Sady David Leaman Hasbún
Trabajador Social, Encargado Técnico del Centro de Intervención e Investigación Social de la Escuela de Trabajo Social. Universidad del Bío-Bío, Sede Chillán.
Considerando que Chile es uno de los países de la OCDE con mayores niveles de desigualdad, la problemática sanitaria está teniendo fuertes repercusiones en la vida económica y social de gran parte de los/las habitantes del país. Para ejemplificar aquello, la Encuesta CASEN 2017, ya evidenciaba que un 25% de la población laboral, tenía un trabajo por cuenta propia o vinculado a algún tipo de servicio doméstico.
https://www.latercera.com/noticia/chile-pais-la-ocde-mayor-desigualdad-ingresos
Asumiendo que la crisis sanitaria ha afectado gran parte de las actividades económicas del país, invito a que hagamos un ejercicio, revisando cuántos de nuestros familiares, amigos y conocidos dependen de empleos informales.
Desde allí, resulta necesaria la pregunta: ¿Cómo están sobreviviendo los/las trabajadores/as que no cuentan con ningún tipo de protección? En mi visión, si esta interrogante no es resuelta con políticas efectivas, la hecatombe puede ser aún mayor, generándose una nueva pandemia, la denominada “pandemia social”.
En respuesta, el gobierno de Piñera ha anunciado acciones en dos grandes dimensiones: protección al empleo y apoyo económico para las familias vulnerables, mediante la entrega de bonos, subsidios y la oportunidad de acceder al tan renombrado Crédito Covid-19, como mecanismo especial para sostener a las pymes.
Al respecto, se observa que estas medidas mantienen una clara lógica neoliberal, en desmedro de intervenciones estatales que permitan garantizar los derechos de la ciudadanía. Así, se refleja una infraestructura estatal débil que invita a que los/las trabajadores/as resuelvan sus problemáticas, exclusivamente, a través del mercado.
El oficialismo proyecta discursos asociados a la protección del empleo, sin embargo, se hace desde una lógica reduccionista, que no piensa en la formulación de un sistema de protección amplio, que, por ejemplo, permitiese que los/las trabajadores/as informales pudieran acceder a ingresos mínimos en este período de crisis.
En ese orden, la creación de un nuevo sistema de protección social adquiere suma relevancia, ya que las experiencias internacionales demuestran que, sobre todo en momentos de crisis, las instituciones públicas deben actuar coordinadamente para favorecer a aquellos/as que no cuentan con las condiciones de hacerlo por sus propios medios.
Con base a lo señalado, me permito sostener que el Estado debe ayudar a las familias que están sufriendo los estragos de la crisis, a partir de la implementación de mecanismos provisorios, que se proyecten más allá de los instrumentos de protección social no contributiva que conocemos hasta ahora.
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