Derechos humanos; la agenda pobre del primer año de Piñera

El 11 de marzo Piñera cumplió un año en la presidencia. Aunque el aniversario fue opacado por el tsunami que afectó la costa del país como consecuencia del terremoto de Japón, no fueron pocos los análisis y balances que en la ocasión se hicieron sobre la gestión de su gobierno en este período.

Como era previsible en el contexto actual de la política chilena, el propio Piñera y sus partidarios de la Coalición por el Cambio, pusieron en énfasis en la “nueva forma de gobernar”, según ellos evidenciada en la eficiencia para enfrentar esta nueva catástrofe -en contraste con la forma en que lo hiciera la administración de Bachelet en el caso del terremoto del 27F- en el incremento del empleo y de las tasas de crecimiento, en la forma de abordar crisis como la de los mineros, entre otras.

La oposición cuestionó tales logros, calificando la gestión de Piñera de personalista, marcada por la improvisación, carente de orientación, resaltando el incumplimiento de una parte significativa (un tercio según un parlamentario DC) de las promesas que el presidente realizara en su mensaje al Congreso nacional el 21 de mayo de 2010.

Más allá de la casi total falta de autocrítica de los voceros del gobierno y de los partidos que lo sustentan frente a los evidentes déficit del primer año de la administración de Piñera y al incumplimiento de sus compromisos, y de la crítica interesada realizada por los personeros de la Concertación, quienes hoy cuestionan políticas públicas –como aquella impulsada en materia económica- que en poco o nada difieren de las que antes promovieron y que por lo mismo, defendieran, existen perspectivas que han estado ausentes en el análisis de este primer año de gobierno.

Desde luego hay una que resulta fundamental en una democracia, que es la que tiene que ver con la evaluación que la población hace de los gobernantes. Aunque las encuestas siempre tendrán detractores, ellas dan cuenta de una caída significativa en la popularidad del Presidente Piñera y de un incremento en la desaprobación de su gestión. Así, los niveles de desaprobación que éste tenía a febrero de este año llegaron a su nivel más alto, alcanzando al 49% de los encuestados.

Nadie cuestiona que el primer año de gobierno ha sido complejo, marcado por desastres naturales, el accidente de los mineros en el norte, la huelga de hambre de los presos mapuche procesados por ley antiterrorista, y el incendio de la cárcel de San Miguel, entre otros hechos. Se trata, sin embargo, de hechos naturales o políticos que se han repetido a lo largo de la historia del país y que en caso alguno pueden justificar el incumplimiento de compromisos de gobierno, y menos aún, como lo han hecho personeros de gobierno, la desaprobación popular.

Otro de los enfoques que ha estado ausente, o al menos no ha sido explicitado, en la evaluación del primer año del gobierno de Piñera, es el de los derechos humanos. Se trata de una omisión no menor, puesto que la protección y el respeto de los derechos de las personas y de los pueblos resultan determinantes para la profundidad de la democracia. La vigencia efectiva de tales derechos, además, es considerada por Naciones Unidas como un criterio fundamental para la determinación del nivel de desarrollo humano en los estados.

En efecto, poco o nada se ha señalado en el primer aniversario del actual gobierno sobre el cumplimiento que éste ha dado a los compromisos internacionales contraídos por el estado de Chile en materia de derechos humanos, o sobre la implementación por el gobierno de las recomendaciones realizadas en esta materia por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y por otros órganos de la misma entidad a Chile, o de las obligaciones emanadas de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) en esta materia.

El balance en este sentido es claramente negativo. Así por ejemplo, en materia de institucionalidad, si bien el 2010 se puso en marcha el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), organismo público autónomo dedicado a la protección y promoción de los derechos humanos, el que con una activa participación de representantes de sociedad civil ha jugado un destacado rol en este sentido, el país sigue sin contar con una defensoría de las personas u ombudsman como fuera recomendado al estado por el Consejo de Derechos Humanos el 2009.

En materia de tratados internacionales, aún cuando el 2010 entró en vigencia la Convención Internacional para la Protección de las Personas Contra la Desaparición Forzada, sigue pendiente la ratificación del Protocolo Opcional de la Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer. Igualmente, está pendiente la ratificación de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad y las Convenciones sobre el Estatuto de los Apátrida y aquella para Reducir los Casos de Apátrida. Tampoco se ha puesto en marcha el mecanismo para la Prevención de la Tortura a que Chile se comprometió a impulsar al suscribir el Protocolo Adicional a la Convención contra la Tortura.

En cuanto a los derechos de los sectores más vulnerables de la población, Chile ha seguido durante el primer año de Piñera sin contar con un reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y de sus derechos. Su gobierno tampoco ha promovido reformas legales para la implementación del Convenio N° 169 de la OIT como le fuera propuesto por el Relator Especial de la ONU sobre derechos indígenas. De la misma manera, no ha promovido una legislación que proteja los derechos de los y las migrantes como le fuera propuesto por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Igualmente, no ha impulsado las reformas legislativas recomendadas por la misma entidad para impedir la discriminación de la mujer en materia laboral y aquellas originadas en el régimen patrimonial conyugal vigente. Las políticas públicas impulsadas en relación a esta parte fundamental de la población chilena, así como en relación con los niños y niñas, no han permitido poner término a las múltiples formas de discriminación objetiva que les afectan, en abierta violación de compromisos internacionales de Chile en la materia.

