¿Deberían autoconvocarse las izquierdas de la Convención Constitucional?

En la hora posterior a las elecciones de constituyentes, con la derrota de los sectores políticos tradicionales, un Jefe de Estado con una alta tasa de rechazo y una galopante crisis económica debido a la pandemia, el contexto actual de Chile exige a los convencionales electos ligados a las sensibilidades de izquierda y a los independientes progresistas a iniciar las conversaciones y discusiones (procedimientos) para dirimir los “mínimos comunes” (deliberación) que deben quedar plasmados en la futura Constitución (acuerdos).

Los medios de comunicación cercanos a los poderes económicos de Chile constantemente hacen gárgaras con la acuerdocracia. Sin embargo, para alcanzar los ansiados acuerdos, antes se requiere la discusión de las ideas por parte de los ciudadanos. El diálogo será una variable central para el progreso de las labores de los convencionales, mientras estos sean transparentes no tendrían que transformarse en las afamadas cocinas políticas. Será fundamental entonces la participación activa de los ciudadanos, asociaciones, gremios y sindicatos en estos procesos de consulta.

Las izquierdas, las agrupaciones progresistas y la bancada de los pueblos originarios, representadas en la Convención para la discusión de una futura Carta Magna, se deben autoconvocar para definir y acordar sus mínimos comunes. Los sectores políticos con anhelos de transformación, hoy tienen la capacidad de presionar a esta democracia semi-soberana, para discutir un Estado social de derechos y una institucionalidad descentralizada y participativa.

Por lo tanto, el proceso de construcción de la nueva Constitución, obliga a sus integrantes a cultivar los procedimientos de deliberación y confrontación de ideas. Según Jürgen Habermas la política es un escenario del poder a través de discusiones y enfrentamientos dialógicos. En el sistema democrático la política se desarrolla a través de una serie de procedimientos derivados de la acción comunicativa que se evidenciará en la deliberación de los miembros de la Convención Constitucional.

En Chile las palabras acuerdos y consensos se encuentran totalmente deslegitimadas por el uso con fines excluyentes realizados por ciertos políticos de turno. Lo importante de la democracia no es el anhelado consenso, sino que los procedimientos de confrontación de ideas de los representantes sean legítimos y no este coaptado por fuerzas externas (poderes militares o económicos). La última ratio en la democracia es el consenso (el resultado de la deliberación).

Aunque la izquierda este representada en una variedad de grupos en la Convención, no significa que la participación de estos sectores se desarrolle de manera separada. Por lo tanto, los grupos con afinidades ideológicas (izquierda, sectores independientes y pueblos originarios) deberían reunirse a deliberar los mínimos comunes de sus ejes programáticos. La confrontación de las ideas sobre Derechos sociales e institucionalidad política de las izquierdas se resolverá con más deliberación.

En el actual escenario político, existen diversas voces anti-partidos presentes en los convencionales elegidos, desprecio por la actividad partidista que tiene un origen en el pinochetismo que repudia a la política (famosa es la frase del dictador “Los señores políticos”). La idea extendida en algunos sectores de “rechazo a la política”, no aporta en nada para iniciar una deliberación democrática.

Esta ideología anti-política de descredito a los actores institucionales es contraproducente, porque facilita la posibilidad del surgimiento de líderes salvadores dispuestos a “refundar” el sistema. Además esa exigencia de considerar a la política como algo sucio y contaminado, exige a los interlocutores del diálogo democrático una cierta santidad y pureza moral, confundiendo la arena política en un culto religioso de cita dominical.

Los derechos fundamentales y las críticas al neoliberalismo estarán presentes en las futuras discusiones de los convencionales. Sin embargo, la futura Constitución no tiene como propósito central asegurar un régimen económico determinado (a excepción de garantizar ciertos derechos a la propiedad y la iniciativa económica particular). El propósito central que dirime una Ley fundamental es la distribución del poder político en un Estado democrático: separación de poderes, centralización, descentralización, el régimen de administración, las Fuerzas Armadas, etc.

En conclusión, las izquierdas, las agrupaciones progresistas y la bancada de los pueblos originarios, representadas en la Convención para la discusión de una futura Carta Magna, deberían autoconvocarse para definir y acordar sus mínimos comunes. Los sectores políticos con anhelos de cambios, hoy tienen la capacidad de presionar a esta democracia semi-soberana, para discutir un Estado social de derechos y una institucionalidad descentralizada y participativa.

Marcelo Valenzuela Cáceres

Doctor en Historia de la Ciencia