Disculpe la consulta, ¿Dijo usted nuevo trato?

Tras la suscripción del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, a principios de este año, el Estado chileno se abre camino hacia la materialización de dicho compromiso mediante una reforma constitucional para el “reconocimiento de los pueblos indígenas como parte del Estado de Chile”. La iniciativa, en su idea de legislar, fue aprobada por el Senado el pasado 7 de abril,  como parte de los pasos del gobierno de Michelle Bachelet para la entrada en vigencia del acuerdo internacional, prevista para el 15 de septiembre de este año.

No obstante, previo a la discusión y tramitación de la reforma, el Gobierno impulsó –porque así lo exige el convenio de OIT- un proceso de “consulta”, empeñado en recoger las opiniones y alcances de los pueblos indígenas que habitan el territorio. El resultado de la consulta será entregado a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara Alta, para su discusión en particular.

El mecanismo es requisito elemental para la materialización del convenio 169 y, por lo mismo, debe cumplir determinadas condiciones para ser efectivo y concordante con los principios contenidos en el documento de la OIT. De lo contrario, agregaría una responsabilidad al Estado chileno, mayor a la que le cabe hasta ahora en su histórica relación con los pueblos originarios.

Esa obligación debe ajustarse a los cánones establecidos por el 169, idea que el Relator Especial de Asuntos Indígenas de Naciones Unidas, James Anaya, reforzó durante su visita al país, en marzo último, a petición de las autoridades locales y de los representantes de los pueblos indígenas.

Junto con realizar un seguimiento a la implementación del Convenio 169 y a los avances de la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, Anaya emitió sugerencias explícitas acerca de la iniciativa de reforma constitucional y, particularmente, sobre la consulta que debe impulsar el Estado adherente, a través de un primer informe titulado “Principios internacionales aplicables a la consulta en relación con la reforma constitucional en materia de derechos de los pueblos indígenas en Chile”

El documento explicita, entre otros aspectos importantes, que se debe impulsar un proceso “mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas susceptibles de afectarles directamente (…)” Y, además, debe ser realizado “de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas”.

Además, hace hincapié en las exigencias planteadas por los expertos del organismo internacional, en cuanto a que “en un ambiente de enfrentamientos, violencia y desconfianza recíproca”, dicho proceso de consultas puede llevar al fracaso cualquier intento para propiciar, finalmente, un escenario y condiciones reales para el “nuevo trato” al que el Estado chileno aspira.

He ahí, entonces, el problema. Ambos preceptos sugeridos por el representante de Naciones Unidas están lejos de ser reales o condecirse con las exigencias que plantea el Convenio 169 de OIT. La constatación no es antojadiza y los ejemplos abundan.

El clima de violencia y desconfianza al que se alude como obstáculo insalvable de todo propósito de reconocimiento, persiste. Persevera y se agudiza, expresado no sólo como violencia física, léase represión, contra aquellas voces y manifestaciones de oposición por parte de comunidades y organizaciones indígenas (no sólo del pueblo Mapuche).

El histórico maltrato que se pretende superar con la idea de reconocimiento constitucional, también se manifiesta en el ámbito simbólico, con el silencio y la indiferencia oficial y mediática, destinado a contener la disconformidad de los pueblos indígenas -expresada por los representantes de sus legítimas organizaciones- frente a un proceso que, aseguran, “se ha hecho entre cuatro paredes”.

En contraste con la publicitada consulta impulsada por el Ejecutivo, el cuestionamiento no se ha hecho esperar. Pese a ese silencio, los pueblos Aymara, Rapa Nui, Quechua, los Colla, Atacameños y Diaguitas, Mapuche, Kawashkar y Yaganes, no han dado el visto bueno como aseguran desde el Gobierno.

Imposible, si esas “cuatro paredes”, no son otras que las de un organismo como la Conadi -encargado de canalizar la consulta-, que todavía no logra sacudirse la corruptela que se trae a cuestas desde que fue concebido.

Difícil, si en paralelo el gobierno ha desarrollado un solapado lobby, a cargo del comisionado presidencial para asuntos indígenas, Rodrigo Egaña, destinado a cocinar un “código de conducta empresarial”, para el que tampoco cuenta (ni contará, se puede afirmar) con el beneplácito de los pueblos originarios.
Ingenuo propósito, si con ese “código conductual”, más que proteger y salvaguardar los derechos de los pueblos indígenas, sólo se busca alentar el desarrollo de proyectos de inversión con una lógica preventiva de “conflictos étnicos”. Algo así como esa pretendida ilusión de hacer calzar en el escenario de un “nuevo trato”, una práctica depredadora de recursos naturales más higiénica y humana.

Peor aún cuando, en vez de hacer partícipe a las comunidades de los beneficios que supone el desarrollo bajo el canon de un “código de conducta empresarial”,  lo que está detrás es transformar a los indígenas en fuerza productiva.

De nada de eso le han preguntado a los pueblos indígenas. Pero ha podido más el estruendo del viento que triza la pampa seca del norte. Ha podido más la gélida brisa que surca los parajes y canales del fin del mundo. Ha podido más la lucha incansable en territorio mapuche, justamente donde las pretendidas condiciones para un “nuevo trato”, están sideralmente lejos de ser ciertas.

La “consulta indígena” está deslegitimada. A medida que se cumplen los plazos y, aunque no les guste a los paladines del “nuevo trato”, el justificado malestar indígena tarde o temprano pondrá en jaque (mate) los resultados de la apuesta gubernamental para “consensuar” un proyecto de reforma constitucional coherente con las exigencias que plantea el convenio de la OIT.

La consulta ha sido un chiste y que eso no nos asombre. Los publicitados encuentros con comunidades, especialmente en el caso del pueblo mapuche, han sido ‘dedocráticamente’ celebradas por la Conadi.

Y es lógico, pues el discurso-advertencia del Gobierno señala que sólo tratará con comunidades “mayoritarias” (presuntamente) abiertas al diálogo y no con aquellas identificadas caricaturescamente como “minorías violentas”, que propugnan la quema de camiones, de casas patronales de latifundistas y de bosques de eucaliptos y pino insigne.

Para ser justo, hay que decir que la “consulta indígena” para el “nuevo trato” ha sido “exitosa”. Pero seamos claros, lo ha sido en aquellas comunidades donde la Conadi tiene un “soporte político” construido con la inyección de recursos y programas de “índole integrador” y de corte asistencialista.

Es que la vieja receta del poder del dinero ha hecho más fácil el camino en medio de una pobreza cruel que, no olvidemos, ha sido también instrumento clave del maltrato (en tanto violencia simbólica y física) “en la larga noche de los quinientos años”. De este modo, cabe una consulta, ¿dijo usted nuevo trato?

por Marcelo Garay Vergara