Dónde están los Terroristas

Hoy el Ministro del Interior, varios parlamentarios e incluso el atarantado del intendente de la capital se atoraron con amenazas no solo en contra de quienes colocaron bombas, sino que también en contra de quienes las alertan. De hecho, ya existe una formalización para un gracioso de Santiago.

En la antesala de esta orquestación ya se había naturalizado el infiltrado por parte de las policías civiles y uniformadas como elemento de un supuesto trabajo de inteligencia en las marchas, para descubrir a los famosos encapuchados y en el sur para acusar a comuneros de manera ilegal, tal como lo confirmó el fallo de la Corte Interamericana que echó por tierra ese constructo vil de la imagen de un gobierno de la “seguridad pública” y “la tranquilidad de las grandes mayorías” cueste lo que cueste.

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Resulta raro que cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Civiles, castigaba a Chile por su violación de los acuerdos 159 y otros, al aplicar la ley antiterrorista al Pueblo Mapuche, apareciera esta seguidilla de bombas, así como para empatar.

Para mayor coincidencia, el martes, a las 14:00 horas, seis encapuchados premunidos de “fierros”, atacaron una sede sindical portuaria en San Antonio. O sea, hubo tiempo suficiente para que el Ministro del Interior, las policías y el fiscal nacional, se informaran del “acto terrorista” en contra de trabajadores y dirigentes sindicales ocurrido en el puerto que mueve más carga a nivel nacional y donde trabaja y vive el líder más destacado de los trabajadores portuarios de Chile.

Paralelamente, los hechos ocurren cuando se tramita la Ley Corta portuaria que, según la opinión del gobierno favorecería al “sector portuario, que es uno de los más dinámicos y de mayor responsabilidad con el conjunto de las actividades económicas de nuestra sociedad”, porque éste “requiere avanzar en mejorar sus  estándares laborales y organizarse de forma más sustentable socialmente, para responder de manera más apropiada a la modernización de la actividad”. Hablamos de una argumentación que, además, ha generado alarmas entre los concesionarios de los puertos chilenos, pues a ellos les parecía genial que la precarización del empleo y la libre disposición de los trabajadores a sus intereses no fueran alterados.

Pues bien, hablemos en serio. El gran problema de los empresarios no es la media hora de colación, como tampoco los otros puntos de la Ley Corta; lo que les preocupa a los empresarios es la conducción y la hegemonía que ha adquirido a nivel nacional el presidente de la Congemar, Sergio Vargas, quien es también uno de los voceros de la Unión Portuaria de Chile.

Como están las cosas en Chile, no resultaría sorprendente descubrir que si el Ministro del Interior lo quisiera, así como declara tanto empeño en que se investigue celosamente el caso de los terroristas que ponen bombas, hiciera lo propio en este acto delincuencial y descubriera que a lo menos tres de los seis encapuchados que asaltaron el sindicato portuario, prestaran servicios para alguna empresa concesionaria del puerto de San Antonio y menos sorprendente sería comprobar que los mismos estuvieron ligados a provocaciones anteriores.

La empresa Puerto Central ha salido presurosa a condenar los hechos de violencia; sin embargo, no ha invocado la fuerza pública ni la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado como en otras oportunidades cuando los trabajadores ejercen su derecho a huelga y paro. En cambio, como para disculparse, emitió un curioso recado: “Por otra parte, el 26 de junio pasado la empresa resolvió terminar con la prestación de servicios de un contratista que se relacionaba con dirigentes pertenecientes a la otra federación”. ¿Qué quiso decir con ese parche ante la herida?

Uno  tiene todo el derecho a preguntarse ¿cuándo empezaron estas cosas raras, esta violencia, las  amenazas, de quién es el estilo, quién está detrás de esto?

En un hecho notorio que cuando asumió la gerencia Rodrigo Olea las cosas se pusieron muy feas, pero sería una torpeza no reconocer que esta persona, mal que mal, supo entender que todo se debía hacer dentro de cierto margen y que, en realidad quien marcó la diferencia fue su jefe, que, dicho sea de paso, antes fue el gerente de Terminal Pacífico Sur, en Valparaíso donde, curiosamente, se usaron las mismas prácticas y aún quedan resabios de aquello.

Roberto Zilleruelo Asmussen es el jefe de Olea y a lo menos debe tener informacion de  quien está detrás de esta operación de bajar a Vargas cueste lo que cueste. Sería bueno que el Grupo Matte expresara públicamente si está de acuerdo con el accionar de su superintendente; de ser así, creo que el fiscal nacional e incluso el mismísimo Peñailillo cumplirían su anhelo de saber dónde están los terroristas y con una mínima inteligencia.