Por Denis Rogatyuk.-
El 8 de abril, la Corte Nacional de Justicia de Ecuador condenó al expresidente Rafael Correa y al exvicepresidente Jorge Glas a ocho años de prisión, al tiempo que les impidió ocupar cargos públicos durante los próximos 25 años.
El fallo de la corte marcó la escalada de una feroz campaña política y judicial que se libró contra los dos líderes: Correa, juzgado en ausencia, que ya enfrenta otros 25 cargos que van desde presunta corrupción hasta secuestro: mientras Glas continúa cumpliendo su sentencia de seis años en la prisión de máxima seguridad de Latacunga, por su presunta participación en el escándalo de soborno del caso Odebrecht.
Ecuador se ha convertido en un campo de batalla clave en la campaña de Lawfare en el continente: la persecución política de líderes y movimientos de izquierda y progresistas a través de procedimientos judiciales que a menudo carecen del debido proceso o evidencia creíble. Tanto en este caso como en los recientes procedimientos en Brasil, dirigidos contra el expresidente Lula da Silva, el Lawfare tiene claros patrones de colusión entre la acusación y los elementos políticos reaccionarios dentro del estado.
La ofensiva contra Glas y Correa, aún hoy un líder popular de la oposición, también llega en un momento de crisis en el gobierno de Lenín Moreno. La mala gestión de la pandemia de COVID19 y la revelación de miles de muertes indocumentadas amenazan con provocar la mayor crisis socioeconómica desde el colapso financiero y la dolarización de 2000-01.
Poderes autoritarios
En los últimos dos años, el Gobierno de Moreno se ha vuelto cada vez más experto en utilizar tácticas autoritarias, en particular, cooptando al Poder Judicial como medio para perseguir a sus oponentes. Otros líderes prominentes del Movimiento Revolucionario Ciudadano proCorrea, como la gobernadora de la provincia de Pichincha, Paola Pabon, y el exlegislador Virgilio Hernández, han sido encarcelados (aunque luego liberados por falta de pruebas), mientras que Ricardo Patiño, Gabriela Rivadeneira y Sofía Espin se han visto obligados a exiliarse en en la Embajada de México.
En agosto de 2019, varios miembros antiMoreno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), el cuerpo legal electo con poderes para nominar y remover al Contralor General y miembros de la Corte Suprema, entre otras funciones; fueron removidos después de oponerse consistentemente a las medidas de su reemplazado gobierno, a pesar de haber sido elegido en marzo de ese año. La represión generalizada contra las protestas indígenas y sociales en octubre de 2019 (contra la promulgación de las reformas del FMI) colocó al Gobierno de Moreno en la larga lista de regímenes represivos latinoamericanos. Durante un mes de agitación, decenas de activistas y manifestantes indígenas fueron asesinados, sin vergüenza, como si fuera Colombia.
Esta repentina escalada de la ley contra Correa y sus aliados puede explicarse por varios factores. El Gobierno de Moreno enfrenta una aguda crisis política, particularmente con respecto a su incapacidad ante la crisis transversal de su administración evidenciada por el coronavirus y la creciente delegación de deberes a su vicepresidente, Otto Sonnenholzner. El régimen también continúa luchando con las consecuencias de las protestas de octubre de 2019, especialmente la tensión con las organizaciones políticas indígenas, además de la presión política de las fuerzas reaccionarias tradicionales de Guayaquil y sus líderes como el ex alcalde Jaime Nebot y el banquero corporativo Guillermo Lasso.
Esa inestabilidad se ve agravada por el temor que rodea las próximas elecciones generales, programadas para febrero de 2021, y el posible regreso de Rafael Correa a la presidencia. Aunque el mapa electoral actual está envuelto en la niebla de la incertidumbre y no se han forjado alianzas políticas o electorales concretas, existe un reconocimiento generalizado de que Correa cuenta con el apoyo de al menos un tercio del electorado. Junto con las divisiones en curso entre las facciones alineadas con el gobierno de Moreno y los opositores, esto hace que su victoria sea más probable si su eventual candidatura es aceptada por el Consejo Nacional Electoral.
