Culpables de crímenes de guerra

En septiembre de 2002, en su Estrategia de Seguridad Nacional, George Busch planteó que “trabajaremos activamente para aportar la esperanza de la democracia, el desarrollo, los mercados abiertos y el libre comercio hasta cada rincón del mundo”. (…) “Para anticipar o prevenir actos hostiles de nuestros adversarios, USA actuará, si es necesario, de manera preventiva”. En este enfrentamiento mundial, en su discurso sobre el estado de la Unión del 11 de enero del 2007, el mismo Busch señaló que “lo que está en juego en el gran Medio Oriente es algo más que un conflicto militar. Es la guerra ideológica decisiva de nuestro tiempo. De un lado están los que creen en la libertad y en la democracia; del otro, los extremistas que matan inocentes y proclamaron su intención de destruir nuestro modo de vida”.

De esta manera se justificó la llegada a Irak de miles de soldados estadounidenses. Ya en febrero de 2008, se contabilizaban 3.967 de estos caídos en combate, sin considerarse los muertos iraquíes, cuya estimación es superior al millón de muertes provocadas por la guerra..

Ya durante la Guerra del Golfo de 1991, los bombardeos de Estados Unidos a Irak habían destruido toda su infraestructura. En los trece años posteriores, el embargo vació al Estado de su poder. Mientras, Estados Unidos empleó su veto en el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para impedir que Irak importara los equipamientos indispensables para el restablecimiento de sus industrias, su agricultura, su producción energética, y de todo lo que exigía el funcionamiento de una sociedad industrial, con el objeto de deslegitimar a Sadam Hussein ante la opinión pública iraquí. No obstante, tras los numerosos años de invasión, USA ha sido incapaz de suministrar agua y electricidad y poner de nuevo en marcha la economía. Al contrario, ha saqueado el país y ha entregado exorbitantes sumas a empresas estadounidenses para una supuesta reconstrucción que no ha sido efectiva. Ello se expresa en la disminución de la producción de petróleo; los cortes de electricidad durante varias horas diarias; el 70% de la población no tiene acceso directo al agua potable; los hospitales carecen de equipamiento; los desplazados y los refugiados suman más de cuatro millones.

En Irak se ha iniciado una nueva forma de acción bélica: la privatización de la guerra, consistente en la participación de empresarios privados en la gestión bélica directa, lo que ha permitido eludir las limitaciones del Derecho Internacional.

No obstante, la Comisión de Crímenes de Guerra Kuala Lampur ha condenado a Busch y a siete miembros clave de su administración como culpables de crímenes de guerra. Busch, Dick Cheney, Donald Rumsfeld y sus asesores jurídicos Alberto Gonzales, Devid Addington, William Haynes, Hay Bybee y Hohn Yoo, fueron juzgados “in ausencia” en Malasia, siendo condenados como criminales de guerra, de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes.

La Comisión de Crímenes de Guerra Kuala Lumpur usó como formato la Carta de Nüremberg, que señala que “los dirigentes, organizadores, instigadores y cómplices participantes en la formulación o ejecución de un plan común o conspiración para cometer crímenes de guerra son responsables de todos los actos realizados por cualquier persona en ejecución de dicho plan”.

El Caso Pinochet fue la primara oportunidad en que jueces europeos aplicaron el principio de jurisdicción universal, declarándose competentes para juzgar los crímenes cometidos por ex – jefes de Estado, a pesar de las leyes de amnistía locales autodecretadas.

En Chile, tras tantos años de impunidad y de complicidad de los tres poderes del Estado y de la prensa respecto de los crímenes cometidos por la dictadura militar y sus cómplices extranjeros y nacionales, especialmente de quienes se han enriquecido sobre la sangre del pueblo y hoy aparecen en los listados de “los más ricos del mundo”, es válido proponer un Tribunal de Conciencia que, aunque pueda carecer de poder de ejecución y de imponer penas privativas de libertad a los acusados, sí permitiría dar la mayor publicidad internacional a las condenas, puesto que se trata de crímenes universales para los que existe responsabilidad sobre las naciones para iniciar acciones judiciales si alguna de las personas acusadas ingresasen a sus respectivas jurisdicciones.

Sólo cuando los victimarios y los que se han enriquecido gracias a la acción de los “autores materiales” de los crímenes políticos pidan perdón, se sometan a la Justicia y reparen el daño causado, se podrá denominar a Chile como país habitado por seres verdaderamente humanizados, porque la paz es fruto de la justicia.

Por Hervi Lara B.

Comisión Etica contra la Tortura (CECT-Chile)

El Ciudadano