El amparo institucional a la corrupción

leopoldo lavín

“Corrupción es abuso de poder y violación de la Ley …” Tom Hammerschmidt, personaje de la serie House of Cards, (4 T), el periodista y ex editor de The Herald

Hemos asistido esta semana a dos hechos significativos en lo que denominaremos el campo de la lucha ciudadana y democrática contra la corrupción. Porque además de que “habrá que acostumbrarse a escuchar hablar de ella”, como dijo el Contralor de la República, hay que combatirla con los recursos y medios ciudadanos de una sociedad harta de abusos de poder y de leyes que favorecen a los corruptos y a la delincuencia de la elite.

Hagamos un preámbulo necesario en estos tiempos turbios. Todas las formas de corrupción política son contrarias a la vida democrática y la propia experiencia del régimen posdictadura chileno  demuestra que en un sistema representativo liberal estas prácticas demoledoras de la confianza ciudadana —“vengan de dónde vengan”— apuntan a la responsabilidad de instituciones mal hechas y benefician directamente a la casta política-empresarial. Es decir, a un grupo que se aparta cada vez más de la sociedad, pero que sin embargo se arroga su representación. Donde tanto el discurso de la casta como su actuar y condición de privilegiados  no se condicen con la dura vida cotidiana de los ciudadanos y ciudadanas. Y sucede que, al contrario de lo que afirma un sociólogo inteligente como Alberto Mayol, quien dice que el poder de esta casta o elite política es “ínfimo”, ella detenta enormes recursos para imponer sus leyes fabricadas según sus intereses y contra el sentido común democrático de la gran mayoría de los ciudadanos que ya no se ríe del tema. Al menos que surja una alternativa socio-política democrática y popular que desaloje al bloque neoliberal en su conjunto del poder en el cual está enquistado desde hace 25 años.

La ética política de izquierda y la corrupción

Si un grupo de empresarios financia a un partido y a políticos que posan de “centro izquierda”, como el Partido de los Trabajadores brasileños (PT) o a la Nueva Mayoría chilena gobernante, con aportes ilegales, estamos ante casos de corrupción y de captura de la política que cabe combatir con tanto ahínco como debemos hacerlo con la natural simbiosis entre el poder del dinero y la defensa política de los intereses de los poderosos en las legislaturas: credo y razón de ser las derechas neoliberales y conservadoras.

Esta es una cuestión de ética política fundamental. Las izquierdas anticapitalistas populares y democráticas no aceptan las “reglas del juego” impuestas por las instituciones de regímenes oligárquicos ni el dinero de los poderosos empresarios que a la que larga juegan siempre a favor de ellos y en contra del pueblo ciudadano y trabajador.

Al filósofo francés Alain (seudónimo de Emile Chartier) le gustaba repetir que cuando alguien sostenía que ya no había izquierdas ni derechas, que todo les daba lo mismo a los políticos y a los electores y que las dos actuaban por igual para conquistar y ejercer el poder, quién así hablaba, era siempre un hombre de derecha.

La captura de la política por el empresariado, el financiamiento ilegal de la política o cohecho con el fin de comprar votos o conciencias para fabricar leyes que benefician a poderosos intereses económicos conforman una severa forma de corrupción. Si esto ocurre con los grados de ocultamiento y extensión en el tiempo como ha ocurrido en Chile, es porque las instituciones vigentes han favorecido este tipo de prácticas corruptas. Cabe la pregunta de Tomás Mosciatti a Lagos Weber en CNN: “¿y cuándo  sabremos a quién financió Paulman, Saieh y los otros …”. Por supuesto que no hubo respuesta.

La confabulación del Senado

Así pues, se acaba de franquear otra etapa. 1. Se banalizaron los casos de corrupción al comienzo; 2. se aceptó que la presidenta se informara “por la prensa”; 3. se levantaron candidatos presidenciales salpicados por ella; 4. la casta defendió en bloque a un corrupto como Longueira (el “agente” Insulza no titubeó en quemarse las manos); 5. el fiscal nacional Abbot dice en entrevista a la prensa querer darle “pronto término a las investigaciones”. Así se ha ido tranquilamente preparando las condiciones para dificultar las investigaciones y tender el manto de impunidad sobre actos de corrupción y colusiones empresariales.

