El caso de Leonel Retamal: Brutalidad policial de Chile en la mira mundial

 Al joven periodista Leonel Retamal, corresponsal de la cadena HispanTV, Carabineros de Chile (policía militarizada) lo acusa no sólo de agresión, sino también de una imbecilidad extrema, suicida. Y de seguir prosperando la acusación, Carabineros tomaría por imbéciles también a la Fiscalía, los abogados, los jueces, los periodistas, el Gobierno, los organismos de derechos humanos y el público de todo el planeta. He aquí por qué: Retamal, –dice la denuncia–, se abalanzó velozmente –en solitario y en medio de una manifestación estudiantil– sobre un grupo de efectivos de Fuerzas Especiales, para golpear con un «bastón» (léase monópode) al capitán Nelson Bersezio Toro en el pecho…¡tres veces!

El uso de la palabra «bastón» no es casual: equipara un instrumento de trabajo periodístico de material ligero con el garrote que usa la policía. La denuncia es del propio capitán, que incluye unas «fotos» –capturas de video– que impresionaron este viernes 29 a la jueza Ely Cecilia Rothfeld, tanto como para avalar la detención y formalización del periodista en medio de la incredulidad de decenas de colegas, familiares y amigos reunidos en el Centro de Justicia de Santiago.

Repitamos: La denuncia del capitán Bersezio no habla de sacudidas, tirones ni forcejeos durante un arresto. No dice eso. Dice que Retamal, quien usa anteojos, sobrepasó deliberadamente a un pelotón de Fuerzas Especiales (equipados con cascos, corazas, escudos, garrotes y armas de fuego), con el propósito de propinar tres certeros golpes en el pecho del oficial, sin que éste, ni sus subordinados alcanzaran a reaccionar.

Si esto es cierto, quiere decir en primer lugar que el capitán Bersezio Toro no tiene siquiera los reflejos más básicos, y que sus hombres no están entrenados. ¿Y cuál fue el daño que habría producido este Bruce Lee del siglo XXI? Las sujeciones de una cámara GoPro, que el capitán avaluó en 30 mil pesos (46 dólares). Una suma ridícula, pero que –como veremos más adelante– no es porque sí.

O sea, Retamal con un monópode rompió a golpes sujeciones presumiblemente de material textil o plástico, pero no la cámara, que es lo más frágil y prominente en el pecho de estos sujetos, y por tanto lo más fácil de destruir. Todo indica que en el proceso aparecerán unas huinchas rotas, o algún anillo plástico quebrado como «evidencia», porque sería bastante más riesgoso destruir una cámara de 500 dólares sólo para joder a Leonel Retamal, con la certeza de que después en el proceso se demuestre el montaje, como ha ocurrido ya varias veces y en casos mucho más complejos.

Que es lo que seguramente ocurrirá, pues hay testigos y videos –incluido el de la propia policía– que evidencian la farsa. Lo sintomático es que el episodio del arresto había sido precedido por golpes y jalones al camarógrafo de HispanTV, Hugo Fuentes, quien estaba grabando la detención de un joven que tomaba fotografías de la represión (y que le lanzó la cámara a un amigo, quien escapó corriendo).

Como suelen hacerlo, con sus escudos los policías golpearon la cámara y empujaron a Fuentes. En el video de HispanTV, y en el propio video policial, aparece el camarógrafo mostrando sus credenciales y se escucha a un carabinero gritando «no me interesa». Más tarde, los mismos policías se burlarían de Fuentes con frases misóginas como «¡Ay, ella, la prensa..!”

Toda la diligencia judicial fue una película de los Tres Chiflados. La fiscal Ximena Cocca abrió la carpeta y comenzó a balbucear la acusación, delatando así que ni siquiera la había revisado antes de sentarse a acusar penalmente a un ciudadano. Cuando mencionó los 30 mil pesos, la jueza abrió los ojos y le preguntó si esa suma era delito o simple falta. La fiscal pasó entonces varios tensos minutos buscando en el código penal, hasta que fue interrumpida por la jueza, quien había encontrado en su computador que esa suma –los 30 mil– es el mínimo para imputar un delito. Hubo risas en el público.

