Crisis institucional en EEUU: la muerte del ministro Scalia, al estilo tejano

La muerte del ministro de 79 años de la Corte Suprema de Estados Unidos, Antonin Scalia, el reciente sábado 13 de febrero en una zona remota de Texas, causó un inmediato remezón político, en un año electoral que ya es uno de los más polarizados de la historia de este país, y con leyes clave que el Poder Judicial debe dilucidar urgentemente. Algunas de ellas afectarán potencialmente a millones de personas, como es el caso de la inmigración. El supuesto ataque al corazón que terminó con la vida del juez este pasado sábado deja varias crisis potenciales ad portas. Acá van algunos elementos importantes del análisis:

Los jueces son elegidos de por vida, y marcan profundamente la vida política y social del país

En uno de los puntos más anti-democráticos del sistema político de Estados Unidos (aunque celebrado por variados sectores que ven este factor como garantía de la protección de la imparcialidad de los letrados), los jueces de la Corte Suprema son nombrados a dedo por el presidente de EEUU,  confirmados por el Senado, y destinados a morir en el puesto (o hasta que renuncien voluntariamente). Es decir, es el único cargo institucional vitalicio, por lo que un Presidente de EEUU puede dejar a través del nombramiento una marca en la historia cotidiana de la gente que se proyectará hacia un futuro muy lejano, incluso mucho después de que ese Presidente haya fallecido. Este hecho fundamental, el carácter de vitalicio de esa función, agrega una fortísima carga política a la elección del nuevo ministro de la Corte Suprema, y a su eventual confirmación.

Los republicanos ya anunciaron lo que no es novedad: no aprobarán a nadie que nombre Obama

En una crisis constitucional que puede salirse de control, los candidatos republicanos a la presidencia y los senadores de derecha, se apresuraron a declarar ante los medios de comunicación que no aprobarán ningún nominado por el presidente Obama, pues es su último año de gobierno y el ministro debe, por tanto, ser nombrado por el próximo presidente elegido en noviembre. Por supuesto, no hay absolutamente ninguna base legal ni constitucional para plantear a priori que el Presidente Obama no pueda nominar a nadie. Obama está obligado y respaldado por la ley, y hará lo que los republicanos temen: definir un nombre y enviarlo al Senado, en un acto que hará aparecer a los senadores conservadores como factores (nuevamente) de bloqueo al flujo constitucional que se impone en estos casos.

Elegir a un juez de la Corte Suprema implica intervenir en el balance político en un cuerpo que se atribuye falsamente gozar de “imparcialidad”

Esta es realmente la verdadera razón de la negativa de los republicanos para que Obama nombre al ministro que reemplace al fallecido Antonin Scalia. Cada presidente que tiene la oportunidad de nombrar a un juez de la Corte Suprema sabe que tiene una oportunidad histórica de inclinar la balanza ideológica hacia su sector. La lucha es entre ministros conservadores de derecha proclives al Partido Republicano, versus progresistas moderados que se identifiquen y operen sobre la base de los valores del Partido Demócrata. Por supuesto, la matemática ideológica no es infalible, pues pese a que en el papel los republicanos contaban con 5 de los 9 magistrados antes de fallecer Scalia, igual la Corte ratificó la constitucionalidad del matrimonio gay, por ejemplo. Y esa misma Corte, en un acto muy polémico, liberó el gasto de campañas electorales convirtiendo la elección del presidente de EEUU en una carrera al mejor postor de millones de dólares sobre la mesa. Pero la mezcla de pocos votos, nueve, y la condición de vitalicios de los ministros, hacen a la Corte Suprema un supra-poder que puede hacer avanzar a la sociedad o hacerla retroceder de forma brutal. Entonces este es el resumen: de permitir a Obama nombrar al ministro faltante, los republicanos perderán la mayoría nominal conservadora en la Corte Suprema, y la balanza se inclinará hacia la centro-izquierda. La derecha ya controla el Senado y la Cámara de Representantes. De ganar la Presidencia en noviembre, y de operar para que sea ese mandatario el que nomine al próximo juez, el Partido Republicano se convertiría en dueño absoluto de la institucionalidad de EEUU. Un dulce sueño de los conservadores. Al contrario, de nombrar Obama al juez, el Partido Demócrata gozará de una mejor situación institucional aunque pierda la presidencia, o aunque la gane sin un Congreso que lo apoye.

Ya comenzaron las teorías conspirativas respecto al fallecimiento de Scalia

El Washington Post cita a William Ritchie, ex directivo de la oficina de investigaciones criminales de Washington DC, que no puede creer los procedimientos que se han seguido luego del fallecimiento de Scalia, en el condado de Presidio, zona remota en la zona oeste de Texas. “Como ex comandante de homicidios, estoy pasmado sobre el hecho de que no se haya ordenado una autopsia para el ministro Scalia”, declaró.

