Del aborto y la democracia

 La discusión sobre la despenalización por tres causales, acaloró a moros y cristianos, no obstante en la tozudez de las posiciones e incluso en el absurdo en que cayeron algunas líneas de argumentos, se deja entrever que bajo las banderas morales y éticas subyacen miradas mucho más concretas y prácticas: las que cada cual tiene sobre la democracia y la matriz de desarrollo que busca para el país.

Así es, querámoslo o no, históricamente en Chile el debate sobre legalización y penalización del aborto  más que a convicciones filosóficas sobre la concepción y la vida, se han atado fuertemente a la necesidad de desarrollo de la economía y al rol que en ella  se le ha dado a la mujer.

En los años 30, con un escenario infinitamente más conservador y patriarcal que el actual y un poder mayor de la iglesia, el Estado no se hizo problemas para legalizar el aborto con ciertas causales por cuanto la mortalidad de las mujeres era vista por las elites como una cuestión que afectaba la posibilidad de crecimiento y desarrollo de la nación y su reducción como un imperativo para enfrentar la llamada “cuestión social”. De esa misma cuna nace la carrera profesional de matrón y matrona.

Digámoslo así, nadie, salvo las propias organizaciones de mujeres que venían luchando durante décadas, reparó en el derecho y la libertad de la mujer. La reflexión fue otra: las obreras faltan al trabajo, mueren, dejan huérfanos y aparte de ser carga para el estado, se convierten en focos de descontento social. Ergo, disminuyamos  esta miseria.

Y esa fue en resumen apretado, la mirada que se mantuvo en gran parte del siglo XX, hasta que otro capítulo de lo mismo se escribió en los años sesenta, cuando EE.UU a través de la Alianza para el Progreso, recomendó regular la natalidad: la multiplicación de pobres en un continente en explosión política era altamente peligrosa.

Así surgen de la mano del Presidente Eduardo Frei Montalva, las primeras políticas públicas de anticoncepción, destinadas a incrementar la salud familiar y la paternidad responsable, regular la reproducción y disminuir el impacto de los abortos provocados. Esto, hay que decirlo para relevarlo, a pesar de que los métodos anticonceptivos eran expresamente rechazados por el Vaticano.

¿Y cómo llegamos a este punto entonces? ¿Cómo fue que saltamos desde la vanguardia en materia de salud de la mujer, al oscurantismo que supone debatir, sobre la conveniencia o no de que el Estado imponga al conjunto de ciudadanas y ciudadanos, incluso a la comunidad médica, so pena de cárcel, las creencias de algunos? Cosas de la economía y del modelo de desarrollo.

Hacer memoria y remitirnos a un documento que a estas alturas tiene carácter de histórico: “Política de Población”, del Ministerio de Planificación de la dictadura. En este texto se vierten los principios de una política pronatalista fundada en la Doctrina de Seguridad Nacional.

Así tal cual. Las mujeres como garantes del acervo cultural patriótico y conservador de la familia y por tanto de la estabilidad institucional, social y económica del  régimen. En la práctica, estas políticas declaraban no coartar la libertad de la familia, pero recomendaban restringir la difusión y entrega de los métodos anticonceptivos, prohibía la esterilización sino por urgencia médica y terminó penalizando el aborto retrocediendo más de 50 años los derechos sexuales y reproductivos de la mujer.

Pero para quienes hoy se sienten dueños del país, de la economía, del Parlamento, y hasta del sentido común a través de sus medios de comunicación, el aborto ya no es un problema económico, no impacta la producción ni las utilidades. En Puerto Montt, muchas mujeres que trabajan en frigoríficos han denunciado abortos espontáneos a causa de las condiciones insufribles en que desarrollan su trabajo, son pocas y parecen no importar a quienes con tanta vehemencia enarbolaban en el Parlamento carteles de embriones muertos.

Las encuestas expresaron la opinión de las mujeres de todas las edades y todos los estratos sociales, de que no es posible seguir castigando el rol que les toca en la reproducción.

El aborto es un hecho íntimo de la vida y quizás por ello la convicción personal se mostró impermeable a los medios de comunicación, y sin embargo es una opinión colectiva altamente política por cuanto refleja cuanta libertad y respeto queremos dar y exigir al otro.

Por eso celebramos. Aunque todavía estamos lejos de ponernos a tono con la comunidad internacional respecto a derechos sexuales y reproductivos, lo aprobado en comisión se levanta como una reivindicación de las personas como sujetos de derechos por encima de un Estado concebido neoliberal, que los relativiza y condiciona.

Celebramos, en cuanto este triunfo de la propia conciencia sobre el sentido común alentado por los medios, es un esperanzador globo sonda de la capacidad constituyente de los ciudadanos y ciudadanas. La gente no necesitó expertos para opinar abrumadoramente por la despenalización del aborto. Simplemente lo vive y lo dijo y el Parlamento, al menos esta vez tuvo la sabiduría de escuchar.

Un paso más, un  pequeño paso para las mujeres en la recuperación de sus derechos, el siguiente es instalar el derecho inalienable de la mujer a decidir sobre su cuerpo en la Nueva Constitución. Empezamos a concebir un nuevo Chile.

*Presidenta del Centro de Estudiantes de Obstetricia, USACH