Cuando cae el peso de la noche y los rectores salen a marchar

En julio del año pasado, Víctor Cubillos, rector de la Universidad Austral de Chile, encabezaba una marcha inédita que por primera vez convocaba la participación total de la comunidad universitaria, sumando cerca de 5 mil personas en la ciudad de Valdivia bajo el lema “Por la defensa de la educación Pública”. En el transcurso de la marcha, Cubillos argumentaba ante los medios la necesidad de que la “reforma” impulsada por el gobierno de Piñera contemple una especial atención al problema de la centralización en la educación superior, definido como un problema de distribución de recursos entre las regiones y Santiago. Por otro lado, el rector no escatimaba en elogios a la notable convocatoria de los distintos cuerpos colegiados en la marcha.

Meses después, en la antesala del fracaso del diálogo entre la CONFECH y el gobierno, rectoría tomaba la decisión irrestricta y unilateral de reiniciar las actividades académicas de pregrado, estableciendo la recalendarización del Calendario Académico, poniendo fin a los 4 meses de movilización al interior de la universidad. Dicha decisión tenía como escusa una presión mayor, obedecía a los plazos fijados por el MINEDUC. Presión que se justificaba en los posibles costos para los estudiantes y familias ante la posible pérdida del semestre y de las respectivas becas y créditos. Se podía leer en los comunicados públicos de la universidad a Vicerrectoría de Gestión Económica y Administrativa hablando del posible déficit financiero de no reiniciarse las actividades; primera muestra del discurso que precedió una campaña comunicacional –a cargo del equipo de prensa de la UACh- derechamente dirigida a exponer las razones que hacían necesaria la “vuelta a clases”. Incluso se publicó a partir de una entrevista televisiva realizada por TVN, que Camila Vallejo consideraba como una “buena estrategia volver a clases para seguir movilizados”.

Hace un par de años en el patio de una Universidad perteneciente a la orden de la Compañía de Jesús, el rector de dicha casa de estudios, reconocido defensor de los derechos humanos en Dictadura, procedía a destruir personalmente una pancarta colgada por estudiantes que hacía alusión directa a la defensa del derecho reproductivo de la mujer en el marco del debate sobre la despenalización del aborto.

Este habitus ejercido en postdictadura, deviene de un modelo que delegó a los rectores la plena disposición de atribuciones por medio de una imposición que habilitaba una serie de estatutos orgánicos (DFL) instalados en Dictadura. Estatutos orientados a la supresión de las instancias de co-gobierno universitario a cargo de la gestión de los nuevos rectores delegados por la Junta. Paso inicial para ejecutar la cruzada emprendida por gremialistas y militares hacia la despolitización-saneamiento del país para restituir la autonomía universitaria que a su juicio se había extraviado.

Pero de qué se trataba esta suerte de restitución de la autonomía universitaria como práctica disolutiva de una conquista histórica reciente. Básicamente de conseguir una legitimación de la intervención militar sobre la base de asumir un diagnóstico de la situación universitaria: «El nombramiento de Rectores-Delegados –señalaba el general Leigh- con amplias facultades es el único vehículo para corregir la anomalía descrita (instrumentalización política), y para devolver a la Universidad los verdaderos valores universitarios. De ahí que su presencia deba extenderse por todo el tiempo que sea necesario para, extirpado el virus, renazca una vida universitaria sana y auténtica” . Lo que tenía que ver con haber entendido a la universidad como enclave para la infiltración del marxismo y una justificación más profunda –de ahora en adelante encomendada a los intereses de las élites político-económicas de la derecha neoliberal- para preparar la cancha hacia un nuevo modelo que destituía la preeminencia del rol del Estado como garante de un derecho a la educación (gratuito), a cambio de ejercer un derecho de libre de elección centrado en la capacidad del financiamiento familiar y en el Estado subsidiario.

El efecto se hizo notar en el desmembramiento completo de unidades académicas. La tortura, exoneración, expulsión y desaparición, se hacía extensible a todo funcionario, estudiante y profesor involucrado de alguna forma con la UP. La consecuencia fue la abolición del gobierno triestamental y el cierre de las carreras consideradas como “enclaves” para la propagación del marxismo, anulando la autonomía universitaria sobre la base de prohibir el ejercicio del pluralismo teórico e ideológico y la libertad de cátedra. En ese contexto nacieron nuestros petit portales .

