Educación y constitución, una discusión necesaria

Por Yarela Gómez Sánchez*

Candidata a la Convención Constitucional Pacto Apruebo Dignidad

por el Frente Amplio, Distrito 27, Aysén

Hoy, en nuestro país el acceso a la educación no es igualitario, así lo demuestra la última encuesta CASEN[1]  donde queda en evidencia que más de medio millón de personas son analfabetas; en esta misma línea van los indicadores de personas sin educación media completa, lo que los pone en un escenario social y laboral en una asimetría que puede ser subsanada en función del bienestar y de la movilidad social.

Existen múltiples variables que podrían responder por qué la gente no accede o no finaliza estudios formales, sin embargo, como profesora en un programa de inclusión educativa y voluntaria en nivelación de estudios con fines laborales, identifico una razón principal: las desigualdades estructurales. En la región de Aysén no existe el mismo acceso en zona urbana o rural, no existe el mismo acceso entre hombres y mujeres y, no existe la misma continuidad considerando estos elementos. ¿Qué clase de sociedad construimos entonces sin el derecho efectivo a la Educación? La experiencia en la nivelación de estudios da cuenta que son las mujeres quienes dejan de estudiar, e históricamente, en este proceso son el 80% de la matrícula total; así las cosas, es evidente que la segregación es mayor por género, lo que reviste de importancia garantizar una educación no sexista y no discriminatoria dado que, esta segregación se evidencia también en la población LGBTQ.

La educación es en sí misma desarrollo humano y, a su vez, un derecho humano. Vivimos la educación, porque somos seres sociales que construyen procesos mientras viven, por lo tanto, pensar la educación en sociedad es un compromiso con las nuevas generaciones y su formación. Esta concepción es la base para entender la importancia de discutir la educación que plasmaremos en la nueva constitución. Se vuelve trascendental entender que, a la hora de pensar en educación, en el sistema neoliberal se intentó poner en un mismo nivel, en relevancia y recursos, a la educación pública con la privada y esto es un error (intencionado por los beneficios económicos de unos pocos) que debe resarcirse en la nueva constitución. Hoy, es preciso priorizar la educación pública por sobre la privada porque ésta garantiza el derecho universal a la educación; la educación pública tiene un valor social que la educación privada no, entender esto implica comprender lo nocivo que ha sido para nuestra sociedad el estado subsidiario de la constitución y cómo repercute diariamente en nuestras vidas.

En la Escuela de Nivelación de estudios, Amanda Labarca, de Convergencia Social, trabajamos en educación popular porque entendemos la importancia de construir una sociedad genuinamente educadora para el conjunto de la sociedad y en todas las etapas de la vida. La Nueva Constitución, por lo tanto, debe consagrar la educación como un derecho fundamental garantizado por el estado y debe reconocer en éste la responsabilidad de garantizarlo y protegerlo frente a cualquier circunstancia, así como de su comprensión desde un desborde institucional, una mirada que incluya aprendizaje a lo largo de la vida y que impida el lucro. Las escuelas de nivelación de estudios a través de espacios de educación popular autogestionados se dan porque no existen espacios ministeriales que cumplan esta función replicándose la segregación original que permitió que la persona desertase de la institución luego, además, existe otra segregación al momento de desear retomar o finalizar estudios, ya que cuando alguien desea rendir los exámenes para obtener cuarto medio laboral, la información que entrega el ministerio es solo un temario y de manera autodidacta, quienes han desertado, deben planificar su propio proceso de aprendizaje, autoevaluarse y posteriormente, rendir la evaluación ministerial, lo que es una medida excluyente y sin alcance real para que las personas efectivamente aprueben.

Es fundamental comprender que la Educación es un bien público y un derecho social que tiene como propósito el desarrollo y bienestar de las personas. En esta nueva constitución debe garantizarse el acceso igualitario a la educación sin discriminaciones, para todos los habitantes, además, debe ser una educación laica, inclusiva, gratuita, universal, no sexista y, debe ser entendida -principalmente- como vehículo de las transformaciones sociales y motor garante de la configuración de sociedad que pactaremos en este proceso. Así también, un elemento que ha de incorporarse es la expansión de la educación y entenderla como un proceso de toda la vida, más allá de la educación institucionalizada. * Yarela Gómez Sánchez es profesora de lenguaje y comunicación, forma parte de la Red docente feminista (REDOFEM) Aysén y del Movimiento Aysén Constituyente. Es miembro de Modatima, voluntaria en la Ong Asher y en la escuela de nivelación de estudios Amanda Labarca. Fue representante regional de Aysén a nivel ministerial durante la revolución pingüina.