Crónica de un sistema represivo

El arresto injustificado del ciudadano ecuatoriano frente a La Moneda es el mejor ejemplo de cómo actúa el régimen de orden y seguridad en nuestro país. Promocionado por el Estado y materializado por los uniformados, este sistema discrimina de manera violenta e ilógica, muchas veces sin razón. Este es el motor del sistema y fuente de su reproducción.

Son varios los componentes de este sistema de represión. Uno de ellos es la idea (mito) que más policías o uniformados es igual a mayor seguridad y orden. La gente pide más carabineros en las calles, más gendarmes en las cárceles y hasta las fuerzas armadas, en casos especiales. Si bien puede haber algún tipo de asociación, no es necesaria ni suficiente la presencia de policías para estar seguros. Si no recuerden a la persona muerta por manos de uniformados posterremoto en tiempos de toque de queda o a todos las personas asaltadas teniendo un carabinero a metros, o los incidentes en los estadios de fútbol, o las incontables marchas y protestas (legítimas) terminadas con incidentes, por ejemplo. De hecho casi llego a pensar que la relación entre seguridad y policías es indirecta.

En segundo lugar, existe un grave problema en la formación del personal de las fuerzas de orden y seguridad. Desde el Ejército hasta Carabineros, pasando por gendarmes, detectives y marinos. Todos. No hablo de disparos, artes marciales, estado físico (aunque podría) ni tecnología. Hablo de la formación social y ciudadana. Me refiero a la forma de relacionarse con la sociedad civil, a la sensibilidad y responsabilidad social, a la capacidad de lógica y proporcionalidad para actuar. No hablo de todos, pero sí de la mayoría. ¿Quién ha vivenciado algún acto de violencia o agravio de Carabineros de manera injustificable? ¿Y de las otras fuerzas de orden y seguridad? No son pocos los que han sufrido de un “lumazo” de la nada, un parte por tonterías, etc. Y es que los uniformados ven a la ciudadanía como subalternos. Traspasan sus relaciones de jerarquía al trato diario con la sociedad civil. Establecen relaciones de poder mal utilizando el “uso legítimo de la fuerza”. Confunden orden y seguridad con ciega obediencia sin derecho a réplica. En conjunto a esto, estratifican y diferencian su trato con la ciudadanía, actuando de manera desigual según el nivel socioeconómico, la comuna de residencia, color de piel, país de origen y hasta por moda. Muchas veces actúan de manera desproporcionada. En unos casos funcionan con severidad y fuertes castigos sin haber necesidad y en otros parecieran aplican laissez faire ante hechos indignantes. Todo esto hace urgente una reestructuración curricular de las escuelas matrices.

En tercer lugar, el imprudente trato del problema de la delincuencia ha provocado más inseguridad en las personas de la que realmente existe. La famosa puerta giratoria, la querida “mano dura” contra la delincuencia, la agobiante sensación de desprotección e inseguridad y el drama de la “guerra frente a la delincuencia”, no son más que figuras propagandísticas. La delincuencia existe, pero no de la forma en que se es presentada y comunicada. Los políticos, con muy pocas excepciones, ofrecen cárceles, más policías, más leyes y más juicios. Falta que ofrezcan más presos. Por otro lado, los medios de comunicación hacen lo imposible por visibilizar hasta el más mínimo hecho relacionado con la delincuencia, inseguridad, drogas, peleas, disparos, desorden. Para ellos es como si viviésemos en “Ciudad de Dios”. Las encuestas, en tanto, crean mundos paralelos en donde nueve de cada diez chilenos se sienten amenazados, intimidados, desprotegidos, casi paranoicos, pero uno de cada mil ha sido victima de algún delito.

Como consecuencia se estigmatiza. Existen personas, barrios, colegios, hospitales, etc., que son etiquetados de manera gratuita. Y de esto obtenemos una sociedad que discrimina y margina de manera tan natural como los “chascarros” del Presidente. Aislamos al estigmatizado, y si no resulta, nos aislamos nosotros. Y para asegurarnos de una marginación real, excluimos según el tamaño de la billetera, subvencionando el sector privado para que acoja en su lecho a los que arrancan de los excomulgados sociales.

Creamos una ola de miedo que es detenida a través del endurecimiento de penas y violencia. Justificamos la cárcel para todo tipo de faltas, incluso cuando estos están investigándose. Falta, infracción, delito y crimen son sinónimos. Creamos un sistema que castiga desproporcionalmente delitos. Por robo con violencia, Colina o la “peni”. Por crímenes de lesa humanidad, Punta Peuco (Resort & Spa).

Construimos un “mercado de la inseguridad”. Compramos la seguridad como si fueran chocolates. Desde rejas de púas hasta cierres eléctricos, pasando por alarmas, perros entrenados, guardias, cámaras, etc., protegiéndonos nadie sabe de qué, pero sí de quien. La inseguridad vende (si no pregúntenle a Paz Ciudadana), y mucho. El mercado es amplio y diverso, alcanzando para todos rubros. Sería interesante saber cuánto dinero moviliza.

Por  Nicolás Prenafeta