Crisis política: Los acuerdos no son vinculantes para la ciudadanía

Un común denominador que circula entre los parlamentarios y autoridades políticas es la necesidad de solucionar la actual crisis institucional, mediante un acuerdo, que permita la transparencia y el financiamiento de las campañas políticas. Este común denominador, es sin duda, consecuencia de la revelación de que algunas empresas, ya sea de servicios financieros o del sector productivo, financiaban campañas políticas mediante facturas ideológicamente falsas, esto es la extensión de facturas, por quienes, efectivamente, las extienden y están autorizados para extenderlas, pero por servicios que no realizados. Al respecto, corresponde hacer algunas precisiones.

Primero, que nuestro sistema institucional no está en crisis, sino solo su parte político partidaria.

Segundo, que el financiamiento de las campañas políticas, mediante facturas truchas corresponde a una práctica, extensamente, extendida, en todos los sectores políticos, e incluso entre candidatos independientes.

Tercero, que no es posible afirmar que todos los políticos han recurrido han prácticas ilegales para financiar sus campañas.

Cuarto, que los actuales jefes de partidos políticos (UDI, RN, PS, PC, PRSD, DC y PPD), y los actuales parlamentarios, podrán hacer muchas mea culpas y llegar a muchos acuerdos respecto al financiamiento futuro de las campañas políticas, pero lo cierto es que dichos acuerdos no son vinculantes para los ciudadanos, porque quienes los acuerdan perdieron la necesaria legitimidad.

Quinto, que, muy ligada a la precisión anterior, la hipótesis, acuñada por Ricardo Lagos, de que hay que dejar que las instituciones funcionen, se encuentra socavada en su institucionalidad político partidaria, porque todo indica que quienes la integran no buscan el bien común, sino encubrir su participación en las formas ilegales de financiamiento a las campañas políticas.

Sexto, que es falaz la argumentación de que no se debe de judicializar la política, porque quienes hacen política, también deben someter su actividad a la ley, y, en consecuencia, es la institucionalidad jurisdiccional la que debe dirimir en esta crisis, no en su solución, sino condenando penalmente a los políticos infractores, porque esa es una muy buena señal de funcionamiento de las instituciones.

Séptimo, que era más que un secreto a voces, que muchas de las campañas electorales, eran financiadas por grupos económicos, pero lo que se desconocía es que hacía eludiendo impuestos.

Octavo, que el gobierno no ha demostrado una real disposición a superar la crisis, porque mantiene en altos cargos a funcionarios comprometidos en el financiamiento ilegal de campañas políticas.

Noveno, que el dolor, la desilusión y, si se quiere, el asco, respecto a la clase política, es mucho más grave entre los electores frecuentes de la Nueva Mayoría, que entre los de derecha, porque lo que origina ese dolor y esa desilusión, y si se quiere, ese asco, no se deriva de la revelación del financiamiento ilegal de las campañas políticas, sino de la constatación de que muchos de los parlamentarios de la Concertación y de su sucesora, la Nueva Mayoría, consecuencia de su querida dependencia económica, eran meros operadores de los grupos económicos y de su ideología, algo que, obviamente, no molesta a la derecha. No puedo dejar de recordar las imágenes de diputados de la Concertación festinado por el rechazo a la acusación constitucional contra Pinochet, el hecho de que las reformas más trascendentes para la consolidación de la democracia no prosperan, y el discurso, cínico, de algunos líderes de la Concertación de que este conglomerado gobernaría eternamente, porque protegía mejor que la derecha los intereses de la derecha.

Décimo, que en definitiva los ciudadanos tenemos la palabra, y esta debe materializarse: a) generando fuerzas de opinión que impidan de que los parlamentarios corruptos sean los que acuerden las soluciones a la crisis, y b) impidiendo la reelección de los políticos corruptos.

*El autor es abogado, magíster en ciencia política y subespecialista en inteligencia naval.