De la mercantilización de la educación al levantamiento de las clases subalternas

El sistema de educación superior en Chile, hasta el año 1980 estaba constituido por un total de 14 universidades, financiadas principalmente por el Estado. Con la reforma a la educación que se implementa en el año 1980, se crearon las universidades privadas, sin financiamiento público y las existentes hasta antes de esta reforma, pasan a formar las actualmente conocidas como “universidades tradicionales” formando el Consejo de Rectores de Universidades Chilenas (Cruch). Este proceso de reforma, se inscribe en las reformas estructurales al sistema económico chileno, para lo cual la educación pasa a constituir un campo más de posibilidades de inversión privada y expansión del libre mercado. La desregulación del mercado, favorece la creación de instituciones de educación privada y su expansión, debilitando la educación pública, tanto a nivel de primaria, secundaria y superior. Con la reforma a la educación del año 1980 el Estado literalmente dejó de preocuparse por el proceso educativo, asumiendo sólo una función de carácter subsidiaria. El sistema de educación es financiado a través de un subsidio de subvención escolar, que no logra satisfacer las múltiples necesidades de los colegios de los sectores más pobres.

Este modelo de educación mercantil, queda validado legalmente por medio de la Ley N° 18.962 Orgánica Constitucional de Enseñanza (Loce), dictada por la dictadura de Pinochet el 10 de marzo de 1990, es decir a solo un día que asumiera al gobierno de la Concertación de Partidos por la Democracia. Dicho cuerpo legal, consagra el derecho de libertad en la educación, permitiendo la creación de instituciones de educación, sin mayores restricciones , tal como se puede apreciar en el artículo 3° que se señala textualmente que “El Estado tiene, asimismo, el deber de resguardar especialmente la libertad de enseñanza” y el 6° de la misma ley plantea que “la enseñanza que se imparta en los establecimientos o instituciones educacionales no tiene otras limitaciones que las impuestas por la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional”. La mercantilización de la educación por lo tanto, queda asegurada constitucionalmente, limitando la responsabilidad del Estado solo a garantizar la gratuidad en la educación primaria, no mencionando los otros niveles de enseñanza.

Sin grandes cambios en la esencia mercantilista de la educación, y por lo mismo sin atentar contra la libertad de lucrar consagrada en la Carta Magna, en los gobiernos de la Concertación en los años 90 se establece un nuevo mecanismo de financiamiento, que viene a acentuar más la diferencia entre el sistema de educación municipal y los establecimientos privados, con la incorporación del financiamiento compartido, en donde los establecimientos particulares subvencionados, podrían cobrar una suma adicional a los padres y apoderados, lo cual a juicio de las autoridades, su finalidad es mejorar la calidad de la educación, lo que por el contrario generó una mayor brecha entre los colegios más pobres respectos de los particulares, por cuanto aumenta los recursos de los establecimientos proporcionalmente al poder adquisitivo de los padres y apoderados de ambos tipos de sistemas educativos.

El informe de la OCDE (2009), hace una negativa evaluación del sistema educacional chileno, lo que viene a respaldar las denuncias y demandas de los estudiantes secundarios, universitarios y del Colegio de Profesores de Chile. Si bien dicho informe hace referencia principalmente a la situación de la educación superior, pone de relieve problemas estructurales que repercuten en el acceso, igualdad y calidad de la educación, que lo constituye como un fenómeno societal, más allá de la estructura propiamente educativa. Esto se extiende a otros niveles de educación, en que presenta problemas que repercuten en la reproducción de la desigualdad, como lo señala el mismo informe, en relación a la educación municipalizada.

En este sentido las demandas de los sectores estudiantiles, en cuanto a cuestionar el sistema la calidad del sistema de educación pública, en manos de la administración municipal, demandando que este sector esté íntegramente a cargo del Estado, en este caso del Ministerio de Educación, tienen su respaldo empírico, con los análisis y conclusiones que el informe que este organismo internacional realiza y pone a disposición del Estado chileno. Por lo tanto las demandas y las protestas de los estudiantes no son solo un discurso ideologizado, como lo ha planteado Joaquín Lavín Infante, el actual ministro de Educación. A esto habría que agregar que si bien podría asumirse como correcta la apreciación del ministro, no sería menos ideológica que el discurso y la práctica del Gobierno, sustentado en una visión neoliberal de la educación.

El movimiento protagonizado por los estudiantes secundarios el año 2006 y el que actualmente están protagonizando secundarios, universitarios y diferentes actores sociales, constituye sin duda uno de estallidos sociales más relevantes en Chile, luego del retorno de la democracia (pactada entre las elites) en el año 1990. Dicha conflictividad pone en la escena política, la discusión los problemas de la educación pública, que los gobiernos de la Concertación nunca asumieron, más bien solo reforzaron la mercantilización de la educación, favoreciendo a los sectores elitista y permitiendo la reproducción de la desigualdad social. Este movimiento más allá de lo coyuntural de las problemáticas estudiantiles, pone en cuestionamiento todo el sistema económico y político, cuestionando el lucro en la educación, la discriminación y desigualdad social.

El actual escenario de movilización por la dignidad de la educación pública, y por la dignidad de los excluidos, nos interpela a todos quienes soñamos en una sociedad diferente a la impuesta por la hegemonía neoliberal y la hegemonía del lucro, a comprometernos activamente en esta lucha. Solo en la medida que podamos articular un gran movimientos social, existirá la posibilidad de transformar esta sociedad contralada por los intereses de una clase elitista. La invitación es a sensibilizar a padres y apoderados, a los obreros y dueñas de casas endeudados por pagar la educación de sus hijos, a docentes de la educación pública, a académicos de todas las universidades, a todos y todas quienes sueñan con una sociedad más justa, a sumarse a esta gran cruzada. Es el momento de hacer la historia. ¡¡Educación gratuita ahora!!…Asamblea Constituyente y nacionalización de los recursos naturales.

Por Luis A. Vivero Arriagada

Trabajador Social