Un ámbito en que se evidencian de manera crítica los déficit que el país tiene en materia de cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos es el de la justicia. En relación a las graves violaciones de derechos humanos cometidas por la dictadura, se mantuvo vigente durante el primer año de Piñera el Decreto Ley de Amnistía de 1978, el que impide enjuiciar y castigar adecuadamente a los autores de homicidios, torturas, etc., cuya remoción ha sido propuesta por diversas instancias de la ONU y exigida a Chile por la Corte IDH el 2006 (caso Almonacid Arellano y otros).

Siempre en relación a la justicia, si bien en octubre pasado el Congreso reformó el Código de Justicia Militar en en el contexto de la huelga de hambre de los mapuche procesados por Ley Antiterrorista, evitando con ello su doble juzgamiento al limitar la competencia de esta justicia para juzgar a civiles acusados de cometer delitos en contra de militares, dicha reforma mantuvo la competencia del fuero militar para juzgar a militares a los que se acusa de cometer delitos en contra de civiles. De esta manera Chile sigue desoyendo las recomendaciones de la ONU en la materia y sin cumplir con la sentencia de la Corte IDH de 2005 (caso Palamara Iribarne), en la que conminó al Estado a limitar la este fuero especial al enjuiciamiento de personal militar acusado de cometer delitos de carácter militar.

En relación a la aplicación de la justicia a los pueblos originarios, si bien el Gobierno en octubre pasado luego de la misma huelga se desistió de las acusaciones hechas en contra de comuneros mapuche por delitos considerados en la ley antiterrorista, e impulsó una iniciativa que resultó en la reforma parcial de dicha legislación por el Congreso, se mantienen diversos juicios en contra de ellos al seguir acusados por el Ministerio Público de cometer delitos considerados en dicha legislación, entre ellos el de “asociación ilícita terrorista”.

Persiste, además, la preocupación de diversas instancias, incluyendo el propio INDH, por la insuficiencias de esta reforma para garantizar el derecho al debido proceso, incluyendo el derecho a contrainterrogar a los testigos protegidos en ella considerados. No es casualidad que el Presidente de la Corte suprema, Milton Juica, reconociera hace unos días al inaugurar el año judicial que los pueblos indígenas “sienten una discriminación que todavía no se supera”. El mismo Juica agregó que los conflictos que involucran a estos pueblos se han judicializado, y que las reivindicaciones indígenas deben ser “asumidas como una tarea de Estado”, reconociendo además que los tribunales de justicia deben actuar por “imperativo constitucional”.

Relacionado también con la justicia, la crisis del sistema carcelario se manifestó de manera dramática con el incendio del penal de San Miguel en diciembre pasado, el que como sabemos, ocasionó la muerte de 81 internos. Tal como el propio Piñera reconociera entonces, Chile cuenta con una población penal de 109 mil personas, 53 mil de las cuales se encuentran privadas de libertad en recintos cuya capacidad alcanza para 32 mil personas. La evidente responsabilidad de los gobiernos anteriores al no hacerse cargo de una situación que había sido observada por el Comité Contra la Tortura de la ONU, y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (IDH), entes que habían instado al estado chileno a la introducción de reformas profundas en este ámbito, no exculpa aquella que le cabe a la administración de Piñera por su inacción frente a esta realidad.

Tampoco la de sus partidarios, quienes han sido los artífices de una política de persecución penal anacrónica que ha convertido a Chile en país de América Latina con mayor población penal en proporción a la población total.

Finalmente, otra realidad crítica de derechos humanos que lejos de superarse se ha agravado durante el primer año de gobierno de Piñera, es la de la violencia de los agentes policiales en contra de la población civil resultando en números casos de muerte, o tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Solo en relación con población indígena el Observatorio Ciudadano recibió durante el primer año de gobierno de Piñera más de 20 denuncias por casos de violencia imputable a las policías que han afectaron a un centenar de personas. Las medidas adoptadas para hacer frente a los abusos policiales, como la desvinculación de 16 efectivos policiales involucrados en irregularidades, incluyendo hechos de violencia que afectaron a la población civil, son claramente insuficientes para erradicar estas prácticas violatorias de derechos humanos.

Las autoridades de gobierno encargadas de la seguridad pública han desoído los reclamos frente a esta realidad, sin instar a las policías a investigar o sancionar administrativamente estos hechos delictivos. Menos aún han iniciado acciones para su investigación y sanción judicial. La persistencia de estas prácticas policiales está indudablemente relacionada a la impunidad en que quedan los delitos que cometen, los que como se señalara, siguen siendo de competencia de la justicia militar. Mientras estos delitos no sean investigados por la justicia civil, y las autoridades mantengan su pasividad frente a estos hechos tolerando el uso abusivo de la fuerza pública en contra de la población civil, so pretexto de mantener el orden público y combatir la delincuencia, mientras sigan desatendiendo las sentencias de la Corte IDH y las recomendaciones de órganos de la ONU en esta materia, estas irregularidades lamentablemente persistirán.

Esperemos que el 2011 el gobierno de Piñera se tome más en serio los derechos humanos, de manera que su adhesión a ellos no se limite a la retórica discursiva, sino que se manifieste de forma más nítida y prioritaria en su agenda de gobierno. Ello implica un rol mucho más activo del ejecutivo en la adopción de políticas y en el impulso de reformas legislativas profundas relativas a los derechos de las personas y de los pueblos, como las que han sido propuestas con insistencia las Naciones Unidas y la Comisión y la Corte IDH a Chile en los últimos años. Mientras ello no ocurra, los derechos humanos seguirán siendo la agenda pobre de su administración.

Por  José Aylwin