Dos Gobernadores: Pablo Lemus y Eduardo Ramírez

Este fin de semana de diciembre de 2024 marcó el inicio de una nueva etapa política en Jalisco y Chiapas, con la toma de posesión de Pablo Lemus, de Movimiento Ciudadano (MC), como gobernador de Jalisco, y Eduardo Ramírez, de Morena, como gobernador de Chiapas. Ambos heredan estados con profundas problemáticas estructurales y expectativas sociales desbordadas. Aunque sus historias políticas y orígenes partidistas son distintos, enfrentan un desafío común: demostrar que son algo más que el relevo institucional de administraciones cuestionadas.

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Jalisco se ha consolidado como la cuarta economía más grande de México, con un Producto Interno Bruto (PIB) estatal que supera los 1.7 billones de pesos, impulsado principalmente por el sector tecnológico, agroindustrial y de servicios. Sin embargo, el desarrollo económico no se ha traducido en bienestar para toda su población. Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el 28% de sus habitantes vive en condiciones de pobreza, y más del 5% en pobreza extrema. Además, la inseguridad es un freno constante: en 2024, el estado reportó más de 2,000 homicidios dolosos, posicionándolo entre los más violentos del país.

Jalisco: Entre el Déficit y la Inseguridad. Pablo Lemus asume el gobierno de un Jalisco marcado por un legado complicado. Su predecesor, Enrique Alfaro, dejó un déficit fiscal considerable y un cúmulo de promesas incumplidas, desde la gestión del agua hasta proyectos de infraestructura inconclusos. Aun así, el electorado tapatío renovó su confianza en Movimiento Ciudadano, impulsado en gran medida por la imagen de Lemus como un gestor exitoso durante su paso por las presidencias municipales de Zapopan y Guadalajara.

El principal reto para su gobierno será lidiar con la crisis de seguridad que sacude al estado. Jalisco lleva el estigma del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los grupos criminales más poderosos del continente, lleva años erosionando la estabilidad del país. Sin una estrategia efectiva de seguridad, Jalisco continuará siendo sinónimo de violencia y narcotráfico, una marca indeleble que afecta su desarrollo económico y social.

Lemus deberá romper la inercia de improvisación que caracterizó al gobierno de Alfaro y apostar por una estrategia integral de seguridad que involucre inteligencia, cooperación interinstitucional y un fortalecimiento del tejido social. Sin esto, su gobierno será devorado por la misma inseguridad que hoy atemoriza a sus ciudadanos.

En materia económica, Jalisco tiene una ventaja competitiva innegable: es un hub tecnológico y de innovación. Sin embargo, la falta de políticas públicas eficaces para atraer inversión extranjera y desarrollar infraestructura podría hacer que esta oportunidad se diluya. El desarrollo económico no será sostenible si la inseguridad continúa asfixiando la inversión privada.

Chiapas es el estado más pobre de México, con un 70% de su población en situación de pobreza y casi el 30% en pobreza extrema, de acuerdo con el CONEVAL. Su Índice de Desarrollo Humano (IDH) es el más bajo del país, evidenciando décadas de abandono institucional. En educación, sólo el 40% de su población adulta cuenta con la secundaria completa. Además, la violencia estructural generada por disputas entre grupos criminales y conflictos comunitarios ha desplazado a miles de personas. La falta de acceso a servicios básicos como agua potable y salud agrava aún más la situación, dejando una deuda histórica difícil de saldar.

Chiapas: Pobreza y Desigualdad Crónica. En el extremo sur del país, Eduardo Ramírez enfrenta un panorama desolador. Chiapas, históricamente marginado y empobrecido, es un recordatorio constante del fracaso del Estado para integrar a toda su población en el desarrollo nacional. Rutilio Escandón, su antecesor, dejó un estado sumido en el abandono, con índices de pobreza alarmantes y una gestión pública marcada por la ineficacia y la indiferencia.

La violencia también es un factor ineludible. La disputa entre cárteles del crimen organizado y los conflictos comunitarios han generado una crisis humanitaria en regiones como Pantelhó y los Altos de Chiapas, donde comunidades enteras han sido desplazadas. En este contexto, el reto de Ramírez no es sólo restablecer la seguridad, sino también devolver la esperanza a una población que ha vivido por décadas en la exclusión.

Chiapas no sólo necesita programas asistenciales, sino una política de desarrollo integral que abarque desde la infraestructura básica hasta proyectos productivos sostenibles. La promesa recurrente de resolver los problemas estructurales no puede quedarse, una vez más, en el discurso electoral.

Aunque Jalisco y Chiapas son gobernados por partidos distintos y enfrentan realidades muy particulares, ambos gobiernos comparten un desafío común: demostrar que sus triunfos no fueron simples accidentes políticos o reflejos de inercias electorales. La historia reciente de México está plagada de administraciones que iniciaron con grandes expectativas y terminaron sepultadas bajo el peso de sus propias promesas incumplidas.

Es momento de que Lemus y Ramírez actúen como estadistas y no como operadores partidistas. Si fracasan, la factura no la pagarán sólo ellos ni sus partidos, sino millones de mexicanos que esperan respuestas en dos de los estados más complejos del país.

La gobernabilidad no se mide por la retórica de toma de posesión ni por el control mediático, sino por la capacidad de generar resultados tangibles en seguridad, desarrollo económico y justicia social. Para Jalisco y Chiapas, el reloj ya comenzó a correr. Eso pienso yo, ¿usted qué opina? La política es de bronce.

@onelortiz

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