Esta semana se desarrollan en Nueva York, en el marco del Consejo de Desarrollo Sustentable de Naciones Unidas, las discusiones sobre las políticas globales de acceso y protección del Agua que llevarán a la Cumbre de “Río + 20”, en junio próximo.
Simultáneamente, acaba de terminar en Marsella el “6º Foro Mundial del Agua”, organizado por el empresariado del agua y los servicios sanitarios (Suez, Veolia, Saur, etc.) al cual son invitados los ministros de todas las naciones, y el Foro Alternativo del Agua, organizado por las organizaciones ciudadanas que trabajan por el acceso universal y justo al agua y la protección de ésta como bien común de los pueblos y las naciones.
En Nueva York y Marsella, la ciudadanía y muchos gobiernos han llamado a concretar el derecho humano al agua y al saneamiento, demandando a la ONU cumplir con el mandato de la Asamblea General al respecto. Esto implica reforzar el rol de los Estados sobre la gobernanza pública, democrática y ambientalmente sustentable del agua y priorizar, tal como se establece en los Objetivos del Milenio, la satisfacción de las necesidades de agua y producción de alimentos para la población por sobre las demandas del mercado global.
Mientras esto ocurre en el globo, en Chile estamos ante una de las peores sequías de los últimos años. La falta de lluvias y nieve ha obligado al Gobierno a declarar a 120 comunas en emergencia agrícola y a seis áreas de la macrozona centro en escasez hídrica. Las autoridades reconocen que no existe agua para riego y que el abastecimiento para consumo humano se suple con camiones aljibe que a todas luces resultan insuficientes. Alcaldes y agricultores en zonas de catástrofe explican que la mayoría de los sistemas de agua potable rural tienen problemas e incluso están sin agua, y que el 75% de los agricultores no ha cosechado hace dos años.
Esta situación evidencia que, además de carecer de estrategias para paliar necesidades básicas en periodos de sequía (los cuales se repiten cada 8 o 10 años), los gobiernos no han realizado las reformas legales e institucionales requeridas para la protección del agua, el acceso equitativo y el abastecimiento seguro para la población y las economías de subsistencia.
No obstante hoy, al menos las autoridades reconocen que se otorgo excesivos derechos de agua y que durante 20 años no se habían fiscalizado apropiadamente.
El Código de Aguas de 1981, aún vigente, ha permitido por décadas entregar el agua gratuitamente y a perpetuidad a quien la pida, sin preeminencia de alguna actividad, sin parámetros ambientales de sustentabilidad, e instaurando la funesta figura del remate de aguas, que otorga acceso al agua a quienes pueden pagar más por ella, lo que ha dejado en la indefensión y sin agua a miles de pequeños usuarios, agricultores y comités de agua potable rural en todo el país. Son contados los casos en los que el Gobierno ha intervenido para dejar un mínimo en beneficio de la población aledaña o de áreas protegidas, bajo la figura de la “Reserva Hídrica”, creada recién con la modificación del Código en 2005, luego de 13 años de tramitación en el Parlamento.
Ante este siniestro panorama, la autoridad hoy está funcionando a dos bandas. Por un lado, decretando medidas tendientes a fiscalizar el uso del recurso y redistribuirlo entre regantes bajo las facultades que le confiere la emergencia agrícola y zona de escasez. Pero por el otro avala proyectos que siguen solicitando grandes caudales en zonas ya agotadas, con el argumento que contribuirán a la economía local o nacional.
Además de la trágica situación hídrica de Copiapó, a la que se suma el otorgamiento en Huasco de un permiso especial a Agrosuper para usar agua fresca desde una cuenca cerrada en 2009, las zonas de Coquimbo y Petorca atraviesan por una situación especialmente difícil.
Históricamente la región de Coquimbo ha pasado por largos períodos de sequía, agravados por la instalación de grandes empresas mineras en las nacientes de los ríos, muchas de las cuales además destruyen los glaciares que las proveen de agua.
Es el caso de Minera Los Pelambres, que el 1 de Febrero de este año solicitó a la DGA derechos de aprovechamiento de 612 litros de agua por segundo en el sector de Cuncumén, los que, de otorgarse, se unirían a los cerca de 1.300 litros por segundo que ya utiliza, entre aguas subterráneas y superficiales, en la cuenca del Choapa, la que desde el año 2004 se considera agotada. A esto se suma la minera Vale, en Manquehua, Quilmenco y Cárcamo. Además del anunciado proyecto el Pachón de Xstrata Copper, que pretende instalar un concentraducto desde Argentina a la costa chilena; y al sur de Canela, el proyecto San Agustín de CODELCO.
En tanto que en la comuna de Cabildo, en la V región, la ciudadanía comunica acciones organizadas para visibilizar el conflicto por el agua en la provincia y busca soluciones concretas y justas: algunos habitantes de la localidad están vendiendo agua a grandes productores agrícolas situación que estaría perjudicando el abastecimiento de agua potable para su localidad.
Hacia la Metropolitana y las regiones del sur, tanto en el secano costero como en la precordillera y valle central, la escasez de agua y los conflictos aumentan, y en muchos casos por culpa del gobierno. La Dirección General de Aguas y la Dirección de Obras Hidráulicas son los organismos que han permitido la aprobación de los proyectos hidroeléctricos en el río Tinguiririca que hoy convirtieron en secano grandes extensiones de riego y que enfrenta a eléctricos y agricultores en los tribunales; lo que se repite en el río Maipo con el proyecto hidroeléctrico Alto Maipo, de Gener, que provocará los mismos impactos ocurridos en Tinguiririca.
En este contexto, el gobierno ha enviado al Parlamento un proyecto de Ley para aumentar la fiscalización, acrecentar las multas por robo de aguas y para el perfeccionamiento de los derechos de agua existentes. Pero ello, aunque necesario, no esta a la altura de las reformas que Chile necesita para asegurar el acceso, la distribución justa y la protección de los recursos hídricos.
Así las cosas, Chile recibe el Día Mundial del Agua 2012 con escasez del recurso, conflictos ciudadanos de norte a sur, problemas de gobernabilidad y ausencia de voluntad política para abordar los problemas estructurales que genera la regulación vigente sobre las aguas.
Hoy más que nunca, creemos que en esa fecha no hay nada que celebrar.
Por Sara Larraín
Directora del Programa Chile Sustentable
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