Más tarde la fiscal encontró la «foto», que impresionó a la jueza más que un video que claramente muestra a Retamal aplastado debajo de un ramillete de cascos verdes.

Habían pasado ya 24 horas desde la detención. El jueves, tras el arresto, el periodista fue conducido a la Tercera comisaría, junto a otros detenidos, la mayoría estudiantes secundarios. El abogado Cristián Cruz se presentó a la comisaría, y allí negaron que estuviese o hubiese estado.

No hay registros tampoco de su paso por el lugar en el libro de partes, pero muchos testigos lo habían visto. Una dirigente de Corpade (Corporación de Padres y Apoderados) le había prestado el teléfono, y el propio Retamal logró enviar una foto del grupo. Pero los carabineros negaban.

Un escolar recién liberado y que había escuchado conversaciones de los policías nos dijo: «al periodista se lo quieren cargar».

Olor a dictadura

Un tufo a dictadura y a desaparecido empezó a inundar las puertas del cuartel, y se activó una búsqueda.

En la sección de prensa internacional de la Secretaría General de Gobierno (donde estamos acreditados como corresponsales extranjeros) manifestaron sorpresa, comprensión y simpatía, pero dejaron claro que nada podían hacer.

Elaboramos una declaración y carta al ministro Marcelo Díaz, que suscribieron todos los organismos gremiales, movimos contactos, la noticia salió en radios y portales, y los estudiantes que iban saliendo nos informaban de la agitación que iba cundiendo entre los Carabineros por «el periodista». Pero nadie pudo decirnos donde estaba preso Retamal, y en qué estado.

Varias horas después, tras una llamada de la Presidencia a la comisaría, y otras averiguaciones informales, más el instinto –clave– de los observadores de derechos humanos, nos enteramos extraoficialmente de que Retamal había sido llevado a «constatar lesiones» y luego trasladado a la décimonovena comisaría de Providencia.

Pero a los abogados, y a la prensa, les seguían negando toda información. Un abogado del Instituto Nacional de Derechos Humanos logró entrevistarse con Retamal en el cuartel, ya en la noche. Y allí comenzó una nueva batalla del absurdo, esta vez para hacerle llegar unos antibióticos que el preso debía tomar para combatir una quemadura infectada.

Más tarde vino un fiscal, quien determinó que debía quedarse detenido toda la noche, para presentarse al día siguiente en el Centro de Justicia, hasta donde llegó esposado y con un chaleco amarillo de «imputado».

Exactamente igual que Miguel Krassnoff dos días antes en un procedimiento judicial, un sanguinario oficial que lleva acumulados 380 años de prisión por sus atrocidades.

Es el reglamento, dirán, pero no se entiende.

El fiscal no identificado que fue al cuartel no vio, no habló, no interrogó a Retamal, no le preguntó qué había pasado. Se basó en la «prueba» del monópode y la versión del capitán, y se hizo así parte del baile de máscaras.

Después se habrá ido probablemente a su casa a cenar y ver tele al lado de la estufa, con su familia. La farsa se había convertido ya en una pequeña tragedia, que todos pensábamos terminaría con lo más lógico y racional: que la jueza descartase las acusaciones absurdas y liberara sin cargos a Retamal.

Pero no: la «foto» sacada de un video en que Retamal tiene el monópode en la mano (aprisionado de ambos brazos por dos robocops) –dijo la jueza Rothfeld con aire de profundo compromiso con la justicia y la ley– «es un argumento muy sólido». Y procedieron a formalizar a Bruce Lee Retamal Muñoz.

Ya a estas alturas, la noticia había dado la vuelta al mundo. Amigos de Europa y América Latina nos contactaron para preguntar por Retamal. Se habían interesado por el caso, además de los medios locales y organismos gremiales y profesionales, la Relatoría de Naciones Unidas para la Libertad de Expresión, Amnesty International y Reporteros Sin Fronteras.

