Por Ana Albornoz Cuevas, alcaldesa de Santa Juana.
La profunda crisis política que vivimos en el Chile de las últimas semanas no tiene precedentes en conmoción y consistencia, fue incubada en parte por los cuestionamientos a fundaciones y sus convenios con órganos del Estado, pero es necesario reconocer estos hechos como un eslabón de la cadena de un estado subsidiario que manifiesta su verdadera naturaleza, no se hace cargo de los problemas de fondo de la población y su debilitamiento agónico.
Un análisis serio de esta crisis no puede remitirse solo al ámbito de la probidad individual, sino también a otras dos dimensiones que considero de relevancia: primero, la profunda crítica y desconfianza al quehacer de las instituciones y el rol del Estado para mejorar la calidad de vida de toda la población.
No es la primera vez que los políticos se ven enfrentados a cuestionamientos por falta a la probidad, sin ir muy lejos recordemos el caso MOP-Gate donde el CDE terminó querellándose contra el ex Ministro Carlos Cruz Lorenze, o el caso CORPESCA que terminó con el ex Senador Orpis condenado con reclusión efectiva por 5 años y un día, o el caso ASIPES donde una gran cantidad de autoridades regionales de diferente nivel fueron investigados por el presunto financiamiento a diversas autoridades. Todos estos casos implicaron un profundo descrédito de la política y de las instituciones, con extensos procesos judiciales y convenientes acuerdos políticos que no se pueden seguir replicando.
Actualmente el “caso fundaciones” mantiene diversas aristas investigativas abiertas, algunas de índole administrativas y otras de tipo judicial, en este contexto debe imponerse la sensatez y más que nunca remitirnos a aquella frase recurrentemente “hay que dejar que las instituciones funcionen”, lo que significa facilitar, como autoridades e instituciones, los antecedentes necesarios para esclarecer los hechos y trabajar para establecer mecanismos más rigurosos para el traspaso de recursos en aquellos casos donde se identifica un déficit normativo. Hoy no es el momento para el aprovechamiento político como lo ha festinado la derecha, ni tampoco para defensas corporativas, hoy es el tiempo de la colaboración para avanzar en soluciones y el robustecimiento de un Estado más sistemático, eficiente y en diálogo con la ciudadanía.
Finalmente, debemos develar e insistir en una gran crisis que no aborda el impacto del actual rol subsidiario del Estado. Los proyectos o traspasos que hemos visto en el contexto del “caso fundaciones” no es el típico aporte a instituciones que fueron pioneras en materias de asistencia social donde el Estado no tenía herramientas robustas como el caso de COANIQUEM o COALIVI; si no más bien, lo que hoy observamos es la extrema privatización y externalización de funciones públicas muy propias del Estado Subsidiario.
Estos atributos han tenido su mayor expresión en la red de instituciones externalizadas colaboradoras del SENAME, donde en condiciones precarias de trabajo, como contratos a honorarios, sin seguros, sin previsión, sin representación social, sin horarios muchas veces, es decir, todo lo que OIT define como Trabajo Precario o No Moderno, se enfrenta el inmenso desafío del cuidado de NNA.
El Estado de Chile, hoy no cuenta con la capacidad humana para que muchos procesos internos sean más eficientes para responder en tiempo y forma a las necesidades de la población, como consecuencia gran parte de la “clase política” ha decidido profundizar la externalización de servicios, mediante mecanismos que muchas veces se transforman en concursos públicos limitados, que permiten que sólo aquellos que tienen “experiencia” o “ayuda” en la elaboración de proyectos puedan acceder. Este es un buen momento para hablar de los temas de fondo y aunar voluntades politicas, de un nuevo Estado que sea capaz de responder a las demandas de la población, que retroceda en la subcontratación extrema de servicios sociales y que pueda asumirlos en todos sus niveles.
Es hora de asumir que un Chile moderno requiere de un Estado de bienestar, con la capacidad suficiente para gestionar y fiscalizar con mayor eficiencia los recursos fiscales, que son patrimonio del su pueblo trabajador.
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