Dados estos dramas preexistentes, la crisis del COVID-19 se ha presentado como una espada de doble filo para el régimen de Moreno. Por un lado, ha dado un pretexto para «acelerar» el proceso legal contra Correa y bloquear su potencial candidatura presidencial, así como para perpetuar una represión severa contra las comunidades de la clase trabajadora bajo el pretexto de la cuarentena. Sin embargo, esta crisis al mismo tiempo, ha obligado al régimen de Moreno a enfrentar sus mayores fracasos, deficiencias y un legado de casi tres años de políticas neoliberales impulsadas por el FMI.
Un régimen neoliberal en crisis
En la megápolis costera de Guayaquil, la evidencia visual de la pandemia se parece más a las secuelas de una zona de guerra o a las escenas de una película de desastres naturales. Cientos de muertos envueltos en bolsas para cadáveres (o posiblemente bolsas de basura) llenan camiones enteros mientras entregan su carga mortal a las morgues que ya están llenas de muertos.
Incluso, las cifras oficiales que rastrean el número de infectados comenzaron a demostrar una imagen más precisa de la catástrofe, con el número total de infectados y muertos que ya superó la barrera de los 10.000 y 500, respectivamente. Mientras que otras fuentes privadas han indicado números mucho más altos, con más de 7.000 cadáveres registrados solo en la provincia de Guayaquil en las últimas dos semanas.
Los tres años del Gobierno neoliberal de Moreno han dejado una marca visible en la estructura del estado de bienestar y los proyectos sociales iniciados y desarrollados durante la Revolución Ciudadana. En los diez años de la administración anterior, el sector de la salud recibió la máxima prioridad, junto con la educación y los programas sociales. De hecho, el nivel total de gasto público en salud aumentó de 1.81 % del PIB en 2007 a 4.21 % en 2016. Esto dio lugar a una serie de logros impresionantes: el número total de médicos aumentó de 16 por cada 10 mil personas en 2009 a 20.5 en 2016; el número total de camas de emergencia se elevó de 473 en 2006 a 2.535 en 2018; y las camas estándar de 19.945 a 24.359 durante el mismo período.
En consecuencia, el proceso se detuvo después del giro del gobierno de Moreno hacia el neoliberalismo y el desmantelamiento gradual del estado de bienestar construido durante esos diez años.
El sector de la salud pública recibió su mayor golpe en marzo de 2019, poco después de la firma del nuevo acuerdo con el FMI. Aproximadamente 10.000 trabajadores del sector público fueron despedidos en preparación para el paquete de reforma del organismo financiero, entre ellos de 2.500 a 3.500 empleados que trabajaban en el sector de la salud. Más importante aún, más de 300 personas que trabajan en el control y tratamiento de pandemias también fueron despedidas casi exactamente un año antes de aparecer el COVID-19.
Aunque el gasto público general en atención médica no se redujo sustancialmente, las estructuras del Estado se ahuecaron con la eliminación de 13 de las 40 instituciones en abril de 2019, así como dos mil millones de dólares en recortes y austeridad a través de la eliminación, privatización y fusión de varias empresas estatales y entidades públicas planificadas originalmente para 2019. Antes de la crisis, en noviembre, Moreno decidió expulsar a más de 400 médicos y personal médico cubanos, al igual que sus homólogos neoliberales en Bolivia y Brasil.
También ha sido reacio a restaurar los lazos diplomáticos con Cuba y a comprar el medicamento antiviral Interferón Alfa-2B, actualmente producido por la nación isleña para luchar contra la propagación de COVID-19. Por lo tanto, con la infraestructura gubernamental severamente debilitada por una técnica de «muerte por mil cortes», el sector de la salud no ha podido hacer frente a la pandemia.
El cambio de liderazgo
Esta degradación del gobierno se refleja en el propio liderazgo de Moreno. Su presidencia se ha vaciado y delegado cada vez más a otros funcionarios de alto rango, principalmente a Otto Sonnenholzner, luego de la desastrosa respuesta del gobierno a las protestas de octubre de 2019 y su decisión de trasladar temporalmente la capital de Quito a Guayaquil. Durante el período de la pandemia, que comenzó a principios de marzo, Moreno limitó severamente sus apariciones públicas y anuncios, mientras que Sonnenholzner tomó el centro del escenario.