Carabineros de Chile –a través de la conjura mediocre de un obscuro capitán– había logrado, una vez más, poner a Chile y su «democracia plena» en la mirilla mundial. Porque la pregunta es ¿quién manda realmente a Carabineros? ¿Sobre qué doctrina consideran ellos a los estudiantes, periodistas, manifestantes, pobres, flaites o vendedores ambulantes como sus enemigos? ¿Qué hace que cualquier carabinero se considere con derecho a gritonear y abusar de cualquier civil, en cualquier situación?

Gestiones de alto nivel ante la Segegob y el ministerio del Interior en la noche del arresto no lograron mover una sola pieza para sacar a Retamal de su celda. Presumimos que nadie se arriesgaría a pedir una excarcelación basada en la ridiculez del «delito» y encontrarse con un fiscal como Ximena Cocca, o un capitán como Bersezio que sencillamente dice no y buenas noches.

Dirán, seguramente, que eso demuestra que «las instituciones funcionan», y que los poderes del Estado son independientes.

Moraleja

Toda esta historia –una más, en realidad– no es sobre si Retamal pasó frío en la celda de la comisaría. Hay quienes lo pasan peor, en celdas peores, y por muchos años. Es sobre el ejercicio del periodismo, primero, y más allá, sobre la democracia y la libertad.

Si el arresto de un periodista despierta una preocupación internacional y aun así se le somete impunemente a toda clase de maltratos y acusaciones absurdas, ¿qué le espera, por ejemplo, a un estudiante secundario de un barrio popular, o a esa chica de 14 años que detuvieron por venderle cuchuflíes a los manifestantes?

Si un periodista graduado en una universidad importante, con acreditación del Colegio Nacional de Periodistas y del Gobierno es sometido a estos maltratos, ¿qué le espera al comunicador popular de una radio comunitaria? Pía Matta, la presidente de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, nos decía que los periodistas de esas radios ya no van a cubrir las marchas, porque siempre los golpean, maltratan y detienen.

Los periodistas que cubrimos las marchas ya hemos incorporado como normal que seremos golpeados, insultados, amenazados, mojados, que se burlarán de nuestras credenciales de prensa. Que incluso –como nos ocurrió una vez– seremos acusados de «obstrucción a la labor de carabineros» por escondernos del chorro del ‘guanaco’ (carro lanza-aguas) detrás de un árbol. O de «agresión» por protegernos de un bastonazo o de los empujones arbitrarios. Es el maltrato convertido en hábito.

Aquello que hace normal que una ciudad esté llena de vallas por todos lados, que se estacionen buses verdes, guanacos, zorrrillos (carros lanza-gases) en las calles, pelotones de policías con armadura en las esquinas, y que todo eso a nadie le extrañe (salvo a los turistas).

Que para desalojar a niños de un liceo se corte una calle, se movilicen FFEE y unidades de comandos con armas largas y blindajes, y que busquen con perros a los alumnos escondidos en entretechos o pasajes de los colegios.

Los periodistas debemos convertir el juicio contra Retamal en una épica para cambiar las reglas. Que policías furiosos no tengan poderes omnímodos para amedrentar y golpear a quien se les ocurra, incluidos niños, censurar a la prensa, burlarse de sus credenciales. O sea, violar su propio juramento profesional, y con él todos los derechos civiles, todas las leyes y convenios internacionales firmados por Chile.

El capitán Bersezio y el inmenso y desconocido aparato de las FFEE debieran estar cuidando ciudadanos, no persiguiendo niños ni gastando recursos del Estado en manipular –mal, además– los videos para tratar de inculpar a un periodista.

Parece simple, bastaría una orden de la Presidenta o de su ministro del Interior, pero no lo es, porque detrás de este obscuro capitán y su fuerza hay una doctrina institucional jamás derogada o repudiada: la del «enemigo interno», que en algún momento incluye a cualquiera que se tome en serio esto de la democracia.

Ya hubo un Presidente asesinado por eso y hasta ahora nadie ha pedido perdón por el crimen.

Alejandro Kirk

Corresponsal HispanTV Chile