Democracia y autonomía, temas ajenos en la sucesión rectoral de la BUAP

Por Alfonso Yáñez Delgado

¿Qué se discute en los debates y propuestas de candidatos a la rectoría de la máxima institución educativa del Estado, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla?

Se habla de perfiles académicos, viajes, lealtades, libros que haya publicado el posible precandidato y la edad, esto último ha cobrado un interés excepcional pues uno de los aspirantes, el doctor Francisco Manuel Vélez Pliego cumplió en marzo pasado 68 años.

Desde la transformación del Colegio del Estado en Universidad en 1937, el otorgamiento de la autonomía universitaria en 1956, la aprobación por parte del Congreso del Estado de la Ley Orgánica de 1963 hasta la aprobación de la Ley de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en 1991, se han hecho propuestas para democratizar la institución educativa; intereses de partidos políticos como PRI, PAN, Partido Comunista y algunos grupos universitarios bajo la tutela de personajes con intereses mezquinos, limitaron esos propósitos.

El voto ponderado por sectores estudiantil, magisterial y administrativo fue un avance pero el huevo de la serpiente no se pudo evitar: el Consejo Universitario permitió que el voto de los directores de facultades e institutos tuviera el mismo valor que el total del voto magisterial de cada escuela o facultad, de tal suerte que un tercio de los votos electorales los maneja la máxima autoridad, es decir se creó un voto calificado, más bien discriminatorio disfrazado de democrático.

El voto discriminatorio ha envilecido a algunos directores, quienes en contubernio con el elegido al cargo de rector, se comprometen a votar por él a cambio de favores a costa del presupuesto universitario y a beneficiarse de las relaciones que la entidad educativa tiene con diferentes organismos nacionales o extranjeros.

Si analizamos o revisamos los gastos millonarios en la construcción de nuevos edificios o la compra, a veces no justificada de viejos inmuebles, algunos con valor histórico, encontramos inexplicable la razón para beneficiar a particulares que a través de estas transacciones encontraron la oportunidad de deshacerse de una propiedad de poco a nulo valor mercantil. Mientras eso sucede, la Universidad no invierte en la creación de una legislación acorde con los nuevos tiempos, enfocada en el respeto a los derechos democráticos de los universitarios.

Un ejemplo de la importancia de legislar, en todos los ámbitos de la vida universitaria, es el caso del escudo universitario, que hasta antes de la actual gestión tenía diversas representaciones y usos indiscriminados de formas, tamaños y colores, cada dependencia lo utilizaba de acuerdo al criterio del ejecutivo en turno. Actualmente, existe un manual de uso, que se elaboró durante el proceso de actualización y modernización del escudo universitario, y que establece los criterios para su empleo. Todas las dependencias universitarias deben respetarlo.

El Estatuto Orgánico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla requiere una depuración y actualización de preceptos (algunos requieren explicación), ya que son excesivos, en la medida que existen redundancias.

Otro tema que limita la democratización en la BUAP es el número de miembros del Consejo Universitario; si consideramos que la Cámara de Diputados Federal está integrada por 520 legisladores que representan a más de 120 millones de mexicanos, es incomprensible que 110 mil miembros de la comunidad universitaria estén representados por cerca de 200 personas o más, aparentemente, con el objetivo de facilitar la manipulación y el control de las decisiones fundamentales en la vida universitaria.

La creación del Consejo Constituyente, que algunos, como Alejandro Gallardo Arroyo llamaron consejo prostituyente, costó al gobierno de Puebla poco más de 600 millones de viejos pesos, gastados en viajes, alcohol, banquetes, apoyos para “seminarios”, etcétera, ahí se incubó el pretexto de ampliar la participación de profesores y estudiantes en la toma de decisiones, el argumento era que: a mayor cantidad de consejeros, mayor democracia. Con el paso del tiempo hemos podido ver qué el resultado ha sido contrario.

Ahora que la BUAP se ha expandido en casi todo el estado y que tiene varios años de crecimiento en prestigio y presencia nacional e internacional, se hace necesario discutir y proponer la democratización universitaria. Sin limitar el voto calificado de los directores se hace imposible el “piso parejo” para los candidatos como lo exige el combativo e ilustre compañero Carlos Figueroa.

La defensa de la autonomía universitaria, otro tema nodal, lo trataremos en la próxima entrega que generosamente publica El Ciudadano, medio de comunicación latinoamericano con su vertiente en México.