En muchos sentidos, Sonnenholzner es el prodigio de la élite económica ecuatoriana. Reemplazando a María Alejandra Vicuña como vicepresidenta en diciembre de 2018, luego de su propia caída del poder por cargos de corrupción, Sonnenholzner fue nominado por primera vez a esta posición por el derechista Partido Social Cristiano (PSC), y luego logró el apoyo del gobernante Alianza País (AP), el partido de izquierda fundado por Rafael Correa y asumido por Moreno y empujado hacia la derecha, y las diversas fuerzas políticas alineadas con el nuevo proyecto neoliberal de Moreno.
Profesor de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica de Guayaquil y previamente consultor en los sectores de construcción, agricultura y comercio, Sonnenholzner (37 años) no tenía afiliación previa con Alianza País ni con ninguno de los partidos políticos tradicionales, por lo que se convirtió en el material humano perfecto para romper la brecha entre Moreno y sus nuevos aliados en Guayaquil.
Uno de los patrocinadores comerciales más visibles de su presidencia ha sido la Asociación de Radiodifusión de Ecuador (ARE) que representa a varios conglomerados de medios privados, aún más después de su éxito al derogar la Ley de Comunicación de la era Correa que buscaba frenar el poder de los medios privados manipulando narrativas e introduciendo más apoyo para los medios públicos y comunitarios. Desde entonces ha actuado como moderador entre el presidente y las élites económicas. Más recientemente, como algunos han señalado, sus apariciones públicas y visitas a trabajadores de la salud y víctimas, se parecen más a una campaña electoral que a la gestión de crisis.
Después de que se aclaró el alcance del brote viral, el régimen no tuvo prisa por implementar un plan de contención, impulsar el sector de la salud o crear nuevos programas sociales para ayudar a los trabajadores ecuatorianos que se quedaron sin trabajo. Más bien, ha elegido la táctica probada de echarle la culpa a la administración de Correa, así como ha iniciado una nueva ronda de reestructuración y reformulación del Estado para implementar nuevas medidas fiscales que en su mayoría apalancaron la crisis en los salarios de los trabajadores clase.
Una vez que se conoció ampliamente el alcance de la infección, tanto Moreno como Sonnenholzner alegaron que los videos e imágenes que circulaban y que mostraban el alcance de la infección mortal y la respuesta represiva del Gobierno eran en realidad el trabajo de «redes en línea» y de centros de troles operados por Correa y sus aliados. El anuncio fue recogido y promovido por varios medios privados y periodistas alineados con el Gobierno, pero ampliamente ridiculizados y criticados en las redes sociales. Esto fue seguido por otra extraña conferencia de prensa de Sonnenholzner, en la que emitió una disculpa pública por el «empeoramiento de la imagen internacional [del Ecuador]», en lugar de la falta de una respuesta inicial del gobierno.
En otra acción ampliamente criticada, la policía procedió a arrestar a un hombre por publicar videos virales criticando a los gobiernos de Moreno y a la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, y repitiendo las acusaciones de que el número real de infectados y fallecidos era mucho mayor. Esto es probablemente una consecuencia del anuncio del gobierno de Moreno de que investigaría la publicación de «noticias falsas» sobre la emergencia actual de COVID19.
Austeridad en los tiempos de coronavirus
Incluso, antes del estallido de COVID-19, Ecuador enfrentó una crisis económica y política debido a la inminente austeridad impuesta por la firma del paquete de deuda de $ 4.2 mil millones con el FMI en febrero de 2019. El gobierno de Moreno no pudo implementar de golpe las «recomendaciones” establecidas por el Fondo, como el levantamiento de los subsidios de combustible y gasolina, debido a las protestas masivas de los movimientos indígenas y sindicales en octubre de 2019.
