El delirio (per)judicial

Como lo he mencionado ya, la reforma puede no gustarnos. A mí, en lo personal, no me gusta, pero me parece siempre mejor que mantenernos como estábamos.

El delirio (per)judicial

Autor: Sergio Tapia

La reforma judicial ha sido -como era predecible- aprobada. Las críticas que se realizaron hacia ella, muchas de las cuales iban dirigidas a intentar mejorarlas, fueron de forma general, dejadas de lado, ya fuera que ellas vinieran desde los opositores o bien, lo que resulta decepcionante, de sus aliados y apoyadores. A pesar de ello, se trata ya de una nueva época en nuestro sistema jurídico y como tal, de una nueva realidad en el derecho positivo mexicano.

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            Queda claro que debido a la forma en que el poder judicial funciona en la realidad -que no en los libros ni en la ley- esta reforma afectará no sólo a los titulares de los juzgados y tribunales, sino a todo al personal que labora en ellos. A pesar de los intentos de reforma que, con una oposición feroz por parte del PJ, intentó Arturo Zaldívar, los juzgados siguen funcionando como pequeños feudos, en donde el titular tiene un poder casi absoluto sobre la vida interna de su propio juzgado. Habrá, por supuesto, excepciones, como lo dice la máxima sobre las reglas, pero incluso en estas, no es un sistema horizontal el que encontramos en su lugar, sino simplemente a un soberano distinto. Por ello, las y los trabajadores tienen temor; porque saben que la llegada de nuevos jueces les causará problemas inmediatos en sus labores cotidianas y, principalmente, en su estabilidad laboral.

            De la misma forma, veo a muchas personas juzgadoras que se sienten atacadas en su propio esfuerzo. Es verdad que el PJ se cimenta en procesos de nepotismo, amiguismo, tráficos de influencias y favoritismos. Pero también lo es que muchas y muchos (pero ni por asomo la mayoría), lograron colocarse ahí sólo a través de un gigantesco esfuerzo personal, familiar e incluso comunitario. Para ellas y ellos, esta reforma significa un retroceso en su propia carrera y como tal, intentarán combatirla con los mecanismos que tienen a mano.

            Desafortunadamente esto ha llevado a lo que no puedo sino llamar un delirio judicial. El uso de fórmulas vacías más allá de la vida interna de los juzgados, el intento de amplificar los pocos poderes de su feudo, y más importante aún, el intento de usar su poder de interpretación de las leyes en su propio beneficio, bajo el argumento de que la inamovilidad de las cosas, es lo único verdaderamente democrático, han llevado a locuras que rayan entre la irresponsabilidad, y el total abandono de cualquier tipo de coherencia en el trabajo jurisdiccional.

            Debido a ello, hemos escuchado que algunas personas juzgadoras intentaron, en las semanas anteriores, detener la discusión de la reforma judicial en el Congreso, a través de “suspensiones” judiciales. Es decir, jueces que intentaron decirle al Congreso federal investido de facultades constituyentes que discutir un tema, no votarlo ni aprobarlo, sino tan sólo discutirlo era “inconstitucional” y que como tal, un juez cualquiera tenía la facultad de impedirlo mediante un oficio.

            Para hacer una comparación, esto es el equivalente de que una persona que trabajara como gerente en una tienda de autoservicio, le escribiera a los accionistas del grupo empresarial del que esa tienda forma parte, para decirles que por sus poderes de gerente (de una tienda), les negaba a ellos la capacidad de discutir un cambio en la conformación de las acciones de la empresa. Más aún, es como si el jefe del turno de la noche, les escribiera a las oficinas de Wall Street y las bolsas del mundo, para decirles que, en cuanto era un “gerente de facto” en ese horario, utilizaba sus poderes para prohibirles recibir cualquier modificación de las acciones.

            Seamos claros con esto: el amparo, una figura jurídica de suma importancia para nuestro sistema, se construye como un juicio encaminado a evitar los actos de molestia ilegales del gobierno -de cualquier parte del gobierno- hacia los ciudadanos. Para ello, debe establecerse primero, la posibilidad del juez que lo analiza, de involucrarse en el tema, para después observar si existe el acto del que el ciudadano se queja y después, presentar la razón por la cual existe un acto de molestia en ese proceso. Después, se analiza si este acto de molestia es ilegal (no todo acto de molestia lo es) y finalmente, si ese acto de molestia ilegal, dirigido a esa persona y analizado por un juez competente, puede ser combatido por ese medio de forma adecuada.

            En este caso, sin embargo, nos encontramos con que la ley indica explícitamente que no pueden hacerse amparos en contra de reformas constitucionales. Lo ha dicho ya de manera reiterada, la Suprema Corte y los órganos jurisdiccionales, con la posible, pero muy limitada excepción del procedimiento de creación de la norma. Las supuestas suspensiones, sin embargo, iban dirigidas no a la reforma en sí, sino a la discusión, bajo el supuesto de que esa discusión, causaba ya una molestia ilegal en alguien concreto.

            Resulta cuando menos peligroso, que algunas personas juzgadoras -que son conocedoras del derecho en su aspecto técnico- insistan en decir que esto era algo adecuado. Se trata, por supuesto de una mentira, como bien lo saben de inmediato, pero una mentira que tiene por intención trastocar el orden democrático de nuestro país.

            Como lo he mencionado ya, la reforma puede no gustarnos (a mí, en lo personal, no me gusta, pero me parece siempre mejor que mantenernos como estábamos). Pero el combate hacia ella no puede intentarse a través de ilegalidades y marrullerías. Lo digo abiertamente: ese fue el camino que llevó a este apoyo indiscutible fuera del derecho, de la reforma. La cerrazón política de quienes se oponen a reconocer que las cosas no funcionan y con ello, que debemos cambiar desde adentro.

            Por ello, el llamado es a evitar los delirios judiciales. La reforma es ahora una realidad no sólo jurídica, sino política y socialmente legítima. Cualquier intento de atacarla “desde el derecho” (un derecho que no es tal, sino tan sólo un intento de autodefensa política mal encaminada) no hará sino fortalecer lo peor que la reforma puede tener.

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