los más pobres que, como bien sabemos, a medida que la severidad de la dependencia y discapacidad completa aumenta, existe una relación directa a pertenecer a familias de menores ingresos (OMS, 2007).
La salud pública debe asegurar la atención oportuna de toda la población, sin distinción. Se debe facilitar el acceso a diagnósticos tempranos y prevenir complicaciones y priorizar la atención a los grupos de mayor vulnerabilidad y, en este caso, a quienes asumen su cuidado.
Desde diciembre de 2019 los equipos de salud han tenido que dar respuesta a una pandemia provocada por un virus que genera la enfermedad Covid-19, la cual es altamente contagiosa y puede manifestarse como un resfrío común hasta una insuficiencia respiratoria que puede provocar la muerte (en Italia se ha registrado que los grupos de mayor riesgo son los mayores de 70 años. JAMA, 15 de marzo).
En el país tenemos una ventana de tiempo conociendo el comportamiento clínico del virus, por lo que las medidas deben ser aceleradas, especialmente en aquellos grupos de riesgo, considerando el cuidado del cuidador, su protección, su educación, su apoyo según sus requerimientos y su descanso, ya que la mayoría durante años han asumido esa responsabilidad sin descanso y sin remuneración.
En Chile, existe un programa de postrados y de atención domiciliaria que es gestionado y coordinado por las municipalidades, sin embargo, hasta la fecha, no se ha planteado un plan nacional a este grupo, ni tampoco una estrategia para las personas que asumen el rol de cuidador.
¡Exigimos que la salud sea un derecho para todos!
*Mariela Serey Jiménez es presidenta nacional de “Yo Cuido”; Ruby Gutiérrez Kawles es cuidadora de “Yo Cuido” Santiago y Daniel Cid Cofré es kinesiólogo, Magíster en gestión de Salud y colaborador del Grupo Mundial Discapacidad y Funcionamiento Humano (OMS-FCI).