La juez del condado tejano Cinderela Guevara certificó la muerte como “de causas naturales”, y lo hizo sin ver el cadáver, y sin pedir una autopsia. Este punto, sin embargo,  está autorizado por la ley de Texas. Asimismo, antes de su fallecimiento, el propio juez Scalia solicitó que no hubiera personal de seguridad supervisando su estadía en el hostal de lujo “Cibolo Creek Ranch”, especializado en actividades de cacería. La juez encargada de certificar que efectivamente estaba muerto, lo hizo según informaciones de agentes de policía que habían estado en el cuarto del juez después de fallecido. Y la familia del juez también exigió que no hubiera autopsia.

El experto en homicidios, Ritchie, citado por el Washington Post, señala lo siguiente:

“Tienes a un ministro de la Corte Suprema que muere, no bajo el cuidado de un médico. Tienes a un policía federal [US Marshall, en el original en inglés] no entrenado en homicidios que le dice a la jueza de paz que no se observa nada criminal. Tienes a una jueza de paz que pronuncia la muerte sin estar en la escena del hecho y sin ningún entrenamiento médico, opinando que el ministro murió de un ataque cardíaco. ¿Qué prueba médica existe de un infarto al miocardio? ¿Por qué no una hemorragia cerebral”.

“¿Cómo un policía puede decir, sin un examen minucioso post-mortem, que no le fue inyectada una sustancia ilegal que podía simular un ataque cardíaco? ¿Revisó el policía potenciales hemorragias en los ojos o bajo los labios que podrían haber sugerido asfixia? ¿Olió el policía el aliento del juez para ver si había algún olor inusual que podría sugerir envenenamiento? Mi instinto me dice que algo huele mal en Texas”.

Todo este cuadro agregará incluso más polémica a las consecuencias políticas del fallecimiento del juez.

El Partido Republicano puede provocar el estancamiento total de la última instancia de apelaciones del país, en temas fundamentales

No es que tengan miedo de un recurso extremo como ese, pues los republicanos ya han hecho cosas parecidas. Dejaron recientemente sin fondos y provocaron el cierre del gobierno federal en dos ocasiones, con Bill Clinton y bajo la presidencia de Barack Obama, como medida de presión para obligar a los presidentes demócratas a ceder en materia presupuestaria y fiscal en áreas de su interés.

Inmigración

De no nombrarse a un ministro de la Corte Suprema no habrá solución a casos urgentes, como por ejemplo el proceso de freno de deportaciones y beneficios migratorios que Obama está intentando implementar desde el año pasado. Los gobernadores de estados controlados por los republicanos, liderados por Texas, rechazaron las medidas pro-inmigrantes de Obama, y tras varias apelaciones se supone que la Corte escuchará los argumentos finales del gobierno en abril, para tomar un decisión en junio. La resolución a favor o en contra impactará la vida de entre 4 y 5 millones de personas.

Derechos de las mujeres sobre el aborto

No solo el tema de inmigración está en juego: también normas que restringen o mantienen los actuales derechos de las mujeres en torno al aborto, en un caso que emana, ¡nuevamente de Texas! Ese estado busca aumentar las restricciones a los doctores e instituciones que lidian con el aborto, lo que provocará el cierre de operaciones de varias organizaciones, y complicará el acceso al aborto legal a miles de mujeres.

Límites a la “Acción afirmativa”

También están en juego las regulaciones relacionadas con las políticas de “Acción Afirmativa” en las universidades, que por años han facilitado el acceso a grupos minoritarios, pobres o sub-representados que no han tenido una buena formación educacional previa. Grupos conservadores buscan eliminar la favorabilidad de acceso basado en la raza de los candidatos, base fundamental de los principios de «acción afirmativa».

Sindicatos, anticonceptivos, temas electorales

Hay otras leyes importantísimas en juego, relacionadas con el financiamiento de los sindicatos, la definición de los distritos electorales (nuevamente,  ¡quien reclama es Texas!), donde debe dilucidarse si ese proceso se debe basar en votantes con derecho a sufragio o en el cálculo general de población (que incluye a todos, por ejemplo niños, prisioneros e inmigrantes, como es normal en este tipo de casos). Y otro caso involucra nuevamente a las mujeres: organizaciones católicas quieren tener la libertad de negar la cobertura a los anticonceptivos como parte del seguro médico a sus empleadas. Los anticonceptivos actualmente deben ser financiados por la ley general aprobada a instancias del presidente Obama (el llamado Obamacare).

Por todas estas razones y otras más que irán surgiendo poco a poco, un eventual bloqueo de los republicanos al reemplazante de Scalia será un golpe duro a la institucionalidad del país. Con candidatos que ya tienen un discurso anti-sistémico y anti-estatal (especialmente Donald Trump y Ted Cruz), más un Congreso controlado por la derecha que se niega a cualquier cooperación con el presidente Obama, en un año electoral extremadamente polarizado, y con una Corte Suprema neutralizada en sus funciones, acéfala e impedida de interpretar polémicas tan fundamentales como las descritas arriba, la muerte de Scalia y su difícil reemplazo aparecen, por tanto, como un golpe difícil de tragar en relación a muchos derechos fundamentales de los ciudadanos de las minorías, contra lo inmigrantes, contra las  mujeres…

Una lucha al estilo tejano.