Los argumentos de Christián Larraín para defender el CAE, son claramente controversiales. Veamos:
1. En primer lugar sostiene que el pueblo no quiere a los bancos. Y que él reconoce la desprotección de las personas ante la industria financiera. Pero, al mismo tiempo, afirma que es equivocado “sacar a los bancos del CAE”. En este sentido extrema su tesis para hacer pasar el argumento opuesto por ridículo. Las personas y familias quieren pagar precios justos. Esto incluye, por cierto, el pago por la educación de sus hijos. Si a la inflación de aranceles le sumamos la alta tasa de interés que cobra la banca por el CAE, esto lleva a una explosión social como la que hemos visto.
2. En segundo lugar, se argumenta que el costo de fondo para la banca “debe andar por el 4%”. Mientras los papeles a 5-10 años del Banco Central, tienen una tasa en UF que fluctúa entre 1,86% y 2,26% el verdadero costo de fondo para la banca está más cercano al 3,0% (asumiendo un spread de bajo riesgo) en este tipo de plazos.
Larraín menciona, además, que dado el riesgo de crédito de la banca (solo el 10% del valor de los créditos), y si se bajara la tasa CAE para estudiantes al 2%, habría un spread negativo, lo que generaría pérdidas en el administrador bancario de este crédito. Al analizar los actuales niveles de costo de fondo para la banca, quedaría en un situación aún expectante dado los valores de recompra de cartera que son ingresos netos adicionales para ella.
3. En otro orden, Larraín señala que donde sí tienen razón los estudiantes es en los sobreprecios de las carteras pagadas por el Estado (por Ley el Estado recompra el 45% de la cartera a la banca; es decir, les reduce sustancialmente los costos netos de fondos involucrados). En este ámbito reconoce que estos sobreprecios han sido del 65%. Y que fue un error de política pública no haber fijado un precio máximo en los sobreprecios (sic).
4. Otro argumento esgrimido por Larraín es que el Fisco puede vender en el mercado de capitales esta cartera de crédito recomprada (de hecho esto está en la Ley original del CAE) y así financiar los créditos sin pagar sobreprecios. En atención a lo anterior, cabe preguntarse: ¿Quién estaría dispuesto a securitizar esta cartera de crédito? ¿A qué precio? ¿A qué costo de seguros?
5. Finalmente, el economista concluye que “los bancos son especialistas, entre otras cosas, en cobranza”. Por eso, según él, qué mejor entidad que la banca para administrar el CAE. El punto es que con el esquema actual, tienen bajos incentivos a cobrar (solo un 10% del riesgo de crédito permanece en la banca), y altos incentivos a sobre incrementar excesivamente el crédito (tienen el seguro estatal “recompra de cartera”, y además las instituciones de educación superior necesitan estar acreditadas sólo 1 año para que sus estudiantes sean sujeto de crédito CAE.). De hecho en la línea subprime, el CAE ha aumentado 27 veces en los últimos años, creando serios problemas en los nichos de dudosa calidad en Educación Superior (endeudamiento, deserción, etcétera).
Cabe destacar que sólo las recompras de carteras CAE son del orden del 50% del gasto público en educación superior. El actual Gobierno rápidamente las incorpora en el gasto público en este ítem para igualarse a la media de la OCDE (aproximadamente 1% del PIB).
Estamos convencidos que un sistema de crédito administrado por el Estado, con pagos contingentes al ingreso -esto no lo consideraron los creadores del CAE-, con topes máximos en cuanto a pagos como porcentajes del salario (inferiores al 10% del salario mensual), y pagado vía impuestos por medio del Servicio de Impuestos Internos (SII), es el camino para que termine la dilapidación de recursos públicos en Educación Superior.
Por Francisco Castañeda
Economista, Universidad de Santiago de Chile
TEXTO DE LA COLUMNA DE CHRISTIÁN LARRAÍN PUBLICADA EN LA SEGUNDA
¿Sacar a los bancos del CAE?
Dentro de las justas reivindicaciones estudiantiles por una mejor educación para los chilenos, una de las demandas con poco fundamento dice relación con sacar a los bancos del CAE. El pueblo no quiere a los bancos, y justo es decir que la falta de proactividad de los mismos en cuidar mejor a sus clientes incentiva esta actitud. Sin desconocer los abusos y la falta de protección al consumidor de servicios financieros que existe en Chile, en el tema específico del CAE la crítica parece inadecuada.
Antes de iniciar mi columna pido disculpas por los tecnicismos, en un tema tan politizado donde estos tienen poca cabida. Sin embargo, creo que es necesario para introducir mayor racionalidad a un tema altamente complejo.