Además, la creciente pandemia no ha impedido que el gobierno ponga sus obligaciones con las finanzas globales por encima de la salud de sus ciudadanos. El 23 de marzo, el ministro de economía, Richard Martínez, indicó que el Gobierno planeaba pagar $ 324 millones de su deuda actual a los prestamistas internacionales como el medio de «cumplir con sus obligaciones para con los inversores», a pesar de la evidente necesidad de una inversión urgente en Medidas de contención de COVID-19. En un giro irónico, pocos días después, los jefes del FMI y el Banco Mundial abogaron por el alivio de la deuda para las economías emergentes, junto con más de $ 12 mil millones en fondos de emergencia y subvenciones para ayudar a los países que luchan contra la pandemia COVID-19. Considerando cuán estrechamente ha cooperado el Gobierno de Moreno con las autoridades del FMI después de marzo de 2019, es casi imposible que hayan sido ajenos a este acuerdo en los días previos a su anuncio.
Al mismo tiempo, el Gobierno inició la siguiente etapa en lo que llama la «optimización y reducción» del Estado. Lo más importante es que esto significó el anuncio de recortes y austeridad por valor de 1.400 millones de dólares, resultado de la pandemia del coronavirus y del reciente colapso del precio mundial del petróleo. Si bien se supone que la atención médica se ha librado del presupuesto de austeridad, todavía busca apuntar a varios ministros, secretarios, comités y funciones de servicio público prominentes que Correa implementó por primera vez. El Secretario de Juventudes, cinco empresas públicas, cuatro secretarías técnicas y la Agencia de Regulación de Medios Públicos cuentan entre las entidades públicas confirmadas para ser eliminadas o privatizadas.
Esta ronda de austeridad y recortes ha sido acompañada por el anuncio de nuevos impuestos sobre la población activa y las empresas, así como un recorte de 10 % a los salarios de los trabajadores del sector público. También incluyen un impuesto temporal de 5 % sobre las ganancias de las compañías que han ganado más de $ 1 millón, así como un nuevo impuesto progresivo sobre los trabajadores: aquellos que ganen más de $ 500 tendrían que pagar $ 2 adicionales por mes, aumentando todo el camino hasta $ 4.400 por mes para salarios de $ 50.000 y más. Para aquellos que ganan menos de $ 400, Moreno prometió un pago social de $ 60 por dos veces en abril y mayo. El anuncio también fue acompañado por otra acusación falsa dirigida a la administración de Correa, alegando que su administración dejó una deuda pública de $ 65 mil millones e, irónicamente, una solicitud de préstamos adicionales del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial entre otros.
Sindicatos como el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y el Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE) han anunciado que se opondrán a estas medidas.
Conclusión
Tomando todos estos factores juntos, la escalada de la persecución contra Correa es una cobertura mediática evidente para el régimen autoritario confrontado con el alcance de sus propias deficiencias y el no plan a largo plazo de acción política, que no sea detener el regreso de cualquier indicio de un posible nuevo gobierno progresista.
Esto plantea la pregunta de qué hubiera pasado si Correa hubiera estado en el poder durante esta crisis. Y aunque la pandemia del coronavirus es repentina y mortal, no ha sido el único desastre que golpeó a Ecuador en los últimos años. De hecho, la experiencia del país con la serie de terremotos a lo largo de marzo y abril de 2016 mostró que el Gobierno de Rafael Correa era totalmente capaz de movilizar los recursos del Estado y la ayuda internacional para mitigar un desastre repentino a gran escala.
Por ahora, la barbarie del neoliberalismo ha desplazado fuera del país, al que una vez fuera, el vibrante socialismo del siglo XXI. Su regreso dependerá de si las diversas facciones políticas opuestas tanto al régimen de Moreno como a la derecha tradicional pueden construir un movimiento de masas similar al que terminó con el gobierno neoliberal de Lucio Gutiérrez y finalmente allanó el camino para la Revolución Ciudadana y la Asamblea Constituyente de 2007.
Ya sea que el régimen de Moreno tenga éxito o no en mantener el nombre de Correa fuera de la papeleta electoral, su legado de 10 años de progreso y el peso político de millones de ecuatorianos que continúan apoyando el proyecto de la Revolución Ciudadana aún lo hacen a él y a su movimiento el más importante en la vanguardia de la oposición al régimen de Moreno y al neoliberalismo en Ecuador.
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