Esta semana se fue más lejos aún. Hemos visto la vergonzosa y grotesca maniobra de tentativa de auto blindaje del Senado en la que incluso participaron, pareciera que sin darse cuenta cabal del alcance de la ley mordaza que estaban promulgando, algunos senadores y entre ellos un profesional del periodismo que hoy se nos quiere presentar como un candidato idóneo a presidente de Chile.

El senador Alejandro Gillier declaró que “le habían pasado un gol” al poner él mismo su firma en la represiva norma legal contra las “filtraciones” en las investigaciones penales. Extraño que se lo pasen por el aro a quien por formación profesional debe revisar con lupa las normas legales de sus colegas, muchos de ellos acusados de prácticas corruptas y otros de nepotismo. Y que para revisar los detalles cuenta con la ayuda de sus propios asesores pagados con el erario nacional. Convengamos que la presión grupal por normalizarse, en una institución de privilegiados que dicen “representar a los ciudadanos”, y que hoy está bajo la lupa del escrutinio ciudadano es fuerte y atolondra a los espíritus más avezados. Retomando la sospecha de Mosciatti: ¿sabemos qué dineros financiaron la campaña senatorial de Guillier?

La norma legal represiva del senado, hecha entre gallos y medianoche, demuestra cuán distantes están los senadores del sentir ciudadano. Después de lloriquear durante meses la casta política que ocupa la cámara alta decidió pasar a la ofensiva con el fin obvio de cercenar un derecho democrático fundamental: el derecho ciudadano a estar bien informado y el periodístico a indagar e informar en todo momento acerca de temas pertinentes para el ejercicio del debate público y en defensa del interés general.

Cabe considerar que los ataques a la formación de la conciencia ciudadana han sido arteros y sirviéndose de la institucionalidad política existente. El objetivo de la camarilla que inició el proceso punitivo al ejercicio de la libertad de información (“filtraciones”) contó con el impulso del ministro del Interior Burgos y de otros conspicuos como la ministra de Justicia Javiera Blanco, los senadores Harboe (el de la idea) y el socialista Alfonso de Urresti. El fiscal nacional subrogante Andrés Montes (hijo del senador socialista Carlos Montes) retomó con gusto el propósito de Harboe.

Hubo aquí una confabulación con el fin de aprobar normativas anti democráticas que bajo la apariencia de proteger la investigación penal de las “filtraciones a la prensa” impiden conocer los casos e impulsar el combate contra la corrupción y la comisión de actos ilegales de la propia casta. Estamos frente a un verdadero intento de cover up institucional.

Los delitos de corrupción no deben prescribirse

El segundo caso semanal que sacudió la consciencia ciudadana es el sobreseimiento por la jueza de garantía Ema Tapia de Carlos Ominami, ex senador y ex ministro del presidente concertacionista Patricio Aylwin. Aquí se trata de una legislación vetusta que no sirve para combatir los estragos cívicos de la corrupción de la casta política-empresarial.

Los delitos de corrupción que están siendo investigados son delitos instantáneos, es decir, traídos al presente cuando todos los elementos necesarios para su calificación están reunidos para formalizar. Lo que significa que la prescripción o anulación después de 5 años de cometido el delito o ilícito no ha lugar ya que el tiempo corre —en las legislaciones apropiadas para combatir las prácticas corruptas— cuando los antecedentes esenciales que configuran un delito están reunidos. Es a partir de este momento que corre algún plazo y no cuando se cometió el delito y, por lo mismo, se encubrió.

Nueva Constitución y prácticas corruptas

Al igual que en los caso de violaciones a los Derechos Humanos, los delitos de corrupción política no deben prescribirse. En vez de abrir el camino para elucidar todos los casos de corrupción y facilitar penas severas a los autores de tales delitos de extrema gravedad para lo que ellos mismos llaman “la fe pública”, el senado optó por acallar y amordazar la libertad de información. Razón de más para abolir el senado en la nueva Constitución y para escribir en ella que estos delitos no se prescriben. Habrá que rebajar sustantivamente las dietas y prebendas de los representantes que deberán ser elegidos en una sola asamblea nacional con el sueldo promedio de los chilenos trabajadores. Además, cabe crear mecanismos reales para favorecer —como ya se hace en algunas democracias— la denuncia de la corrupción y garantizar la defensa por le Estado de quienes lo hacen.