Cuando se revisa el petitorio estudiantil, sin embargo, esta petición no aparece explicada. Es fácil sospechar en todo caso, que a la base de la misma está la idea de que hay que sacar a los bancos porque este es un puro negocio para que se sigan enriqueciendo. Incluso algún prominente economista que critica fuertemente el CAE ha llegado a decir que de un crédito de 12 millones, al 6% se pagarían 17 millones, concluyendo que serían 5 millones de ganancia para la banca. También se ha entregado como fundamento el estudio del Banco Mundial, que ha mostrado que el Fisco ha pagado ingentes recursos por concepto de sobreprecio en la venta de cartera de los bancos al Estado.
También se ha comparado esto con la crisis subprime, donde los bancos le prestan a gente que no puede pagar, debido a que existe un aval del estado. Examinemos con mayor detalle estos argumentos.
El primero de ellos es demasiado malo: se confunde la tasa de interés que recibe el banco (6%) con la utilidad, sin considerar el costo de fondos de dichas entidades, que en promedio debe andar en torno al 4%. Por ende, la ganancia para los bancos por este concepto es el spread, o diferencia entre la tasa otorgada y costo de fondos, que es del 2%. Este spread debe cubrir el riesgo de crédito que asumen los bancos, que equivale al 10% (el 90% lo asume el fisco y/o las entidades de educación superior mientras el estudiante no egrese). Es evidente que si la tasa de interés de los créditos se baja al 2%, por este concepto los bancos tendrán un spread negativo de 2%. Es decir pérdidas. Por su parte, los gastos de administración del crédito se financian con una comisión ad hoc.
La comparación con la crisis subprime refleja ignorancia extrema. Con una tasa de interés original del 6%, la relación entre la cuota a pagar y el ingreso futuro de los estudiantes es en promedio de 7,3% (este dato es diferente al del Banco Mundial de 15%, toda vez que el cálculo efectuado por dicha entidad relaciona la cuota con el ingreso futuro del profesional al segundo año de trabajo, que es mucho menor de lo que en promedio ganará el profesional en su vida útil). Esta carga financiera está dentro de parámetros absolutamente razonables a nivel internacional. Existe un porcentaje de estudiantes (del orden del 20%) cuya carga financiera superará el 10%, para lo cual es fundamental incorporar una contingencia al ingreso que limite dicho pago al 8%.
Al bajar la tasa de interés al 2%, la carga financiera bajará a menos del 5%. ¿Alguien puede decir que con esta carga financiera los estudiantes no pueden pagar su deuda?
Donde si la crítica de los estudiantes es plenamente justificada, es en los sobreprecios pagados por el Fisco a los bancos en las licitaciones, que ha llegado a cifras incluso del 65%. Esta ha sido la real fuente de ganancias para los bancos, y no otra. Acá ha habido deficiencias claras de la política pública, en no haber definido oportunamente un precio máximo a pagar a los bancos. El modelo del CAE está justamente diseñado para eso, ya que el Estado puede eventualmente financiar directamente la totalidad de los créditos, sin pagar ni un peso de sobreprecio a los bancos, y titularizar directamente la cartera vendiendo los créditos en el mercado de capitales. De esta manera, el Fisco ha tenido siempre a su alcance la llave para que el pago a los bancos sea lo justo y necesario para que al Fisco le convenga.
Alguien podría hacerse una pregunta más de fondo. ¿Qué tienen que ver los bancos en una política social? La respuesta es muy simple. El CAE es un sistema de crédito. Los sistemas de crédito requieren buenos estándares de otorgamiento, administración y cobranza. Por ende, ¿quién puede administrarlos mejor que las entidades que se dedican a ello? Si además los bancos aportan la mitad del financiamiento requerido, y absorben el 10% del riesgo de crédito, hay un claro beneficio público en ello. Incluso en un sistema 100% público los recursos deben salir de algún lado, y alguien tiene que administrar los créditos.
Por último, a diferencia del crédito Corfo, donde cada banco decide la tasa de interés, decide a quién le presta y a quién no, presta únicamente con aval de la familia, en el CAE la tasa de interés la fija el Estado, la Comisión Ingresa elige a los estudiantes más pobres y obliga a los bancos a prestarles a ellos, sean de cualquier universidad o carrera, sin que la familia deba endeudarse. Por ende, el rol de los bancos en este crédito es absolutamente subordinado a la política pública.
Dado todo lo anterior, lo que no me gusta es que estén sólo los bancos en el CAE, debiendo incorporarse a las Cajas, Cooperativas y todo tipo de agentes crediticios. Ello si permitiría generar mayor competencia a los bancos en las licitaciones.