Desaparecidos, crisis de Derechos Humanos

"Desde la Plaza", columna de Agustín Guerrero Castillo

Agustin Guerrero

17/03/2025 8:51pm

Ante la gravedad del hallazgo en Teuchitlán, Jalisco, la presidenta Claudia Sheinbaum ha tomado la decisión de declarar como una prioridad nacional la atención al tema de las personas desaparecidas y no localizadas. Lo hace a partir de su historia de vida. La generación política en la que ella se formó tuvo la experiencia de impulsar la búsqueda de los desaparecidos políticos de la “guerra sucia” que llevaron adelante los gobiernos priistas de la década de los setentas. En esos años, cientos de jóvenes fueron desaparecidos por el simple hecho de disentir con el régimen político imperante. La lucha de Doña Rosario Ibarra de Piedra al frente del Colectivo Eureka nos marcó a todos quienes tuvimos la oportunidad de conocerla.

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Los desaparecidos de ahora, son, sin embargo, por otras causas. Principalmente víctimas de la delincuencia organizada. En México se vive desde el 2006 una crisis en materia de derechos humanos expresada en el elevado número de personas reportadas como desaparecidas. Coincide con la decisión de Felipe Calderón de declarar la guerra contra los cárteles.

Veamos los números. De acuerdo al Informe Nacional de Personas Desaparecidas 2024 elaborado por la RED LUPA, En México se denunciaron, en 2006, 220 desapariciones o extravíos, en 2007 pasó a 850; en 2008 a 1,200; en 2009 a 1,900; en 2010 a 4,100; en 2011 a 5,200 y en 2012, último año de Calderón, fueron 4,200.

Ante la magnitud de las denuncias se decretó el 17 de abril de 2012, la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas. Fue el primer esfuerzo para contar con información confiable y consistente del problema. Se trató de configurar una base de datos a partir de los reportes de las procuradurías del país, depurada y actualizada por la Procuraduría General de la República. Sin embargo, este registro presentó serios problemas en omisiones, duplicaciones y tergiversaciones, lo que lo hizo poco confiable.

En el gobierno de Peña Nieto, este mismo Informe, da cuenta de que en 2013 se registraron 4,800 denuncias; en 2014 4,900; para el 2015 hubo una baja a 4,200; en 2016 subió a 6,000; en 2017 a 7,700 y en 2018, cerró con 7,600. Más de 35 mil desaparecidos. Es de resaltar que los hombres representan el 76% de las desapariciones denunciadas sobre el 23% de mujeres.

2014 fue un año particularmente grave con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Caso emblemático que dejó al descubierto el contubernio entre integrantes del crimen organizado y policías municipales y estatales, y al menos, la omisión de los militares. Este caso se investiga desde entonces bajo la figura de desaparición forzada.

Los más de 35 mil desaparecidos en el gobierno de Peña Nieto llevó a la constitución de 35 Colectivos de búsqueda, prácticamente en todos los estados de la República hay al menos uno. 6 son las razones de su lucha: Encontrar a los desaparecidos, Por la reparación del daño, Por la No repetición, Por la paz, Por la verdad y Por la Justicia.

Ante el reclamo de los Colectivos de búsqueda, se discutió y se aprobó en el Congreso la ley vigente en la materia y que fue publicada el 17 de noviembre de 2017. La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Entre otras cosas, se creó el Sistema Nacional de Búsqueda y la Comisión Nacional de Búsqueda. A su vez, en los estados se aprobó legislación local y se crearon las Comisiones Estatales de Búsqueda.

En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador continuo el crecimiento de casos. En 2019 fueron 8,800; en 2020 disminuyó a 8,100; en 2021 y 2022 a 8,300 respectivamente; en 2023 a 10,315 y en 2024 hasta el 30 de septiembre 10,058 reportes. Más de 52 mil desaparecidos. Y también el número de Colectivos aumentó. Hoy son poco más de 60.

La desaparición de personas es un fenómeno complejo. Las tres principales líneas de explicación dan cuenta de que el crimen organizado los “secuestra” para pedir dinero a sus familiares por su libertad. Es el caso de cientos de migrantes, tanto nacionales como extranjeros, o bien los “secuestra” para adiestrarlos e incorporarlos en sus redes criminales. Otra razón es el secuestro entre grupos criminales contrarios que están en competencia por territorio o mercado. En este caso, sabemos por testimonios, que la mayoría de estos desaparecidos son asesinados.

La impunidad con que actúan los grupos delincuenciales ha producido casos de violencia que rayan en el horror. Fosas clandestinas a lo largo y ancho del país, son encontradas por los Colectivos de Búsqueda. Son ellos, los colectivos, quienes han realizado los trabajos de investigación que les corresponde a las fiscalías. Los estados de Jalisco, México, Nuevo León, Ciudad de México y Sonora concentran casi el 50% del número de casos de personas desaparecidas.

Para resolver esta crisis de derechos humanos, la presidenta Claudia Sheinbaum, enviará un conjunto de iniciativas de reformas que busca contar por fin, con una base de datos confiable y consistente; crea la Plataforma Nacional de Identificación Humana; genera nuevos protocolos para alerta inmediata y fortalece la Comisión Nacional de Búsqueda “a fin de ampliar su capacidad de atención, análisis de contexto y la adquisición de equipo tecnológicos que acompañen la búsqueda con evidencias científicas”.
El principio para resolver cualquier problema, es reconocerlo y actuar en consecuencia. El Humanismo Mexicano tiene en este tema una gran deuda social. Esperemos buenos resultados por el bien de todos, pero de ante mano, por el bien de esos miles de familias admirables que nos han enseñado con su incasable ánimo, que seguir buscando a sus desaparecidos, es una poderosa razón de vida. Hasta encontrarles.