Hace unos pocos días, Jaime Retamal –en alusión al ensayo “El despertar de la sociedad” de Mario Garcés- publicó una columna en El Mostrador para recordarnos “el peso de la oscuridad de la noche” –algo de lo que ya nos había advertido Juan Rivano- que ejercen nuestros rectores. Cuestión que debe enfrentar el movimiento estudiantil cuando se vuelve a hacer sentir la inevitable confrontación del status quo portaliano de la organización del gobierno universitario de la postdictadura.

No en vano los rectores aunaron su ausencia cuando la CONFECH se sentó a negociar con el gobierno para dirimir la posibilidad histórica de avanzar en reformas estructurales de fondo. La artillería en forma de retórica nuevamente imponía los límites de los poderes fácticos –habría dicho el sociólogo Miguel Chávez- de lo que si se podía discutir en apoyo a los estudiantes. Desde luego, cuidando los límites privativos de lo que ha sido impuesto históricamente.

En los meses que siguieron a la normalización de las actividades, en los comunicados públicos de la UACh se podría leer al presidente de la FEUACh pronunciándose ante la problemática de los aportes basales. Días antes, el rector Cubillos transmitía la consigna de “nivelar la cancha” para las universidad del CHURCh, apelando a la fórmula de las “universidades complejas” para avalar el rol público de la UACh. Ahora era el problema de los aportes basales lo que copaba la agenda temática de la universidad: “La Editorial del Diario Austral y El Mercurio haciendo un llamado a los parlamentarios”; “Los trabajadores universitarios adheridos al Consejo Nacional entregando un comunicado público en el Parlamento”; “Las universidades no estatales del CHURCh solicitando no ser discriminadas”;“El rector Cubillos convocando el apoyo a los parlamentarios de la región”;; “El diputado Urresti pidiendo al gobierno igualdad para las Ues del CHURCh; “La UACh y la U. de Concepción unificaban las demandas”… y podríamos seguir.

Hace poco en una entrevista que le realice a Francisco Figueroa, sobre el secuestro de las funciones clásicas de la universidad ante las crecientes demandas por profesionalización dirigidas a las llamadas universidades de docencia, le pregunte sobre el estado de la autonomía universitaria…esto fue lo que me respondió: “Bajo estas tendencias, la autonomía universitaria es cada vez más una autonomía de papel. Claro, porque todo viene predefinido por las “políticas de aseguramiento de la calidad”, que tras el ropaje de la neutralidad técnica vienen a moldear las agendas de investigación y el perfil de los profesionales. Por eso es tan importante luchar por autonomía y democracia universitaria, porque en su despliegue radica la posibilidad de hacer presente el interés general en el desarrollo de las universidades. Ahora, para lograrlo hay que sacudirse del paradigma del siglo XX según el cual las universidades de elite son las lumbreras de la nación. Una universidad sin compromiso con la sociedad, sin retroalimentación con las necesidades y potencialidades comunes, se vuelve una secta, un club de connotados”.

Ese ropaje de la neutralidad técnica recoge la práctica del pensamiento único que avaló la despolitización de las sociedades intermedias a la Jaime Guzmán. Le habría vuelto a preguntar a Francisco si acaso aquello no podría ser el síntoma de un déficit mucho más profundo. Porque no deja de ser extraño y paradójico que la fundamentación de la intervención militar a la universitaria para restituir su autonomía se haya asentado en lo denunciado como una intervención indebida por parte del Gobierno de Allende; para una vez reintervenida la universidad, ser restituida.

Lo que a simple vista aparece en el camino hasta entonces recorrido, parece ser una evidente incongruencia entre las preocupaciones concretas de nuestros rectores y las demandas estudiantiles. Tal vez porque el déficit es al interior mismo de la universidad.

Cuando cae el peso de la noche, no es la comunidad universitaria en su conjunto la que sale a marchar en torno a una demanda vinculante, sino una patota de 5 mil que encabezan nuestros rectores.

Por Gonzalo García

Centro de Estudios Latinoamericanos (CEL)

Buenos Aires